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Esa frase —no es un ataque, es un patrón— es exactamente la tesis de tres series de ficción europea que llevan años contándonos lo mismo. Una de ellas, precisamente sueca, es literalmente esa noticia rodada dos años antes.

Esto no es una newsletter sobre televisión. Es un artículo sobre por qué la ficción de espionaje ha entendido el conflicto híbrido mejor que buena parte de la literatura académica y casi toda la cobertura periodística: porque ha entendido que el objetivo no es la infraestructura, ni siquiera el voto. Es la capacidad de un país de creerse a sí mismo.

El mapa en tres capas

Un ataque híbrido no ocurre en un sitio. Ocurre en tres, simultáneamente, y cada serie ilumina uno.

• Primera capa: la infraestructura. Cables, protocolos, sistemas de registro electoral, redes eléctricas. Es la capa que sale en los titulares porque es la única que produce un hecho verificable: algo se cayó.

• Segunda capa: las élites. Personas con acceso a decisiones. No hace falta hackear un ministerio si puedes colocar a alguien —o comprometer a alguien— en su gabinete. Es la capa más antigua del espionaje y la que menos ha cambiado.

• Tercera capa: la mirada. La percepción pública. Lo que la ciudadanía cree que ha pasado. Es la única capa que decide el resultado, y es la única en la que el defensor puede hacerse tanto daño como el atacante.

Las tres series son, en ese orden, un manual.

The Undeclared War: el Estado que no puede contar la guerra que libra

Peter Kosminsky pasó años investigando el sector de la ciberseguridad a ambos lados del Atlántico antes de escribir y dirigir esta serie para Channel 4 en 2022. El resultado se sitúa en un Reino Unido de 2024 en vísperas de elecciones generales: una prueba de estrés rutinaria sobre la infraestructura de internet sale mal, y un equipo de analistas del GCHQ descubre que lo que parecía un fallo era la primera fase de un ataque encadenado.

Lo interesante no es la trama técnica —aunque sea la más solvente que se ha rodado sobre análisis de malware, con toda la pedagogía visual que eso exige—. Lo interesante es la pregunta que la serie pone en el centro y que la comunicación pública española no se ha hecho todavía en serio: ¿Cómo se defiende una democracia de un ataque que no puede reconocer que está sufriendo?

Reconocerlo implica admitir vulnerabilidad, dar información al adversario sobre qué has detectado y qué no, y —esto es lo decisivo— abrir la puerta a que cualquier resultado electoral posterior quede bajo sospecha. No reconocerlo implica que la ciudadanía se entere por otras vías, peores, y concluya que el Estado le ha mentido. Kosminsky lo formula sin adornos: cómo se gana una guerra que la mayoría del público no sabe que se está librando.

En la serie, la respuesta institucional oscila entre el silencio técnico y la tentación de responder con la misma moneda. Ninguna de las dos funciona. Y hay un detalle que conviene subrayar porque es el más incómodo: la manipulación del censo no busca invertir el resultado de manera espectacular, sino desactivar la inscripción de electores musulmanes y afrodescendientes. El ataque no inventa una fractura. Explota una que ya estaba.

8 meses: cuando el vector es el gabinete de prensa

Aquí está la serie más útil de las tres para cualquiera que trabaje en comunicación política. 8 meses —Doktrinen en su título original sueco, que dice mucho más— se estrenó en Suecia en noviembre de 2024, adapta la novela de Magnus Montelius y está en Filmin desde mayo del año pasado. Seis episodios.

La premisa: Nina Wedén, periodista que encadena contratos precarios, consigue la exclusiva que hunde al ministro de Asuntos Exteriores. La exclusiva le da prestigio y, sobre todo, le da una oferta: ser secretaria de prensa del nuevo ministro, Jacob Weiss, joven, carismático, con un país entero rendido. Hasta que aparece un hueco de ocho meses sin explicar en su currículum.

El diseño de la operación es lo relevante. No hay un solo hackeo destacado en toda la serie. El vector de entrada no es un servidor: es una filtración bien colocada a una periodista con incentivos profesionales evidentes para publicarla. La filtración es verdadera en la ficción. El escándalo es real. Sin embargo funciona como operación porque quien la entrega decide a quién, cuándo y en qué secuencia.

Eso es lo que la conversación española sobre desinformación sigue sin asimilar: la operación de influencia más eficaz no distribuye mentiras. Distribuye verdades con temporización estratégica y las coloca en el circuito de credibilidad más alto disponible. Un bulo se desmiente. Una exclusiva verificada que llega en el momento exacto para descabezar a un ministerio, no.

Hay una segunda lección, más dura para nuestro gremio: el punto de entrada al Estado no es el sistema de seguridad, es el aparato comunicativo. La dirección de comunicación de un ministerio es el lugar donde convergen el acceso a la decisión, el acceso al relato y el menor nivel de contrainteligencia de todo el edificio. Nadie somete a un gabinete de comunicación al mismo estándar de verificación de seguridad que a un director general. Debería.

Suecia lo sabe mejor que nadie. Creó en 2022 una agencia estatal específica —la Myndigheten för psykologiskt försvar, la Agencia de Defensa Psicológica—, ingresó en la OTAN en 2024 y aun así el lunes tuvo que anunciar que había tenido a oficiales del SVR operando bajo inmunidad diplomática y reclutando dentro de una embajada extranjera en su propia capital.

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The Capture: la tentación defensiva

The Capture es la más veterana de las tres —BBC One, 2019— y la que ha envejecido de la manera más inquietante. Tres temporadas, dieciocho episodios, y una idea que en 2019 parecía ciencia ficción y hoy es un problema de admisibilidad probatoria en tribunales de medio mundo: el metraje de videovigilancia puede fabricarse, sustituirse en tiempo real y presentarse como prueba.

La primera temporada plantea el caso. La segunda amplía el escenario: feeds informativos intervenidos, deepfakes de un diputado en ascenso, tensión entre gobierno y grandes tecnológicas, corrupción en el corazón del sistema mediático británico. La tercera, emitida entre marzo y abril de este año, sitúa la acción doce meses después de que la protagonista destapara el programa emitiendo en directo el deepfake de un ministro. Hay una comisión de investigación sobre su uso ilegal, y ella dirige ahora la unidad antiterrorista con un encargo explícito: recuperar la confianza pública en la videovigilancia mediante un sistema nuevo, bautizado —sin ironía aparente— Operation Veritas.

Lo esencial de The Capture no es el deepfake. Es quién lo usa y con qué justificación. El programa se llama Correction, y no es una operación rusa. Es británica. Se manipulan las grabaciones de videovigilancia para corregir la realidad: para condenar a alguien que los servicios saben culpable pero no pueden probar, para neutralizar a un actor hostil, para sostener una narrativa que se considera necesaria. Cada manipulación individual tiene una justificación defendible. El conjunto destruye la posibilidad misma de que exista una prueba.

Ahí está la aportación decisiva de la serie al debate: el daño mayor en un conflicto híbrido no lo suele causar el ataque. Lo causa la respuesta. Un adversario que inyecta desinformación produce un daño acotado y, en general, reparable. Un Estado que responde construyendo capacidades de manipulación —o simplemente reservándose el derecho de decidir qué imágenes son auténticas— produce un daño estructural: convierte cada verificación oficial en una afirmación política más. Cuando el ciudadano descubre que existe un Correction, ya no hay ninguna imagen que le sirva. Ni las falsas ni las verdaderas. La operación adversaria no necesitaba tanto.

La tercera temporada es la más elocuente de todas: la respuesta institucional al escándalo de la manipulación es otro sistema de cámaras, esta vez llamado Verdad. La tentación defensiva no aprende. Se rebautiza.

Es la asimetría central de todo esto, y la que casi nunca aparece en los informes: el atacante gana si consigues no creer nada. Muchas arquitecturas defensivas están diseñadas, sin saberlo, para entregarle exactamente eso.

Lo que esto dice sobre España

España no tiene una Agencia de Defensa Psicológica, como Suecia. Tiene un Departamento de Seguridad Nacional que produce informes excelentes que casi nadie lee, un CCN-CERT competente y sin voz pública, un marco europeo —el DSA, el código de conducta reforzado— que reparte responsabilidades sin asignar mando, y una conversación política sobre desinformación tan contaminada por la pugna partidista interna que ningún actor puede plantear el problema sin que se lea como munición.

Ese es el estado real de nuestra defensa: no tenemos un problema de capacidades, tenemos un problema de credibilidad del emisor. Cualquier organismo público español que mañana señalara una operación de influencia extranjera sería inmediatamente acusado por media España de estar señalando a la oposición. Esa acusación, previsible y automática, es en sí misma el resultado de una operación que ya funcionó.

Lo hemos visto con Ceuta: la instrumentalización de un flujo migratorio como herramienta de presión sobre la integridad territorial, socios europeos haciendo el juego por interés propio, y sectores internos mezclando el asunto con su pugna doméstica antes de que hubiera datos verificados sobre la mesa. Lo llamativo del episodio no fue la sofisticación del adversario. Fue lo barato que le salió.

Las tres series comparten un diagnóstico: la vulnerabilidad decisiva de una democracia europea en 2026 no es técnica ni militar. Es comunicativa. Es la distancia entre lo que una institución sabe, lo que puede decir y lo que la ciudadanía está dispuesta a creerle. Cada punto que crece esa distancia es capacidad ofensiva regalada.

La ficción lo ha entendido antes porque no tiene que pedir permiso para nombrar al adversario.

Para ver

• The Undeclared War (Channel 4, 2022-2026). Dos temporadas de seis episodios. La primera, escrita y dirigida por Peter Kosminsky; la segunda, con Colin Teevan en el guion y Paul McGuigan en la dirección. En España: Movistar Plus+ y SkyShowtime, ambas temporadas. → La capa de la infraestructura. Para entender por qué un Estado calla lo que le están haciendo.

• 8 meses / Doktrinen (Suecia, 2024). Seis episodios. En España: Filmin. → La capa de las élites. La más útil si trabajas en comunicación política, y la que más se parece a la noticia de esta semana en Suecia.

• The Capture (BBC One, 2019-2026). Tres temporadas, dieciocho episodios. La tercera se estrenó completa en España el pasado 24 de junio. En España: Movistar Plus+. → La capa de la mirada. Empezar por aquí si solo se va a ver una.

A finales de abril, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes publicó un texto sobre gasto en seguridad nacional que contiene una frase sin precedentes en la historia institucional norteamericana: las ciudades «administradas por España» de Ceuta y Melilla están localizadas en territorio marroquí y siguen siendo objeto de la reivindicación de Rabat. El documento no se limita a constatarlo. Respalda los esfuerzos del secretario de Estado, Marco Rubio, por promover un acercamiento diplomático entre Madrid y Rabat sobre el futuro estatus de ambas ciudades. Su autor es Mario Díaz-Balart, vicepresidente del comité, presidente del subcomité que financia la diplomacia estadounidense y uno de los aliados personales más próximos a Rubio en el Congreso.

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No es vinculante. Los informes de asignaciones no legislan: orientan. Marcan al Departamento de Estado qué es prioridad y qué es discutible. Lo que ese párrafo declaró discutible fue la soberanía española sobre dos ciudades de la Unión Europea.

Lo que pasó el jueves

El 30 de julio, decenas de miles de personas entraron en Ceuta. Las autoridades españolas han llegado a hablar de cuarenta y nueve mil en veinticuatro horas; algunos recuentos elevan la cifra a sesenta mil en dos días. La ciudad tiene ochenta y tres mil habitantes. El número de ahogados no ha dejado de crecer desde el jueves y varía según las fuentes entre las dos y las tres decenas largas. El Gobierno desplegó el Ejército, reforzó la Guardia Civil y pactó con Rabat el retorno de los que habían cruzado.

Hay una explicación inmediata, porque es la que manejan Interior y las propias autoridades ceutíes: a principios de julio el Tribunal Supremo confirmó que la ley de extranjería no ampara el rechazo en frontera de quienes son interceptados en el mar, y las redes de tráfico han instrumentalizado esa sentencia. Es verosímil y explica el cuándo. No explica el resto.

Los datos del semestre desmienten la tesis del efecto llamada generalizado. Entre enero y junio de 2026 las llegadas irregulares al conjunto de España cayeron de 17.990 a 12.138 respecto al año anterior. Solo en Ceuta subieron: de 978 a 2.582 entradas por tierra, un 164% más. La presión migratoria descendía en toda España menos justo en el punto donde Marruecos controla el grifo.

Sobre todo está el hecho que ninguna sentencia española puede explicar. Cientos de jóvenes saltaron unas vallas de protección que en ese momento no estaban custodiadas, mientras las fuerzas auxiliares marroquíes encargadas de la seguridad en tierra se retiraban a su paso. Una sentencia del Supremo puede mover a las mafias. No mueve a la gendarmería de un país vecino.

Ocurrió, además, el día en que Mohamed VI celebraba veintisiete años en el trono. Mientras miles de personas se lanzaban al agua en Castillejos, el rey presidía una ceremonia oficial en M'diq, a veinte kilómetros del punto exacto por donde se abrió la frontera.

Washington, en la misma jornada

Mientras se sucedían las entradas por el espigón del Tarajal, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, atribuía la crisis a las políticas «globalistas de extrema izquierda» del Gobierno español y advertía de que España y quienes mantengan esa «filosofía destructiva» deberían rectificar de inmediato «o se arriesgan a su propia desaparición».

Conviene detenerse. Washington no reprochó a un aliado de la OTAN una mala gestión fronteriza: le anunció su desaparición. Lo hizo sobre un contencioso previo perfectamente documentado. El 3 de marzo, después de que Moncloa vetara el uso de las bases de Rota y Morón para la ofensiva contra Irán y se negara a elevar el gasto militar al 5% del PIB, Donald Trump anunció que cortaría todo el comercio con España, a la que calificó de aliado terrible. La migración es el instrumento. Disciplinar a un socio díscolo es el objetivo.

Rabat lo entiende perfectamente. Su apuesta declarada es que el reconocimiento estadounidense de la marroquinidad del Sáhara acabe extendiéndose a Ceuta y Melilla. Para eso necesita una cosa: la prueba visual de que España no puede administrar esos territorios. El 30 de julio se la fabricó.

Europa cobra la factura

La respuesta europea fue inmediata y llegó del lado equivocado. Giorgia Meloni fue la primera en proponer la suspensión del espacio Schengen para España, vinculando la avalancha a la regularización de medio millón de personas aprobada por el Gobierno español. Las ministras finlandesas de Interior y Finanzas, Mari Rantanen y Riikka Purra, secundaron la propuesta: «España ha fracasado completamente en proteger la frontera exterior». La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, pidió estudiar todas las opciones, incluida la suspensión. Suecia exigió reforzar la frontera. Francia endureció los controles en los pasos de Gipuzkoa y Navarra. Ursula von der Leyen calificó las imágenes de «inaceptables», reclamó devoluciones rápidas —pese a la sentencia del Supremo que las limita— y activó a dos comisarios para gestionar la crisis, puenteando a Moncloa.

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Nadie mencionó una agresión contra un Estado miembro. Aquí está el detalle que desnuda la operación. La frontera de Ceuta no es una frontera Schengen ordinaria: España se adhirió al espacio común con un régimen específico para las dos ciudades autónomas, mantiene controles de identidad en cada conexión marítima y aérea con la Península y ejerce, de hecho, como doble filtro de contención para el resto de la Unión. Nada de lo ocurrido el jueves en el Tarajal traslada automáticamente a una sola persona a Milán o a Helsinki. Media Europa amenazó con expulsar a España de un espacio de libre circulación invocando precisamente la frontera sometida al control más estricto de todo el sistema. La prueba de que el marco estaba fabricado antes que el hecho y solo esperaba imágenes que lo justificaran.

El frente interior

Dentro, el reparto de papeles fue igual de revelador. Alberto Núñez Feijóo exigió al Gobierno defender la integridad territorial y habló de crisis de soberanía. Su portavoz, Miguel Tellado, atribuyó la avalancha a la regularización extraordinaria de migrantes. Son dos marcos incompatibles emitidos con horas de diferencia: si hay agresión de un Estado, la regularización es irrelevante; si es efecto llamada, no hay agresión. Santiago Abascal habló de invasión. Carles Puigdemont, de incompetencia y de crisis del acuerdo Schengen. Ninguno nombró a Marruecos.

Eso es más grave que cualquier exceso retórico. La oposición española adoptó íntegro el marco del agresor —España como Estado incapaz de controlar su frontera— sin citarlo una sola vez. Lo hizo mientras sus socios ideológicos en Washington firmaban por escrito que esas dos ciudades están en Marruecos.

Conviene añadir, para no incurrir en el mismo vicio, que tampoco el Gobierno ha nombrado a Marruecos. Moncloa asumió la tesis de las mafias, coordinó las devoluciones con Rabat y evitó cualquier reproche público. Es una decisión defendible —la contención de la frontera sur depende de esa cooperación— y tiene un coste evidente: si nadie en el sistema político español nombra al actor que retiró a sus gendarmes, la versión que se impone en Europa es la del Estado incapaz.

Queda una hipótesis que conviene manejar con cuidado: el viaje de Pedro Sánchez a Argel el 20 de julio, con el que ambos gobiernos dieron por cerrada la crisis abierta en 2022. Es plausible que Rabat leyera el deshielo argelino como un coste que debía facturar. Plausible no es demostrado, y no hay documento que lo sostenga.

La lección

Desestabilizar un país europeo no requiere un ejército. Requiere un vecino con capacidad de abrir un grifo, una potencia amiga con incentivos para redefinir tu mapa, unos socios comunitarios con rédito electoral en no defenderte y una oposición que prefiera el desgaste del Gobierno a la defensa del Estado.

Lo verdaderamente inquietante es que ninguno de esos actores necesita coordinarse con los demás. Basta con que cada uno persiga su interés inmediato para que el resultado agregado sea exactamente el que buscaba quien abrió la frontera. Eso es lo que ocurrió en Ceuta entre el jueves y el viernes. El párrafo que lo autorizaba llevaba tres meses publicado.

Hay cursos políticos que se abren con una incógnita y otros que se abren con una fecha. El que empieza en septiembre de 2026 se abre con las dos. Ahí está su dificultad: nadie sabe cuándo se vota, pero todos actúan como si ya se estuviera votando.

El Congreso cerró en julio con la escena que mejor retrata la legislatura. Dos veces en diez días el Gobierno llevó al Pleno la senda de estabilidad —el trámite previo a los Presupuestos— y dos veces la perdió. La segunda, el 23 de julio: 178 votos en contra frente a 167. PP, Vox, Junts y UPN, juntos. Un partido que aspira a gobernar España, una ultraderecha que quiere entrar en el Gobierno, un independentismo catalán en repliegue y un diputado navarro. No les une un proyecto de país: les une que ninguno es el Gobierno.

Ese bloque suma 176 escaños, la mayoría absoluta, el número exacto que permite tumbar a un presidente y elegir a otro. Lo suma desde hace dos años. En dos años no lo ha intentado ni una sola vez. Se ha usado para bloquear una senda de déficit, para frenar decretos, para dejar sin margen presupuestario a comunidades gobernadas por el propio PP. Nunca para gobernar. Un bloque capaz de derribar un Gobierno y que no lo derriba no es una alternativa en espera: es un veto sin proyecto, y sostenerlo tiene un coste que también se paga en las urnas.

Mientras tanto, los números van por libre. La economía española crece un 2,6%, muy por encima de la media europea; la afiliación está en máximos históricos y el paro baja del 10% por primera vez desde antes de la crisis financiera. En julio, además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló la ley más contestada de la legislatura y desmontó el argumento que la oposición llevaba dos años sosteniendo. Nada de eso se ha traducido en votos. Esa desconexión —el mejor ciclo macroeconómico en dos décadas conviviendo con una legislatura sin cuentas— es el verdadero enigma del curso, y no se explica solo por los tribunales.

Un Gobierno que gobierna sin Presupuestos. Una amnistía que gana en Luxemburgo y se atasca en el Supremo. Un PP que gana todas las elecciones y no despega en ninguna. Una izquierda alternativa sin candidato. Por último, una fecha electoral que nadie controla, porque depende menos del Parlamento que de lo que dicte un tribunal en Madrid y de lo que se vote el 3 de noviembre en Estados Unidos. Esto es lo que está en juego entre septiembre y diciembre.

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Antes de ser un espectáculo de himnos y banderas, el fútbol fue un asunto de fábrica. Nació en la Inglaterra industrial de finales del XIX, en los patios de las escuelas primero y enseguida en las cuencas obreras del norte, donde los equipos crecían pegados a una mina, una acería o un astillero. El domingo era el día libre, y el campo, el lugar donde el obrero que durante la semana no era nadie se convertía en parte de un nosotros que ganaba o perdía con nombre propio. El fútbol no es una distracción que aleja de lo importante: es una de las primeras formas modernas en que las clases populares aprendieron a pertenecer a algo colectivo, a sentirse comunidad sin necesidad de que nadie se lo explicara. Conviene recordarlo antes de mirarlo por encima del hombro.

De aquella raíz viene lo que un siglo después hace el Mundial, a otra escala y más allá de una FIFA siempre turbia. Hay un instante que se repite con precisión de rito: la cámara barre las gradas, encuentra una cara pintada con la bandera, sube al palco donde algún político finge que entiende de fútbol, y baja al campo justo cuando suena el himno. Millones de personas que no se conocen ni se conocerán —que discreparían de todo si se sentaran a hablar— sienten durante noventa minutos que son un solo cuerpo. El Mundial es la maquinaria de producción de identidad nacional más eficaz que ha inventado la modernidad. Es, exactamente por lo mismo, el lugar donde con más claridad se ve que esa identidad no existe del modo en que dice existir.

Esa es la tensión interesante. El fútbol fabrica una nación unívoca al mismo tiempo que expone que las naciones reales están hechas de lealtades que no encajan en el molde. No son dos fenómenos que se contradigan. Son la misma cosa mirada desde sus dos caras.

La selección no refleja la nación: la produce

Conviene deshacer un equívoco cómodo. Solemos hablar de la selección como si expresara algo que ya está ahí —un “carácter español”, una manera de ser que once futbolistas se limitan a poner en escena—. Es al revés. La nación es una comunidad imaginada, un “nosotros” sostenido por gente que nunca coincidirá en la misma habitación pero que se piensa como unidad. La selección es el dispositivo que hace sentir esa abstracción. No la refleja: la produce.

El aparato es sofisticado y está a la vista. El himno funciona como liturgia. La alineación opera como censo simbólico: once nombres que “somos nosotros” frente a los otros once que “son ellos”. Alrededor, una prensa deportiva que no narra partidos sino que escribe, capítulo a capítulo, el relato nacional de la temporada. El caso de “La Roja” es de manual: tras los éxitos de 2008 a 2012 se construyó deliberadamente una marca despolitizada, un españolismo amable y consumible que podía celebrarse sin que nadie tuviera que declararse nada. Una identidad de bajo compromiso ideológico y alta intensidad emocional. Ingeniería fina.

Luego está la camiseta, que en este Mundial merece capítulo aparte. Porque si algo ha desbordado toda previsión en 2026 ha sido su venta. Todo el mundo tiene una: la blanca de España, la verde de México, la amarilla de Colombia, las dos de Argentina que se cruzan por las calles. Las cifras son de vértigo —la camiseta de México superó los cinco millones de unidades y se convirtió en la más vendida de todo el catálogo de Adidas, por delante de Argentina, España o Alemania—, pero lo revelador es lo que hay debajo del dato oficial. Siete de cada diez camisetas de México que circulan por la calle son piratas. El dato asciende al ochenta por ciento en el caso de la camiseta blanca de España. El top manta, las réplicas chinas y tailandesas, el mercado informal que las marcas fingen no ver y los policías municipales hacen el paripé de perseguir para solo incomodar al eslabón más débil —el mantero—, han hecho algo que la industria oficial jamás habría permitido: democratizar la pertenencia. Por veinte euros, cualquiera se pone la nación encima. Ese detalle importa más de lo que parece. La camiseta es el gran igualador emocional del torneo: la lleva quien puede pagar la oficial de cien euros y quien la compró en una manta a la salida del metro, y sobre el cuerpo las dos dicen exactamente lo mismo. El símbolo de pertenencia más potente del planeta se ha vuelto, por la vía informal, casi universal.

Las identidades que no caben en la camiseta

Es entonces cuando lo real interrumpe. Esa nación unívoca que el ritual produce choca cada pocos minutos con identidades que la desbordan. La lealtad al club que compite con la de la selección. La pertenencia regional que no se disuelve al ponerse la roja. El jugador de doble nacionalidad que “elige” —esa palabra, elegir la patria, que debería hacernos pensar más de lo que nos hace—. Los hijos de la migración que encarnan una nación que no siempre los reconoce del todo como suyos —Mariano Rajoy sabe algo de esto—.

Lamine Yamal es aquí el significante perfecto, porque lo condensa entero: producto de un barrio migrante de la periferia —cuyo código postal luce en la cinta del pelo— y a la vez emblema del proyecto nacional, disputado por todos los relatos a la vez —el de la España que se reconoce plural y el de la que preferiría que la grandeza deportiva no viniera de donde viene—. En una sola figura conviven la nación como orgullo y la nación como campo de batalla. La identidad deja de ser un bloque compacto y se revela por lo que de verdad es: un repertorio del que se echa mano según el momento, la grada, el resultado.

La fractura es el combustible, no la avería

El error sería leer esto como una contradicción que descalifica al fútbol —como si el segundo movimiento desmintiera al primero—. No lo desmiente. Lo alimenta. El fútbol vende unidad porque hay fractura. El ritual de pertenencia es tan intenso precisamente porque la pertenencia no está garantizada: si de verdad fuéramos ya, sin fisuras, un solo cuerpo, no necesitaríamos noventa minutos cada dos años para sentirlo. La catarsis del Mundial es proporcional a la grieta que tapa.

Aquí es donde el asunto deja de ser deportivo y pasa a ser político. Si el fútbol es el gran productor de emoción colectiva y pertenencia popular, la pregunta es quién sabe habitar ese territorio y quién lo ha cedido. El periodista Ignacio Pato lo formuló con una honestidad que conviene recoger entera: “Tengo la sensación de que para cierto progresismo el fútbol es un territorio que es una cosa de ‘hombres de derechas’, por decirlo rápido y mal. Y en los últimos años la izquierda no ha encontrado la forma de encarar la emoción y lo popular, y el fútbol es eso”.

Ahí está el nudo. El fútbol es emoción y es lo popular —las dos materias primas de las que está hecha cualquier identidad colectiva movilizable—. Es, además, lo que fue desde su origen en las fábricas: un asunto de clase trabajadora antes que de nadie. Renunciar a él por incomodidad cultural, tratarlo como un terreno ajeno o sospechoso, no es una posición estética: es una renuncia política, y con un punto de amnesia sobre de dónde viene el propio juego. Se abandona el lugar donde millones de personas practican el pertenecer, y ese lugar no se queda vacío. Lo ocupa quien no tiene reparos en hacerlo.

Lo que el fútbol sabe de nosotros

Al final, el Mundial es el mejor laboratorio disponible para observar en qué se han convertido las identidades colectivas. No han desaparecido, como se anunció durante décadas. Se han vuelto performativas, situacionales, negociables: se activan ante la pantalla y se matizan al día siguiente; se sienten como esencia y funcionan como elección. La camiseta parece decir que somos uno —y ahora, además, que cualquiera puede serlo por veinte euros—. Los once cuerpos que la visten —de dónde vienen, qué lenguas hablaron primero, qué banderas se cuelan en la grada que los anima— cuentan la verdad más interesante: que la patria, vista de cerca, siempre está hecha de piezas que no terminan de encajar. Quizá sea eso, y no su contrario, lo que la mantiene viva.

Hay una idea que lleva una década sobrevolando la estrategia de la izquierda española: que las elecciones se ganan en el centro, disputando al adversario el votante moderado que oscila. Los datos de 40dB de intención de voto de julio de 2026 apuntan en otra dirección. La frontera decisiva no está en el centro, sino en el sofá en el que se quedan los que se abstienen. Una desmovilización que, a día de hoy, es mayoritariamente de izquierdas.

Lo que sigue es un diagnóstico a partir del barómetro de 2.000 entrevistas. No es una encuesta de titular —el clásico «quién gana»— sino una radiografía de la estructura del voto: fidelidades, certezas, permeabilidades y fugas. Pero los números, por sí solos, solo describen. Lo que importa es por qué el voto se comporta así, y qué dice eso de la posición estructural de cada bloque.

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Durante siete años, Juan Manuel Moreno Bonilla construyó un producto político de marca: el conservador amable, el gestor sin aristas, el hombre que había domesticado a la derecha andaluza y la había hecho electoralmente hegemónica en el que fuera feudo histórico del socialismo. El acuerdo firmado el 2 de julio de 2026, que le renueva en la Presidencia de la Junta a cambio de entregar una Vicepresidencia a Vox, no es un accidente de recorrido: es la demolición controlada de esa marca. Una decisión estratégica con perdedores identificables y no como el desenlace inevitable de una aritmética adversa.

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La coartada aritmética no se sostiene

El primer marco que hay que desmontar es el de la fatalidad. Moreno Bonilla se ha refugiado en la «gobernabilidad» y en no «someter a Andalucía a un bloqueo», pero los números desmienten la épica del mal menor. El PP se quedó a dos escaños de la absoluta el 17-M: 53 diputados frente a los 55 que marcan la mayoría. No necesitaba una coalición, necesitaba dos votos. Y Vox —que apenas creció un escaño y un 0,14% respecto a 2022— tenía capacidad de investidura, no de imposición programática. La diferencia es decisiva. Un partido que aporta la llave de la investidura puede exigir un precio; un partido estancado que solo suma dos votos por encima del umbral no debería, en buena lógica negociadora, arrancar una vicepresidencia con cuatro áreas —Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local—, un senador autonómico y la vicepresidencia de la Mesa del Parlamento.

Que lo haya conseguido muestra algo más incómodo que la debilidad negociadora de Moreno Bonilla: revela que la cesión respondía a una directriz. El propio Moreno Bonilla había tachado la «prioridad nacional» de Vox de eslogan hueco. Su reaparición como cláusula de gobierno —replicando el patrón ya impuesto por Génova en Extremadura, Aragón y Castilla y León— indica que el margen del presidente andaluz para resistir era menor de lo que su autonomía retórica sugería. Moreno Bonilla no perdió una negociación: ejecutó una estrategia de partido que le convenía negar en público.

El «moderado» era un envoltorio, no una convicción

Aquí reside el núcleo del caso. El morenismo se vendió como un centrismo de fondo cuando en realidad era un centrismo de forma. Durante la mayoría absoluta, la moderación era gratis: no dependía de nadie, así que podía permitirse el gesto templado, la foto institucional, el desmarque simbólico de Abascal. La prueba del algodón llega precisamente cuando la moderación cuesta algo.

La lección es que la moderación del PP andaluz nunca fue una barrera ideológica frente a la ultraderecha, sino una gestión de la imagen mientras las circunstancias lo permitían. El «cordón sanitario» que Moreno Bonilla decía encarnar era un activo de marketing, no un principio. Y una moderación que se disuelve en cuanto peligra el cargo no es moderación: es oportunismo con buena iluminación.

Qué se blanquea y qué se lamina

El coste no es abstracto. Entregar una vicepresidencia con Justicia y Administración Local no es una cesión menor de carteras técnicas: coloca palancas administrativas en manos de un partido que ha hecho de la memoria democrática, las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia de género sus dianas predilectas. Aunque esas competencias no figuren nominalmente entre las áreas cedidas, la experiencia de Castilla y León y Aragón enseña que la presencia de Vox en el Ejecutivo condiciona el conjunto de la acción de gobierno, no solo las consejerías que administra. La «prioridad nacional» —que aspira a condicionar el acceso a prestaciones según el origen— deja de ser proclama para instalarse como criterio en la comunidad más poblada de España. El salto de lo simbólico a lo material multiplica su impacto y su capacidad de sentar precedente.

Para la izquierda, el peligro estratégico es doble. El primero, evidente: el retroceso concreto de derechos allí donde Vox administre o influya. El segundo, más sutil: la normalización. Cuando Andalucía se convierte en una comunidad más con coalición PP-Vox, lo excepcional se vuelve rutina, y cada nuevo pacto rebaja el umbral de escándalo del siguiente. El verdadero riesgo no es que la ciudadanía se indigne, sino que se acostumbre.

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El espejismo de la oposición ruidosa

El PSOE andaluz ha reaccionado con el argumentario esperable —«claudicar ante la extorsión de la ultraderecha», «el mismo proyecto político»—, y no le falta razón en el diagnóstico. El análisis exige señalar también la trampa en la que la izquierda puede caer. Por ejemplo, el precedente de Castilla y León en 2022 es aleccionador: la denuncia permanente no impidió la consolidación del gobierno de coalición ni recuperó al electorado perdido. La indignación moviliza a la base propia, pero no reconquista al votante.

Reducir la respuesta a la denuncia moral del blanqueamiento es confundir la higiene con la política. Si la izquierda solo sabe explicar por qué el adversario es reprobable, y no por qué ella es preferible, le entrega a la derecha el monopolio del descontento material.

El pacto que retrata a Feijóo

Si el PP no ha querido —o no ha podido— resistir la presión de Vox teniendo 53 de 55 escaños, cabe preguntarse qué margen le quedaría en un Congreso mucho más fragmentado. Porque Andalucía no es un caso aislado, sino el cierre de un ciclo. Las cuatro citas autonómicas encadenadas desde diciembre —Extremadura, Aragón, Castilla y León y ahora Andalucía— se han saldado de la misma manera: el PP gana, se queda corto, y Vox convierte esa insuficiencia en poder institucional, entrando en el Ejecutivo y marcando el precio de la investidura.

La paradoja es que dos de esas urnas nacieron de la ruptura que el propio Vox provocó en julio de 2024: rompió los gobiernos de coalición, bloqueó presupuestos y forzó elecciones que ha terminado ganando en influencia. La secuencia deja una lección que trasciende Andalucía: cada convocatoria no diluye la dependencia del PP respecto a la ultraderecha, la profundiza. Lo que se ensaya comunidad a comunidad es el guion que Alberto Núñez Feijóo tendría que administrar, sin red y a mayor escala, el día que dependa de Vox para gobernar España.

La pregunta relevante para la izquierda no es si denunciará el pacto, que lo hará. Es si será capaz de convertir esa denuncia en una alternativa creíble antes de que la normalización complete su trabajo.

La noche del 21 de junio, con el recuento colombiano todavía caliente, Javier Milei escribió en X: «La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás». Lo decía para celebrar el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia, pero la frase apuntaba a algo más grande. Dos semanas antes Perú había votado llevar a Palacio a Keiko Fujimori, y un año antes Milei gobernaba ya Argentina, y antes estaba Nayib Bukele convertido en modelo de exportación, y por encima de todo el trumpismo restaurado en Washington haciendo de nodo y de altavoz. La ultraderecha latinoamericana mira el mapa, se reconoce y, sobre todo, se gusta. Por una vez, conviene tomarle la palabra: tiene razón en una cosa. La ola avanza, y Perú y Colombia son dos urnas más que lo confirman.

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Lo que sigue no es, por tanto, la crónica de dos elecciones nacionales sueltas. Es el intento de leer esas dos elecciones como lo que son: dos eslabones de una cadena continental que lleva años tensándose y que en junio ha sumado dos piezas grandes. La pregunta no es si la ola existe —existe, y la lista de nombres lo demuestra—, sino cómo opera, por dónde entra y qué deja a su paso. Entenderlo es la única forma de que la frase de Milei deje algún día de ser cierta.

El repertorio: lo que se repite de Buenos Aires a Bogotá

Antes de bajar a cada caso conviene fijar el patrón, porque es lo que convierte dos noticias separadas en una sola tendencia. La ultraderecha de esta tendencia, dondequiera que gana, trae el mismo repertorio.

Trae un outsider que se vende como ajeno a la casta, casi siempre un empresario que promete gestionar el país como una empresa y al que su falta de oficio político se le presenta como virtud. Trae el punitivismo de espectáculo —cárceles, mano dura, el enemigo interior— como oferta central y no como apéndice. Trae la sospecha sembrada sobre las urnas como póliza de seguro por si se pierde, un guion aprendido de Trump que se despliega antes incluso de conocer el resultado. Trae, esto es lo nuevo, una conciencia de red: ya no se limitan a importar modelos ajenos, se felicitan en directo, se citan entre sí y reconocen un centro común en Washington. El tuit de Milei no es un exabrupto: es una declaración de pertenencia.

Perú y Colombia hablan esa lengua los dos. Lo que cambia entre ellos —y es un matiz que importa, pero un matiz— es por dónde se produjo la invasión bárbara en cada sitio.

Colombia: la ola sustituye a la vieja derecha

En Colombia entró arrasando, y arrasó primero con los suyos. El 21 de junio De la Espriella ganó la segunda vuelta al frente de Defensores de la Patria; el preconteo, ya consolidado, le dio el 49,66% frente al 48,70% de Iván Cepeda, una diferencia de apenas 250.000 votos, menos de un punto, uno de los escrutinios más estrechos que se recuerdan en el país. El 24 de junio el Consejo Nacional Electoral confirmó la fórmula De la Espriella–Restrepo como electa. Un país partido casi exactamente en dos que entrega el poder a la ultraderecha por un puñado de votos.

El dato que de verdad retrata la situación está antes, en primera vuelta, cuando Paloma Valencia —candidata del Centro Democrático, el partido de Uribe— se hundió por debajo del 7%. El uribismo, que durante dos décadas fue el eje de la derecha colombiana, no lo derrotó la izquierda: lo devoró un outsider de su propia casa. De la Espriella —abogado, empresario, triple nacionalidad, bendición pública de Trump— no heredó la maquinaria conservadora. La vació desde fuera y ocupó su lugar.

Esta es la forma colombiana y es la más reveladora: no se sube encima de la derecha tradicional, la liquida y la suplanta. El matiz no es menor para quien hace oposición. La derecha clásica traía anclas —estructura, cuadros, cierto pragmatismo, la moderación que impone tener algo que conservar—. El outsider que la sustituye llega sin ese lastre: más personalista, más volátil, menos previsible. La tendencia no solo desplaza a la izquierda; arrasa también con los diques que la propia derecha conservadora ponía.

Además, llega acompañada. El respaldo de Trump a De la Espriella no fue afinidad difusa, sino intervención explícita —tanto que un grupo de congresistas demócratas denunció por escrito la injerencia en un proceso extranjero—. Esa misma noche Milei remató con su «el león y el tigre rugen en Latinoamérica». La red se reconoció en directo. A la izquierda eso le deja un dilema que aún no resuelve: denunciar la injerencia despierta el nacionalismo defensivo, pero callarla regala al adversario la estampa del aval internacional.

Conviene, eso sí, deshacer un cliché antes de seguir. Es tentador contar esto como las grandes ciudades contra el campo, pero los números dicen otra cosa: Cepeda ganó en buena parte del país —el Pacífico, el Caribe, la Amazonía, Bogotá— y aun así perdió la Presidencia. De la Espriella levantó su mayoría en el interior andino: Antioquia, los Santanderes, los muchos municipios pequeños de la cordillera. No fue la metrópoli contra la periferia: fue una Colombia partida por la mitad donde el interior conservador pesó más. Cepeda casi remonta. No le alcanzó. Ese «casi» es importante, pero no cambia hacia dónde sopla el viento.

Perú: la ultra gana, pero por un suspiro

Perú parece, de lejos, el mismo caso. De cerca enseña dos cosas a la vez, y conviene no quedarse con una sola. El 7 de junio Fujimori ganó la segunda vuelta. Una derecha autoritaria llega al poder, pero el margen obliga a matizar la rotundidad: el resultado oficial de la ONPE fue de 50,12% para Fujimori frente al 49,88% de Roberto Sánchez, apenas veinticuatro centésimas de diferencia. Sánchez no era otra derecha: era el candidato de Juntos por el Perú, heredero del espacio de la izquierda castillista. Dicho de otro modo, la ultraderecha se impuso en Perú, sí, pero a un suspiro de no hacerlo, y frente a la izquierda.

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Lo llamativo, nuevamente, es quién no llegó ni a la papeleta final. Rafael López Aliaga, el empresario y exalcalde de Lima que encarnaba la versión más cruda de la oferta ultra —el «Bukele peruano» de los presos en helicóptero, las tropas extranjeras cazando delincuentes en suelo peruano y los reos enviados al CECOT salvadoreño—, se quedó tercero en primera vuelta por unos miles de votos. Lo frenaron la fragmentación de la derecha, que repartió el voto duro entre varias candidaturas, y el voto rural y andino, que se cuenta el último y que volvió a hacer de dique frente a la ultraderecha limeña.

De ahí se sigue la doble lectura. Por un lado, la ola en Perú es tan honda que pudo permitirse perder a su candidato más extremo y aun así colocar en Palacio a una derecha autoritaria con tres décadas de obstruccionismo a sus espaldas: tiene recambios. Por otro, esa misma derecha solo ganó por veinticuatro centésimas frente a la izquierda, arrasada en Lima pero victoriosa en todo el sur andino. La ola avanza en Perú, pero el terreno donde encalla quedó esa noche más visible que nunca.

Conviene definir bien lo que ganó, porque la precisión es munición. Lo que se impuso en Perú no es fascismo, por más que la palabra gruesa tiente. Fujimori es heredera de un régimen autoritario —el autogolpe del 92, las esterilizaciones forzadas, la condena de su padre por crímenes de lesa humanidad— y su trayectoria en el Congreso ha sido un tratado de obstruccionismo contra Humala, Kuczynski y Vizcarra. Pero el fujimorismo no quiere abolir el pluralismo y refundar el Estado sobre los escombros; quiere vaciar las instituciones desde dentro mientras juega, cuando le conviene, con sus reglas. La etiqueta exacta es autoritarismo competitivo: una derecha iliberal que gana en las urnas y luego erosiona los contrapesos sin romper la fachada. El nuevo Congreso bicameral, donde Fuerza Popular será primera fuerza pero sin mayoría propia, anticipa el método: no el asalto frontal, sino la negociación, las bisagras y el vaciamiento lento.

Donde la ola encalla

Si la tesis fuera solo que la ola es imparable, sobraría escribir. Spoiler: no lo es. En cualquier caso, lo honesto es señalar también por dónde encuentra resistencia, no para consolarse, sino para saber dónde se pelea.

Donde encalla es siempre el mismo sitio: la periferia frente al centro de poder. En Perú fue el voto andino el que dejó a López Aliaga fuera de la segunda vuelta y el que estuvo a veinticuatro centésimas de llevar a la izquierda a Palacio. En Colombia, Cepeda se quedó con el Pacífico, el Caribe, la Amazonía y Bogotá —casi la mitad del país— y perdió por menos de un punto. La ola no cae sobre un terreno uniforme. Cae sobre una fractura territorial que todavía tiene un lado donde la izquierda resiste, y a veces casi gana.

Ese mapa no es casual. La ultraderecha encalla donde sobrevive un tejido comunitario que el mercado no ha disuelto del todo —el sur andino indígena y campesino, el Pacífico afrocolombiano, las economías de subsistencia y de cuidado mutuo— y avanza, en cambio, en el interior empobrecido pero individualizado, donde la promesa de ascenso se ha roto sin que nada la sustituya. Donde el Estado llegó como castigo o no llegó, y donde la inseguridad es una experiencia diaria y no un eslogan, el votante no compra la cárcel como espectáculo: la pide como demanda real que nadie más le ha atendido. La ultraderecha no inventa ese miedo; lo recoge en un terreno que la izquierda y la socialdemocracia llevan dos décadas desalojando. Esta tendencia se produce, en buena medida, por el hueco que otros dejaron.

Esa resistencia enseña dos cosas incómodas. La primera: que resistir no es lo mismo que ganar, y que en los dos países la ola se impuso de todos modos, aunque fuera por un margen mínimo. La segunda, y más urgente: que el terreno donde se está perdiendo tiene nombre. Es el punitivismo. La promesa de mano dura no es un exceso marginal del discurso ultra; es su puerta de entrada al votante de centro y al votante popular asustados por una inseguridad que es real. A ese votante no se le recupera solo con la gramática de los derechos humanos, ni denunciando la crueldad ajena. Hace falta una respuesta de seguridad creíble y propia como servicio público, y, antes que eso, volver a estar presente en los territorios donde el vínculo social se ha roto. Una izquierda que solo gestiona desde arriba y se ausenta de abajo le deja el terreno servido a quien promete orden.

Dos urnas más, y lo que enseñan

Milei tenía razón: la libertad —la suya, la de la motosierra y la cárcel— avanza en América Latina, y Perú y Colombia son dos urnas más que lo confirman. No son dos accidentes nacionales: son dos eslabones de una cadena que va de Buenos Aires a San Salvador y que en junio ha sumado dos piezas grandes.

Tomarle la palabra a Milei no es darle la razón en lo que de verdad importa. La ultraderecha avanza, sí, y por eso conviene leerla con precisión en lugar de lamentarla en bloque. Avanza sustituyendo a la vieja derecha donde puede, como en Colombia. Avanza con recambios donde su candidato más extremo tropieza, como en Perú. Y se atasca, cuando se atasca, en la periferia y en todo lo que no sea la oferta de mano dura: en ambos países ganó por menos de un punto, con la izquierda rozando la victoria. Ahí está el mapa real: no uno que se tiñe entero y sin matices, sino uno que avanza por unas vías y encalla en otras.

Distinguir esas vías —la sustitución de la suplantación, el fascismo del autoritarismo competitivo, el outsider que cae del que gana, la victoria holgada del suspiro— es la condición para disputarle el terreno a la ola en lugar de limitarse a verla subir. La única forma de que «ya no hay vuelta atrás» deje de ser cierto es entender, antes que nadie, por dónde avanza exactamente el agua.

En política, la fecha no es un detalle administrativo: es la primera decisión estratégica de toda la campaña. Antes de que se escriba un solo eslogan, antes de que se cierre una sola lista, el presidente del Gobierno tiene en la mano una palanca que ningún rival le puede arrebatar y que condiciona todo lo demás. El artículo 115 de la Constitución le otorga la facultad exclusiva de disolver las Cortes. Convocar es, literalmente, elegir el terreno de juego.

El terreno importa más de lo que la conversación pública admite. Por ejemplo, un superdomingo de mayo con autonómicas y municipales —ya descartado por el propio presidente del Gobierno— moviliza a un electorado distinto al de unas generales en solitario en pleno agosto. La izquierda suele ganar cuando vota mucha gente y pierde con la abstención. Partiendo de esa premisa, la pregunta de cuándo convocar no es solo una cuestión de oportunidad táctica: es la que decide quién acude a las urnas.

El marco legal acota el tablero. Las últimas generales se celebraron el 23 de julio de 2023, lo que sitúa el límite máximo del mandato en el verano de 2027 —el cálculo más ajustado lo lleva hasta el 21 o 22 de agosto—. Entre hoy y ese límite hay tres ventanas reales, y solo tres. La primera, el otoño de 2026, un adelanto en toda regla. La segunda, el primer trimestre de 2027, con marzo como mes natural, antes del superdomingo autonómico y municipal del 30 de mayo. La tercera, el verano de 2027, ya agotada la legislatura, después de que las urnas regionales hayan hablado.

Ya defendí en estas páginas que el otoño de 2026 era una ventana real para reactivar el resorte de julio de 2023. No obstante, no es la única opción sobre la mesa. Toca medir las tres ventanas entre sí y preguntarse cuál le conviene de verdad al bloque progresista. Elegir mal la fecha no es perder un día: es perder la elección antes de empezarla.

A partir de aquí, el análisis completo de los tres escenarios —ventajas, riesgos y la variable que los decide— es contenido para suscriptores premium de InfoPolítica.

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Hay una cifra en el último Digital News Report que se ha leído como una buena noticia y que es, en realidad, el síntoma más claro de lo que está pasando. La confianza en las noticias sube dos puntos, hasta el 33%. Pero el dato que importa no es ese: es que el 42% de los españoles afirma fiarse solo de las noticias que elige consumir. La confianza, en España, ha dejado de ser un bien general para convertirse en un bien de nicho. Ya no se confía en la prensa; se confía en mi prensa.

Ese desplazamiento —de la confianza institucional a la confianza tribal— es la verdadera clave del informe. La crisis de los intermediarios —que también afecta a la credibilidad de la política o la justicia— se consolida respecto a los medios de comunicación.

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Fuentes: el fin del intermediario único

La televisión cae al 56%, su mínimo histórico desde 2013, cuando alcanzaba el 72%. Las redes sociales escalan al 47%. Los medios online dominan con el 71% y la prensa impresa se desploma al 21%. La visión conformista de esto podrá decir que es, simplemente, digitalización. No lo es.

Lo que se está desmoronando no es un soporte, sino una función: la del intermediario único. Durante el siglo XX, un puñado de cabeceras y dos o tres telediarios decidían qué era noticia para todos. Ese monopolio de la mediación —que tenía costes democráticos evidentes, pero también una virtud: producía una realidad compartida— ha terminado. El informe lo certifica a escala mundial: por primera vez, las plataformas superan a la televisión y a las webs como vía de acceso a la actualidad. El portero ha sido sustituido por el algoritmo, que no selecciona por relevancia pública sino por afinidad individual.

Y aquí aparecen los nuevos intermediarios, más opacos que los anteriores: los chatbots de inteligencia artificial, que duplican su uso como fuente de noticias en un año (del 4% al 8%). La paradoja es cruel. Justo cuando el 74% de los españoles dice temer no distinguir lo verdadero de lo falso —cifra récord y, por primera vez, transversal a todas las clases sociales—, una parte creciente delega esa distinción en un sistema que no rinde cuentas a nadie y que fabrica verosimilitud sin garantizar veracidad. Sustituimos un intermediario imperfecto pero identificable por otro infalsificable en apariencia e irresponsable en la práctica.

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Plataformas: Instagram gana, X se vacía, y cada una es ya una ideología

Instagram se convierte en la primera red para informarse (32%, +14 puntos), por delante de Facebook (31%). WhatsApp se consolida (29%). Y X, la antigua plaza pública de la conversación política, se hunde: un 16% para noticias y apenas un 22% de uso general, la penetración más baja de todas las plataformas analizadas.

El caso de X merece detenimiento, porque desmiente una idea antaño extendida. Durante años se asumió que quien controlara Twitter controlaba la conversación. La deriva de la plataforma bajo la mano de Elon Musk ha demostrado lo contrario: una red puede ganar estridencia política mientras pierde audiencia real. X es hoy más ruidosa y más pequeña; un altavoz para quien ya está dentro, irrelevante para casi todos los demás. Es el primer ejemplo acabado de una trinchera: máxima intensidad, mínimo alcance, —salvo para políticos y periodistas que siguen sobredimensionando su alcance—.

Porque eso es lo que son ya las plataformas: no canales neutros, sino entornos con sesgo sociológico propio. El informe lo confirma con la brecha generacional —los jóvenes se informan en vídeo por TikTok e Instagram, los mayores siguen en Facebook y YouTube—, pero el fenómeno va más allá de la edad. Elegir plataforma es elegir comunidad, y elegir comunidad es, cada vez más, elegir bando. La infraestructura misma del consumo informativo está organizada en compartimentos que rara vez se comunican.

Confianza: el mapa de las trincheras

La radiografía más reveladora es un mapa de trincheras, no una clasificación de calidad, respecto a los medios de comunicación en España. El dato decisivo no está en la columna de quién encabeza, sino en la advertencia que el propio informe repite: las cifras de confianza dependen del color político de quien responde. Una misma cabecera es fiable para la mitad del país e indigna de crédito para la otra mitad. Esto no mide la calidad del periodismo; mide la afiliación del lector. Cuando el juicio sobre un medio se predice mejor por la ideología del encuestado que por el rigor del medio, la confianza ha dejado de ser una evaluación y se ha convertido en una pertenencia.

Hay, sin embargo, una excepción que ilumina todo el cuadro: los diarios regionales y locales lideran la confianza (54%) con la menor desconfianza de la tabla (14%). ¿Por qué? Porque operan por debajo de la línea de fuego de la guerra cultural nacional que emana de Madrid DF. Lo local todavía se percibe, gracias a su proximidad, como servicio, no como bando. Es la prueba, por contraste, de que la desconfianza no nace del periodismo, sino de su politización en el campo de batalla estatal.

Alcance: dos mapas que ya no se solapan

En el consumo offline, Antena 3 manda (40%), seguida de RTVE (30%) y LaSexta (23%). En el online, El País lidera (15%) con elDiario.es pisándole los talones (14%). Dos ecosistemas, dos lógicas.

Aquí está la asimetría que define el momento. La televisión sigue siendo el último medio de masas: llega a todos, atraviesa franjas de edad e ideología, conserva algo del viejo papel de productor de realidad común. Por eso su confianza es relativamente alta y transversal. El resto del sistema, en cambio, ya no juega a las masas: juega a los nichos. Y en el nicho, la regla no es ampliar, sino profundizar; no convencer al indeciso, sino fidelizar al convencido.

La disyuntiva de la izquierda mediática

De aquí se sigue una conclusión que el sector progresista no termina de asumir. En un sistema de trincheras, la neutralidad no se premia: se castiga. El medio que aspira a gustar a todos termina sin gustar a nadie lo suficiente como para que le paguen —y el 9% de españoles que abona por noticias, una cifra estancada año tras año, marca el techo de ese modelo—. Los medios que crecen, los que generan comunidad y suscripción, son los que han asumido una identidad reconocible y han hecho de su nicho una fortaleza.

Esto coloca a la izquierda mediática ante una disyuntiva incómoda. Puede seguir reclamando un periodismo de servicio público, equidistante y dirigido al conjunto —un modelo noble pero que el mercado de la atención ya no sostiene fuera de la televisión—, o puede asumir que su supervivencia pasa por ocupar con claridad la trinchera en la que de hecho ya está, construir comunidad sobre ella y financiarse con la lealtad de quienes se reconocen en su mirada. La derecha mediática hace tiempo que eligió: COPE, OKDiario o el ecosistema digital ultra no fingen neutralidad, y precisamente por eso retienen a los suyos.

La trinchera, para un medio, ya no es una anomalía a corregir: es el terreno donde se juega la viabilidad. Quien tiene un nicho y lo cultiva, sobrevive; quien dispersa su identidad buscando un centro que ya no consume prensa de pago, se desangra.

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El precio de tener razón

Conviene, sin embargo, no celebrar lo que es a la vez un diagnóstico y una derrota. Que la trinchera sea la estrategia racional para cada medio por separado no significa que sea buena para el conjunto. Un sistema informativo fragmentado en comunidades que no se solapan, donde cada cual se fía solo de los suyos y la verdad se vuelve cuestión de bando, es exactamente el caldo de cultivo en el que prospera la desinformación —ese 74% de miedo no es casual— y se erosiona el suelo común sin el cual la deliberación democrática no funciona.

Esa es la tensión que el progresismo no puede esquivar: la misma lógica de nicho que hoy permite sobrevivir a un medio de izquierdas es la que, generalizada, disuelve el espacio compartido que la izquierda necesita para gobernar para la mayoría. Construir la propia trinchera puede ser inevitable. Pero conviene hacerlo sabiendo que cada trinchera que se cava hace un poco más profunda la zanja que separa a un país de sí mismo.

Pervive el interés por la actualidad —un 54% declara seguirla con atención—, pero se encuentra fracturado. Los españoles quieren volver a mirar. La pregunta es si les queda algún sitio desde el que mirar compartiendo elementos comunes en su visión de la realidad.

Hay derrotas que se firman con champán. La que Donald Trump celebró el domingo en Truth Social, el día de su octogésimo cumpleaños, es una de ellas. «¡Que fluya el petróleo!», escribió, autorizando la reapertura del estrecho de Ormuz como quien corta la cinta de una obra propia. Pero conviene leer la letra que el entusiasmo tapa. Lo que Trump presenta como victoria es, en realidad, el acta de defunción de su propia política exterior: la confesión de que tres meses y medio de guerra, miles de muertos y una economía mundial zarandeada han servido para regresar, exactamente, al punto donde estábamos antes de empezar.

Repasemos qué había en vísperas del 28 de febrero, el día en que Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva. Había un estrecho de Ormuz abierto, por el que circulaba la quinta parte del petróleo y el gas del planeta. Y había una promesa iraní de no dotarse de armamento nuclear. Repasemos ahora qué queda sobre la mesa tras el acuerdo preliminar anunciado el domingo: un estrecho que volverá a abrirse y una promesa iraní de no buscar la bomba. Lo mismo. Idéntico. Solo que con miles de cadáveres de por medio, una Guardia Revolucionaria que sale de la guerra más fuerte de lo que entró y una factura que Teherán ya empieza a pasar.

Esto no es una paz. Es un canje en el que una de las partes ha pagado un precio descomunal por recuperar lo que tenía.

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El espejo que Trump no quiere mirar

Lo más revelador no está en lo que el acuerdo contiene, sino en el miedo que delata. Hay algo que el presidente estadounidense no tolera bajo ningún concepto: que se le reproche que el resultado se parece —o es peor— al acuerdo nuclear que Barack Obama firmó con Irán en 2015. Aquel pacto, el JCPOA —Joint Comprehensive Plan of Action o Plan de Acción Integral Conjunto—, limitaba el programa nuclear iraní a cambio de aliviar sanciones, y el Organismo Internacional de la Energía Atómica certificaba que Teherán lo cumplía. Trump lo dinamitó en 2018 calificándolo de «terrible». La consecuencia directa de aquella salida fue que Irán aceleró su enriquecimiento de uranio hasta colocarse, según las estimaciones de la propia Washington, a un paso del umbral militar.

Es decir: Trump rompió un acuerdo que funcionaba, provocó con ello la escalada nuclear que decía querer evitar y ahora libra una guerra para terminar negociando una versión recauchutada de aquello que destruyó. El círculo se cierra sobre sí mismo con una perfección casi didáctica. Quien quiera entender el coste real del trumpismo en política exterior tiene aquí el caso de estudio: la demolición de la diplomacia multilateral no produjo nada mejor, produjo lo mismo a un precio sangriento.

Una guerra con calendario electoral

¿Por qué firmar ahora, y con tanta prisa por anunciarlo? Las fechas hablan solas. El acuerdo se proclama el día del cumpleaños del presidente y a menos de cinco meses de las elecciones de medio mandato de noviembre. El cierre de Ormuz disparó los combustibles y empujó la inflación a su nivel más alto en años; la popularidad de Trump está en mínimos y a los republicanos del Congreso les urgía cortar la hemorragia antes de las urnas. La guerra empezó como demostración de fuerza y termina como gestión de daños domésticos. Cuando una política exterior se subordina al calendario electoral hasta este punto, deja de ser estrategia para convertirse en publicidad.

La publicidad necesita un relato. De ahí la euforia mayúscula en Truth Social, las mayúsculas literales, los signos de exclamación, el «arranquen motores». Pero el relato tiene un problema: al otro lado también se fabrica una victoria. La televisión estatal iraní proclamó que Estados Unidos «se vio obligado a firmar», y la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, presumió de haber arrancado concesiones de última hora. Dos países, dos triunfos incompatibles sobre el mismo papel. Cuando ambos bandos venden la misma firma como su victoria, lo razonable es sospechar que nadie ha ganado y que el documento dice mucho menos de lo que cada uno proclama.

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El bloque occidental, descosido

Hay un detalle que merece más atención de la que está recibiendo: el estado en que esta guerra deja las alianzas de Washington. Israel, el socio que lanzó la ofensiva junto a Estados Unidos, ha quedado al margen de la negociación y respondió bombardeando los suburbios del sur de Beirut el mismo día del anuncio, amenazando con descarrilarlo todo. La reacción de Trump fue arremeter en público contra Netanyahu en términos gruesos. El aliado al que armó se le ha desbocado, y lo único que le queda es insultarlo desde la grada.

Mientras tanto, la mediación que ha hecho posible el acuerdo no ha pasado por Washington ni por Bruselas, sino por Islamabad, con Qatar, Turquía y Egipto de reparto. Y el G-7, reunido en Evian, ha corrido a ofrecerse para levantar sanciones, en el papel de comparsa que ratifica lo ya pactado por otros. El eje diplomático se ha desplazado, y Estados Unidos ya no aparece como quien dirige a sus socios, sino como quien apaga los incendios que él mismo prendió.

Lo que queda

Conviene la prudencia: esto es un acuerdo preliminar. La firma se prevé para el viernes en Suiza, y se abre un plazo de negociación en el que el asunto nuclear, el más espinoso, sigue sin resolverse. Israel ya demostró el domingo que puede dinamitarlo. Nada está cerrado. Pero hay un detalle del memorando que merece destacarse: incluye la retirada de tropas estadounidenses. Quien gana una guerra no suele pactar su propia salida.

La lección de fondo es que la coerción militar llevada al máximo —ultimátums apocalípticos, amenazas de «destrucción total», la advertencia de que «una civilización entera podía desaparecer»— ha rendido el mínimo: volver al casillero de salida con la región igual de inestable y miles de muertos que no volverán. Trump firmará como triunfo la prueba de que su guerra no servía para nada. El trabajo de quien analiza es no aplaudir el champán y leer el acta.

Siete minutos de ovación y, sobre todo, un fenómeno raro en la política española actual: prácticamente todos los grupos parlamentarios salieron del hemiciclo diciendo que el discurso del Papa les había dado la razón. Alberto Núñez Feijóo lo suscribió «de la A a la Z». Patxi López se quedó con el humanismo. Gabriel Rufián lo llamó «correcto» y lo usó para atizar a PP y Vox. Yolanda Díaz subrayó la dignidad del trabajo. EH Bildu y ERC celebraron la defensa de los migrantes. Sumar valoró el mensaje de paz aunque lamentara la ausencia de Gaza. Santiago Abascal, sencillamente, decidió no sentirse aludido por el pasaje sobre migración. Y todos, desde lados opuestos, pudieron sostener honestamente que el Pontífice había hablado para ellos.

No es una casualidad litúrgica. Es una operación comunicativa de primer nivel, y conviene leerla como tal.

El contexto: un parlamento con un orador que necesita ser escuchado

España, junio de 2026. El Congreso lleva una legislatura difícil, por decirlo amablemente, con presupuestos prorrogados, sesiones de control convertidas en concursos de gritos y un clima donde la única regla compartida parece ser no dar la razón al adversario en nada, especialmente, si ese es el Gobierno de coalición. Cualquier orador que sube a esa tribuna ya sabe lo que le espera: una mitad del hemiciclo aplaude por sistema, la otra abuchea por sistema.

En ese escenario aparece León XIV, primer Papa que pronuncia un discurso ante las Cortes Generales. Llega con un problema comunicativo evidente: si toma partido por cualquier facción, se convierte inmediatamente en arma arrojadiza del otro bando; si es demasiado vago, pierde autoridad; si es demasiado concreto en los temas calientes —aborto, eutanasia, migración, derechos LGTBI—, fractura el aplauso; y si renuncia a entrar en materia, la visita queda como ceremonia sin sustancia.

La pregunta estratégica era exacta: cómo decir algo políticamente significativo en un parlamento que ya no escucha contenido, solo bando.

La respuesta del Papa cabe en una sola frase del discurso:

«Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada; la alcanza cuando, además de ser válida en su forma, puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse».

Ahí está toda la operación: situar el debate por encima de las mayorías. No discutir leyes; discutir el criterio con el que se juzgan las leyes. Es un movimiento de tablero, no de pieza.

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El hallazgo: un marco que nadie puede rechazar abiertamente

Lo que ejecuta León XIV es una técnica antigua de la diplomacia eclesiástica, aplicada al detalle: la construcción de un marco indisputable. Toda la pieza descansa en un concepto único —la dignidad inviolable de la persona humana— introducido como axioma irrenunciable en los primeros minutos y desde el cual se derivan después todas las posiciones concretas como si fueran consecuencias lógicas, no opciones ideológicas.

El movimiento es elegante y, conviene decirlo, tiene un sesgo. Una vez que la dignidad humana se acepta como criterio universal —y nadie en un parlamento democrático puede oponerse a eso sin auto-deslegitimarse—, el orador puede colocar bajo ese paraguas afirmaciones que en otro registro serían inmediatamente polémicas.

La defensa frente al aborto se enuncia como «toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia». No es una posición confesional: aparece formalmente como derivación del axioma compartido. La crítica al rearme europeo se introduce como «las armas pueden imponer un silencio temporal; pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera». No es una toma de posición geopolítica: aparece como exigencia ética universal. Y el cuestionamiento de la cultura del descarte se materializa en una pregunta retórica que nadie puede contestar afirmativamente sin parecer monstruoso: «¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo…?».

La técnica funciona porque desplaza el coste retórico de la disputa al adversario. Quien quiera discrepar tiene que hacerlo no contra el contenido envuelto, sino contra el envoltorio universal. Y discrepar del envoltorio —dignidad, vida, paz, bien común— es políticamente carísimo.

Lección comunicativa: el contenido divisivo viaja sin resistencia cuando se envuelve en un marco que ningún actor democrático puede rechazar sin auto-deslegitimarse. Quien controla el marco no necesita ganar el debate; le basta con haber decidido sobre qué se discute.

De la doctrina al patrimonio: legitimarse por pertenencia

Un Papa, por definición, llega con autoridad religiosa. Pero la autoridad religiosa en un parlamento aconfesional es un activo dudoso: puede sumar entre los creyentes y restar entre los laicos. León XIV resuelve el problema con un movimiento: en lugar de invocar la autoridad de Roma, invoca el patrimonio de Salamanca.

Cervantes, Teresa de Ávila, Unamuno, Vitoria, la Escuela de Salamanca. La cita al Quijote sobre la libertad como uno de los dones más preciados. La referencia a Unamuno y la sed de eternidad. El elogio explícito a la tradición jurídica española como contribución universal al pensamiento sobre derechos humanos. Y el reconocimiento, lúcido, de que «la sociedad y la misma Iglesia no siempre estuvieron a la altura de las intuiciones que encontraban eco en su propia tradición cristiana».

Este último gesto es decisivo. Al admitir que la Iglesia falló históricamente en aplicar lo que su mejor pensamiento defendía, León XIV se sitúa fuera del rol de proclamador y dentro del rol de heredero crítico. No habla desde arriba de la tradición española; habla desde dentro de ella, reconociendo sus límites. Esa autoposición desactiva la objeción laicista más obvia —«un cura no tiene nada que enseñarnos en sede parlamentaria»— porque el orador no se presenta como cura, sino como continuador del mismo patrimonio cultural que define la identidad española.

La consecuencia es importante: cuando habla de migrantes en clave de totus orbis salmantino, no está aplicando doctrina católica; está actualizando una tradición jurídica nacional. Cuando habla de límites al poder, no cita encíclicas: cita a Vitoria. Cuando habla de libertad, cita a Cervantes. La doctrina viaja oculta bajo el patrimonio.

Lección comunicativa: la pertenencia precede al argumento. Quien habla desde el patrimonio compartido obtiene una audiencia que no tiene quien habla desde fuera. Antes de convencer a alguien de algo, hay que ganarse el derecho a hablarle.

El espejo distribuido: cada facción ve lo suyo

El patrón de recepción mediática del discurso revela el mecanismo más sofisticado de toda la operación. Llamémoslo espejo distribuido: una pieza que coloca en distintos pasajes contenidos lo suficientemente cargados como para que cada grupo política pueda salir del hemiciclo habiendo escuchado lo que necesitaba escuchar.

La izquierda parlamentaria se llevó las menciones a la dignidad de los migrantes, la crítica al rearme, la advertencia sobre la inteligencia artificial militar, la dignidad del trabajo. La derecha se llevó la defensa de la vida desde la concepción, la familia como fundamento natural, el derecho de los padres a elegir educación, el sigilo sacramental. Los moderados en general se llevaron la apelación a la concordia, la cita al lema europeo In varietate concordia, la advertencia contra la descalificación del adversario. Los nacionalismos periféricos se llevaron el reconocimiento de la diversidad como riqueza. Vox se llevó la reafirmación de la familia tradicional y la libertad religiosa. Sumar se llevó el lenguaje del bien común y la crítica a la cultura del descarte.

Nadie se llevó todo. Nadie se quedó sin nada. Y aquí está lo decisivo: no es que el discurso fuera vago o ambiguo —no lo es; es muy concreto—, sino que está construido por acumulación de gestos específicos dirigidos a distintos públicos, en lugar de por argumentación unificada.

La consecuencia es exactamente la observada. Cada partido pudo apropiarse de su fragmento sin sentir que renunciaba a nada, y la fricción política quedó atomizada. El único modo de no aplaudir era no estar presente —que fue la decisión, en distintos grados, de Podemos y BNG—.

El espejo distribuido tiene, sin embargo, un punto de quiebre. Si una facción intenta apropiarse del orador en bloque, descubre el mecanismo y lo neutraliza. Cuando Feijóo dijo que suscribía el discurso «de la A a la Z», hizo exactamente eso: convirtió un texto pensado para distribuir su recepción en un texto que parecía propiedad del PP. Ese sobreabrazo es un riesgo para el orador y una pista para los demás: el momento en que uno de los actores intenta capitalizar todo el discurso es el momento en que los demás pueden empezar a leerlo como pieza de parte. La Santa Sede conoce el problema; por eso León XIV ha contado con una agenda de encuentros con sindicatos y empresarios, y por eso la presencia en el Bernabéu por la tarde se cuidó de no quedar circunscrita a un solo perfil. La distribución del aplauso necesita gestión continua.

Lección comunicativa: cuando el orador no puede permitirse alinearse, su trabajo no es convencer, sino distribuir interpelaciones. Pero la distribución solo se sostiene si ninguna facción consigue presentarse como destinataria exclusiva.

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Cinco aprendizajes del modelo León XIV

1. Marco indisputable como cimiento. Toda la arquitectura del discurso se sostiene sobre un valor que ningún actor democrático puede rechazar abiertamente —en este caso, la dignidad humana—. Las posiciones concretas se introducen como derivaciones lógicas, no como opciones ideológicas. El terreno común no es retórica de cortesía: es estructura de combate.

2. Envoltorio universal de contenido específico. Las afirmaciones más polémicas viajan envueltas en formulaciones lo suficientemente abstractas para que discrepar de ellas exija discrepar primero del envoltorio. Lo abstracto protege a lo concreto. Quien quiera pelear el contenido, debe primero conceder el marco.

3. Legitimación por patrimonio, no por autoridad. El orador no se presenta desde la autoridad de su institución, sino como continuador crítico de una tradición compartida con el auditorio. Incluso reconoce los fallos históricos de los suyos para situarse a la altura del oyente, no por encima. No basta tener razón; hay que tener sitio.

4. Espejo distribuido. El texto coloca en distintos pasajes interpelaciones específicas a distintas facciones, de manera que cada una pueda apropiarse de un fragmento sin sentirse excluida del conjunto. Cuando todos se ven reflejados, ninguna ausencia individual es legible como rechazo colectivo.

5. Distancia institucional como blindaje. El orador repite a lo largo de la pieza que no pretende imponer, que reconoce la autonomía del orden temporal, que no confunde el plano jurídico con el moral. Ese aviso permanente es lo que le permite hablar de todo sin que se le pueda acusar de injerencia. Decir lo político sin parecer político requiere repetir, una y otra vez, que no se está haciendo política.

El modelo tiene techo: tres vulnerabilidades

Sería deshonesto cerrar esta pieza solo con la admiración técnica. El modelo León XIV tiene tres vulnerabilidades estructurales que conviene marcar antes de que cualquiera intente replicarlo a la ligera.

1. La asimetría sustantiva. El espejo distribuye la recepción, pero no distribuye el contenido. Por debajo del envoltorio universal, las posiciones concretas tienen color: defensa frente al aborto, defensa de la familia natural, defensa de la libertad educativa concertada, ausencia llamativa de cualquier mención a personas LGTBI o a la situación de Gaza. La técnica permite que las posiciones conservadoras viajen sin fricción a través de un parlamento con mayoría legislativa de signo distinto. No es un fenómeno neutro: es una operación con beneficiarios identificables. Y el modelo no es traducible mecánicamente: solo funciona si el orador parte de una posición de no-elegibilidad estructural que le permite hablar sin ser sometido al juicio electoral. Un Papa puede hacerlo; un líder de partido, no.

2. La fecha de caducidad. La universalidad del marco solo se sostiene mientras el orador no se vea forzado a pronunciarse sobre el caso concreto en términos no abstractos. La portavoz de Sumar lo señaló con precisión: el Pontífice no nombró Gaza. Ese silencio es estratégicamente correcto en el corto plazo y políticamente difícil de sostener en el largo. La próxima visita, la próxima entrevista, la próxima crisis obligarán a León XIV a salir del marco y entrar en el caso. El día que lo haga, parte del aplauso distribuido se convertirá en abucheo concentrado.

3. El riesgo de captura. Cuando Feijóo dijo «de la A a la Z», inició un proceso de apropiación —«el Papa es de los nuestros»—. En ese sentido, el discurso corre el riesgo de perder la asimetría que lo hacía funcionar. La distribución del aplauso necesita una gestión posterior tan disciplinada como su construcción previa.

El modelo se puede estudiar, descomponer y aplicar a escalas menores —intervenciones institucionales, comparecencias en momentos críticos, mensajes de figuras supuestamente por encima del juego partidista—, pero no resuelve el problema de fondo de la política democrática: en algún momento hay que decir, por ejemplo, qué se hace con la ley del aborto, no solo qué se piensa sobre la vida. Ningún recurso comunicativo, por elegante que sea, sustituye a la obligación de decidir.

La enseñanza estratégica

En un parlamento donde casi nada se aprueba sin pelea, lograr que casi todo el mundo aplauda durante siete minutos no es un milagro: es ingeniería comunicativa.

León XIV no inventó nada. La técnica del marco indisputable es tan antigua como la propia diplomacia vaticana, y la Iglesia lleva siglos perfeccionando el arte de hablar de política sin reconocer que lo hace. Lo notable no es la novedad, sino la oportunidad: en una España donde el ruido se ha vuelto la única forma de presencia pública, alguien ha recordado que existe otra manera de imponer agenda, una que no consiste en gritar más fuerte ni en sumar más impacto, sino en construir el suelo sobre el que los demás tienen que pisar para responder.

Esa es la enseñanza estratégica del discurso del 8 de junio: el actor que decide desde dónde se discute gana más que el actor que decide qué se dice. Y mientras los grupos parlamentarios siguen discutiendo si el Papa estaba con ellos o contra ellos, conviene recordar lo único que importa desde la comunicación política: durante una hora, el Congreso de los Diputados habló del lenguaje de un orador que no había sido elegido por nadie. Eso, en sí mismo, es ya una lección sobre el poder.

El 6 de junio aterriza en Barajas León XIV, en el primer viaje papal a España desde Benedicto XVI en 2011. La Plaza de Cibeles acogerá el domingo 7 la misa solemne del Corpus Christi, miles de voluntarios despliegan una logística que recuerda a la de la Jornada Mundial de la Juventud y Madrid se prepara para una semana de actos culturales en torno a la visita. Quince años después del último gran acto católico en España, la pregunta no es por qué viene el Papa. Es por qué importa que venga.

La cuestión religiosa ha regresado al centro de la conversación pública no como reliquia, sino como síntoma. Lo que está emergiendo en España y en buena parte de Occidente no es exactamente una «vuelta de lo sagrado», sino una búsqueda de refugio, identidad y sentido tras dos conmociones decisivas —la crisis de 2008 y la pandemia de la COVID-19— que dejaron a una generación entera socializada en la precariedad, la incertidumbre y la intemperie emocional.

La dirección del movimiento es clara, aunque su contenido sea ambiguo. El Barómetro sobre Religión y Creencias en España (BREC 2025) de la Fundación Pluralismo y Convivencia, publicado en noviembre, sitúa en el 31% el porcentaje de jóvenes españoles que cree en alguna fuerza vital. Pero el 61% de los jóvenes de 18 a 24 años se declara ya indiferente, agnóstico o ateo. El Informe España 2025 de la Cátedra Martín Patino habla directamente de «tercera gran oleada de secularización»: el 60% de los jóvenes ya se declara sin religión, frente al 13% del año 2000. La paradoja es exacta. Cae la fe institucional. Crece la demanda de sentido. Y lo que ocupa el hueco no es nada en particular: es de todo un poco. Espiritualidad pop, conversiones puntuales, obsesión con la energía y el destino, sufismo asomando en la música mainstream, una necesidad difusa pero insistente de «creer en algo».

Harris y la religión como respuesta social

Para entender el fenómeno conviene recuperar a Marvin Harris. Su tesis era tan simple como incómoda: las creencias religiosas no flotan por encima de la sociedad como ideas puras, sino que condensan necesidades materiales, tensiones colectivas y estrategias de adaptación. La religión, leída desde el materialismo cultural, no se entiende solo por lo que dice sobre Dios, sino por lo que hace por quienes la necesitan.

Harris vinculó el crecimiento de cultos y fundamentalismos en los años ochenta a la acumulación de frustración y resentimiento provocada por el fracaso de la sociedad industrial avanzada para ofrecer la satisfacción material prometida. Es difícil no leerlo como descripción anticipada del presente. El ciclo abierto en 2008 rompió la expectativa de ascenso social. La pandemia añadió aislamiento, duelo, vulnerabilidad y conciencia de finitud.

El auge espiritual actual no es una anomalía antimoderna: es una respuesta moderna al agotamiento del orden neoliberal.

La pandemia como acelerador, las pantallas como anestesia

La pandemia fue decisiva porque hizo visible lo que las rutinas tapaban. El confinamiento, la suspensión de la vida presencial, el duelo masivo y la experiencia compartida de fragilidad expusieron hasta qué punto la vida contemporánea descansaba sobre vínculos debilitados. Para muchos jóvenes no fue solo una crisis sanitaria: fue una interrupción biográfica en los años formativos.

A esa intemperie se le suma una segunda capa. El Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES) cifra en el 25,5% la proporción de jóvenes de 16 a 29 años que se sienten solos en el momento actual, y revela que casi la mitad (45,7%) llevan más de tres años en esa situación. La hiperconexión digital, lejos de resolver el problema, lo prolonga en bucle: visibilidad sin pertenencia, estímulo sin vínculo, comparación sin consuelo. Las pantallas funcionan como anestesia, no como cura. Y cuando la anestesia deja de hacer efecto, la pregunta religiosa vuelve a hacerse audible.

Lo que ni la técnica ni la política logran proporcionar con eficacia, lo ofrece la religión casi por defecto: lenguaje para el sufrimiento, ritual, idea de destino, promesa de protección, narrativa de sentido. No es casual que en los años posteriores a la pandemia hayan proliferado los discursos sobre interioridad, sanación, propósito y trascendencia. El vacío no desapareció con las restricciones. Se volvió consciente.

Rosalía, Castro y el clima de conversión

Rosalía es el caso más visible de este giro, aunque conviene leerlo con precisión. Lux, lanzado el 7 de noviembre de 2025 y grabado con la London Symphony Orchestra —con la participación del Cor de Cambra del Palau de la Música y de la Escolanía de Montserrat—, no es un álbum católico: es deliberadamente sincrético. La cantante ha repetido en entrevistas que «resuena» con el budismo, el islam, el cristianismo y el hinduismo. «La Yugular» se inspira en Rabia al-Adawiyya, mística sufí del siglo VIII y considerada la primera santa sufí del islam, y toma su título de un versículo del Corán. Hábito de monja en la portada, sufismo en las letras, latín y árabe en los créditos. Lo que vuelve, con Rosalía, no es la institución. Es la pregunta. Y eso es lo relevante: ni siquiera en la cima del éxito y la hipervisibilidad digital basta la promesa secular del reconocimiento. La celebridad no vacuna contra el vacío; en ocasiones lo hace más nítido.

El caso de Ernesto Castro va por otro lado y dice algo distinto. El filósofo de la Autónoma de Madrid, durante años referente del pensamiento crítico joven y declarado ateo, hizo pública su conversión al catolicismo en una carta a León XIV publicada el 26 de mayo, donde reconoce que se bautizó, confirmó y comulgó por primera vez «hace dos semanas» y que la conversión «fue iniciativa de la Virgen de Montserrat». El gesto rompe el supuesto secular de que la religión retrocedería sin remedio en los entornos urbanos, universitarios y formados.

No obstante, que figuras formadas y mediáticas se conviertan no demuestra que la sociedad esté volviendo a la fe. Estos casos visibles conviven con cifras macro inequívocas de secularización creciente —el 60% de los jóvenes sin religión, el 61% de 18 a 24 años en posiciones indiferentes, agnósticas o ateas—. Lo que sí indican es otra cosa: que la búsqueda de sentido aparece también en sectores muy socializados en el escepticismo y que los lenguajes terapéuticos, ideológicos o racionales han dejado de bastar para responder a ciertas experiencias de límite. La fascinación pública con cada conversión mediática dice menos sobre la religión que sobre el vacío del repertorio simbólico disponible.

Del auge evangélico a la espiritualidad de clase

Si Rosalía y Castro expresan la dimensión cultural del fenómeno, el auge evangélico muestra mejor su infraestructura social. Según el Observatorio del Pluralismo Religioso, en 2025 hay 4.763 lugares de culto evangélicos en España, frente a 3.353 en diciembre de 2012: más de 1.400 templos nuevos en poco más de una década. Y, en perspectiva histórica, el salto es aún mayor: en 1992 las iglesias evangélicas registradas eran apenas 529. En tres décadas se han multiplicado por nueve. Cataluña lidera el mapa actual (1.010), seguida de Madrid (855), Andalucía (744) y Comunidad Valenciana (510). Solo en la Comunidad de Madrid se han abierto en torno a trescientos templos evangélicos en los últimos doce años. Las organizaciones evangélicas calculan más de un millón de fieles. Y el factor decisivo es plenamente material: inmigración latinoamericana, inserción barrial, redes de ayuda mutua, comunidad cotidiana, pertenencia en contextos de fragilidad. Donde el Estado del bienestar adelgaza, las congregaciones engordan.

Junto a esa religión popular y comunitaria crece otra cosa muy distinta: una espiritualidad burguesa, estetizada, individualizada y compatible con el consumo cultural. En sectores de clase media y media-alta, lo espiritual opera como compensación elegante para vidas estructuradas por el rendimiento, la autoexplotación y el desgaste psíquico. No siempre impugna el privilegio: a menudo lo sublima. Mindfulness, yoga, retiros, journaling, microdosis, astrología, coaching trascendental.

La diferencia importa políticamente. En sectores populares, la religión es red de apoyo, disciplina compartida y comunidad real. En sectores burgueses, suplemento de alma para biografías saturadas. Dos lógicas distintas, nacidas del mismo clima histórico: el derrumbe de la promesa de que el crecimiento, la meritocracia, la tecnología y el consumo iban a sustituir, sin más, las viejas necesidades de pertenencia y trascendencia.

No vuelve solo Dios

León XIV aterrizará en Madrid el sábado en un país que ya no es mayoritariamente católico, pero que vuelve a tener la religión —y la espiritualidad— en el centro de la conversación pública. La utilidad de Harris está en que permite escapar tanto del triunfalismo religioso como del desprecio secular. El retorno de la fe no demuestra que «Dios ha vuelto», pero tampoco puede despacharse como moda irracional o residuo reaccionario. Lo que está emergiendo es una respuesta social inteligible a un largo ciclo de precarización, hiperconexión sin comunidad, soledad y agotamiento.

Conviene, en cualquier caso, no confundir la visibilidad mediática del fenómeno con su dimensión real. España se seculariza a un ritmo histórico —el 60% de los jóvenes ya no se identifica con ninguna religión—, y lo que retorna no es la fe institucional, sino una demanda difusa de sentido que ocupa el hueco dejado por promesas seculares incumplidas. La derecha cultural celebrará las conversiones mediáticas como prueba de un giro civilizacional; la lectura ecuánime es otra: el repertorio simbólico que dejó la modernidad neoliberal —rendimiento, consumo, autorrealización individual— resulta hoy insuficiente para una generación entera. Que algunas figuras públicas llenen ese hueco con catolicismo no significa que la sociedad lo haga; significa que el hueco existe y que está a la espera de ser llenado por algo.

Por eso la pregunta clave no es por qué vuelve la religión, sino qué ha fallado para que vuelva a resultar atractiva. El auge espiritual posterior a 2008 y a la pandemia habla de fe, pero también del mercado, del trabajo, de las pantallas, de la fragilidad de los vínculos y de la incapacidad del orden contemporáneo para ofrecer sentido además de estímulos. No está regresando simplemente Dios. Está quedando a la vista que la sociedad digital tampoco sabía salvar.

La narrativa fácil dirá que Colombia se polarizó entre la derecha y el petrismo, y que ahora toca esperar al balotaje. Es una lectura cómoda y perezosa. Lo que ocurrió en la primera vuelta no es la confirmación de un eje conocido, sino la sustitución silenciosa de quién ocupa cada polo. Cinco claves para entenderlo.

No ganó la derecha: ganó la ultraderecha

El titular —la derecha lidera— oculta la relevancia de la reconfiguración política en Colombia. La cuestión aquí es de qué derecha estamos hablamos. Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, encabezó con más de 10,3 millones de votos, el 43,74%. Paloma Valencia, la candidata avalada por Álvaro Uribe y el Centro Democrático, se quedó en el 6,9%.

Conviene detenerse en esa desproporción. Un abogado mediático sin estructura territorial y sin partido tradicional sextuplicó al uribismo oficial en el terreno. La franquicia que articuló y disciplinó a la derecha colombiana durante dos décadas quedó reducida a fuerza subordinada, hasta el punto de que Valencia y el Partido Conservador ya han respaldado a De la Espriella para la segunda vuelta.

No es una anécdota local: es un patrón que reconocemos en otras democracias —del Chile de Kast a los Estados Unidos de Trump—, donde un outsider con marca identitaria propia desplaza a la organización partidista de la derecha. O lo que es lo mismo, la ultraderecha sustituyendo a la fuerza conservadora tradicional.

Cepeda ya tocó su techo, y ese es su problema

Iván Cepeda, del Pacto Histórico, obtuvo casi 9,7 millones de votos, el 40,90%. Tomado en frío, es un resultado notable para el oficialismo. Pero el número engaña si no se lee como lo que es: un suelo y un techo casi superpuestos.

El petrismo movilizó prácticamente toda su capacidad disponible y aun así quedó por detrás. Ahí está su problema de cara al 21 de junio: quien ya convocó a casi todos los suyos necesita, para crecer, votos que no controla ni puede movilizar con su propio relato. La segunda vuelta no se le gana a la base; se le gana a los indecisos. Y ahí Cepeda parte con menos margen de crecimiento que su rival.

La aritmética del balotaje inclina, pero no sentencia

La distancia de salida es de 2,84 puntos a favor de De la Espriella. No es definitiva, pero impone la carga de la prueba sobre el oficialismo. Y el bloque que decide no está en un solo lugar: está disperso entre el centro y la derecha. Sergio Fajardo sumó el 4,26%, Claudia López el 0,95% y Paloma Valencia el 6,9%. Tres franjas distintas en temperamento e identidad política, pero unidas por un denominador común: el rechazo al proyecto del actual gobierno.

La diferencia, decisiva, es la naturaleza del voto en cada caso. El voto uribista ya está prácticamente capturado por la vía orgánica: Valencia y el Partido Conservador han respaldado a De la Espriella, y la aversión al petrismo actúa como pegamento ideológico de esa base. Pueden quedar matices —algún sector del uribismo más institucional puede sentirse incómodo con el estilo de De la Espriella—, pero esos 6,9 puntos irán mayoritariamente al mismo casillero.

El voto de Fajardo es otra cosa. Su electorado es mayoritariamente reacio al petrismo, pero también desconfía del estilo de confrontación y de la épica beligerante de De la Espriella. No es un voto que se herede: es un voto que hay que conquistar, y que puede igualmente quedarse en casa. El de Claudia López, más pequeño pero ideológicamente más cohesionado, se mueve en parámetros parecidos.

Sumando el uribismo más o menos asegurado a su electorado base, De la Espriella parte con una ventaja mayor de lo que sugiere el 43,74%. Pero los algo más de cinco puntos de Fajardo y López no se le entregan automáticamente, y ahí es donde se juega realmente la elección. Si Cepeda logra captar a una parte significativa de ese centro desconfiado, y movilizar además a una fracción del electorado abstencionista —42 millones de habilitados, abstención alta en primera vuelta—, la remontada deja de ser matemáticamente improbable. La gran incógnita es la abstención diferencial: puede operar contra el oficialismo si los suyos no se movilizan, pero también contra la ultraderecha si el voto urbano moderado, alarmado por el estilo de De la Espriella, decide acudir a las urnas en lugar de quedarse en casa.

La polarización colombiana tiene mapa

El resultado nacional ajustado esconde dos países que apenas se tocan. El mapa departamental dibuja una Colombia partida en dos por la cordillera: De la Espriella se impone en todo el corazón andino —Antioquia, el Eje Cafetero, el altiplano cundiboyacense, Tolima, Huila, los Santanderes— y se extiende hacia los Llanos orientales. Cepeda gana en las periferias: el Pacífico completo, la práctica totalidad del Caribe, el sur amazónico y la franja fronteriza con Venezuela. Dentro de Antioquia, además, una sorpresa de calado: Cepeda quedó segundo en el departamento y superó a Valencia en Urabá y el Nordeste antioqueño, en la tierra misma de Uribe.

Esto importa más de lo que parece. La polarización afectiva —la que miden las encuestas de antipatía— es real, pero abstracta. Cuando se proyecta sobre el territorio deja de ser un estado de ánimo y se convierte en geografía del poder: una Colombia interior, andina, que se reconoce en el discurso de orden y autoridad de De la Espriella; y una Colombia de costas, selvas y fronteras que respalda mayoritariamente al oficialismo. La división no es nueva en términos generales —es la fractura histórica entre centro y periferias—, pero adquiere ahora una nitidez electoral inusual, y con un matiz que conviene retener: ni siquiera los feudos uribistas garantizan ya las lealtades de antes, como demuestra el avance de Cepeda en Antioquia. Cualquier estrategia de segunda vuelta que ignore este mapa está hablándole a un país que no existe.

El riesgo de fondo no es quién gana, sino si el perdedor lo aceptará

Antes incluso de cerrarse el escrutinio, el petrismo cuestionó el recuento: Cepeda rechazó los resultados preliminares y pidió esperar a las comisiones escrutadoras, y Petro planteó dudas sobre el sistema de conteo. En el polo opuesto, De la Espriella ha alertado a presidentes latinoamericanos y a organismos internacionales ante un eventual desconocimiento de los resultados.

Los dos aspirantes están construyendo, de antemano, el andamiaje retórico para no reconocer una eventual derrota. Es la maniobra previa de quien ya contempla deslegitimar el recuento.

La votación se presentó además como «récord» de participación. Es cierto solo en cifras brutas: hubo más votos absolutos que nunca porque el censo nunca había sido tan grande. Pero la abstención volvió a rondar niveles altos, los habituales en Colombia.

Lo que viene

El 21 de junio decidirá un nombre. Pero el 31 de mayo ya decidió algo estructural: el polo derecho cambió de dueño, el oficialismo enseñó su límite y los dos contendientes empezaron a ensayar el guion de la impugnación antes de saber si la necesitarán. La pregunta que deja esta primera vuelta no es quién, sino qué pasará con el que pierda.

El otoño de 2026 podría convertirse en el momento en que la política española replique el patrón de julio de 2023. La clave no será que el PSOE gane por sí solo, sino que la suma de fuerzas afines recupere la capacidad de formar gobierno. No se trata de una victoria absoluta, sino de que el bloque progresista y el plurinacional vuelvan a sumar en un contexto de máxima tensión judicial y polarización. Ese, y no otro, es el escenario que posibilitaría a Pedro Sánchez mantener la Presidencia del Gobierno.

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El marco democrático frente a la ofensiva de la derecha

El eje del momento es la confrontación entre la defensa del Estado democrático y la voluntad de la derecha de acceder al poder antes del final natural de la legislatura. Mientras PP y Vox compiten por definir su estrategia, una parte significativa del electorado percibe que el objetivo no es gobernar mejor, sino desalojar al gobierno actual por cualquier vía.

Esa percepción se intensifica con la convergencia de procesos judiciales que alcanzan su punto álgido entre mayo y junio de 2026. El juicio a David Sánchez, hermano del presidente, arrancó el 28 de mayo por su contratación en la Diputación de Badajoz. Begoña Gómez ha sido citada por el juez Peinado el 9 de junio en calidad de acusada, antesala de un juicio con jurado popular. Y la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional, en la causa de Plus Ultra, se ha aplazado a petición de su defensa hasta el 17 y 18 de junio. A todo ello se suma la presencia de la UCO en Ferraz. El ciclo eclipsa incluso el juicio del caso Kitchen y desplaza el foco mediático hacia una percepción de asedio judicial que moviliza al electorado progresista. No estamos ante un ciclo electoral ordinario, sino ante una pugna por la continuidad del gobierno.

El progresismo y la percepción de una operación coordinada

Una parte del electorado progresista percibe que existe una operación coordinada para debilitar al Gobierno. No importa tanto la existencia de esa operación, sino lo extendido de esa lectura. Y se alimenta de la simultaneidad de tres frentes: los procesos judiciales de alto impacto contra el entorno del presidente y del PSOE; las estrategias discursivas de PP y Vox para alentar la caída de Sánchez; y las campañas mediáticas que entrelazan corrupción, inestabilidad y «desgaste gubernamental».

Cuando el votante progresista interpreta que no asiste a un ciclo de rendición de cuentas, sino a un «ataque sistémico», su respuesta habitual es la movilización defensiva: se vota para proteger la democracia y las siglas de su partido, no por entusiasmo programático. Además, se dibuja el advenimiento derechista como algo inevitable. Esto último es exactamente el resorte que operó en julio de 2023. Todo ello constituye el activo más subestimado del socialismo, con una particularidad que conviene no pasar por alto: no se activa tanto por la gestión del gobierno, sino por cómo el electorado lee lo que ocurre en los juzgados. Es un resorte que el PSOE no controla y que puede operar a su favor o desactivarse, según el clima de cada momento.

La izquierda: evitar que el voto se pierda

El reto de la izquierda a la izquierda del PSOE no es hoy construir un proyecto de largo recorrido, sino articular una candidatura que evite la fragmentación. La vía más sólida es una candidatura unitaria de la izquierda estatal. Se ha especulado también con un eventual reposicionamiento de Gabriel Rufián como articulador de una plataforma de ámbito estatal.

Conviene ser cauto: ERC ha cerrado por ahora esa puerta con claridad, y los movimientos de Rufián en los últimos meses parecen responder más a una recolocación interna en el independentismo catalán que a un proyecto de confluencia con la izquierda española. Es un escenario que conviene seguir, pero que hoy no pasa de hipótesis.

El objetivo, en cualquier caso, es que el conjunto de ese espacio —Sumar, Podemos y las confluencias territoriales— sume en torno al 11% estatal y, sobre todo, que ese voto no se disperse entre listas incapaces de superar las barreras provinciales. Sin esa coordinación, la izquierda se fragmenta, pierde escaños por el efecto del sistema electoral y el PSOE se queda sin apoyos por su flanco izquierdo. La tarea no es ideológica, sino aritmética.

El PSOE y la línea de flotación

Para que Sánchez pueda seguir gobernando, el PSOE tendría que acercarse de nuevo al entorno del 29-30% de los votos. Ese umbral es crítico por tres razones: mantiene al partido como fuerza imprescindible para cualquier mayoría progresista; reduce el margen del PP, cuyo techo se ha venido moviendo en torno al 31-33%; y le permite negociar la continuidad de un gobierno progresista. Con esa cota, el PSOE no necesita ganar, pero sí ser indispensable. Recuperarlo en el momento en que se reactive la tensión electoral —que existan unas elecciones a la vista— es la primera condición del escenario que aquí se describe.

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El flanco derecho del electorado socialista

Uno de los datos más delicados para la continuidad de Sánchez es la fuga de una parte del electorado socialista hacia la derecha. Distintos sondeos han venido cuantificando ese trasvase en una horquilla significativa. No es un fenómeno menor: en un sistema tan ajustado, esos votos pueden decidir mayorías.

El PSOE puede contener esa fuga apoyándose en un mecanismo ya probado: enmarcar la elección como defensa de la democracia más que como plebiscito de gestión. En 2023, los indecisos que temían un gobierno PP-Vox terminaron movilizándose, y el discurso de estabilidad pesó frente a un bloque de derechas dependiente de la ultraderecha. Que esa fórmula vuelva a funcionar dependerá de si el contexto judicial y mediático refuerza, de nuevo, el reflejo defensivo del electorado progresista.

El freno de Vox

La ultraderecha ya atravesó un estancamiento tras el verano de 2024. El miniciclo electoral autonómico le devolvió protagonismo: sin mayorías absolutas, el PP se vio obligado a pactar con Abascal en las cuatro comunidades. Pero las expectativas de la formación ultraderechista se han visto en parte frustradas. Los pactos autonómicos no han consolidado plenamente su modelo y empiezan a aparecer signos de desgaste.

Los datos más recientes apuntan en esa dirección. Tres factores explican esa inflexión: la fatiga del votante más radical, las disputas internas y la aparición territorial de Se Acabó la Fiesta —que obtiene porcentajes mínimos pero relevantes para erosionar a los de Abascal— le resta voto a Vox por su propio flanco. Si esa tendencia se confirma, el espacio de la ultraderecha podría entrar en una fase de repliegue.

La encrucijada del PP

Alberto Núñez Feijóo se mueve en un dilema de difícil salida. Si disputa a Vox el electorado de la derecha más dura, descuida el centro; si se ancla en el centro, se expone a no movilizar lo suficiente en su bloque. Esa tensión ha venido impidiendo que el PP ensanche su espacio de forma decisiva y consolide una ventaja inequívoca sobre el PSOE. Su dependencia de Vox sigue siendo, además, un lastre para presentar una alternativa de gobierno tranquilizadora ante el votante de centro: cada ejecutivo autonómico pactado con Abascal refuerza precisamente el marco descrito al principio.

El otoño como ventana de oportunidad

El otoño de 2026 no garantiza nada al PSOE y al Gobierno de coalición, pero abre una ventana real si convergen varios factores: la movilización del progresismo ante la percepción de una ofensiva judicial y política; la articulación de una candidatura a la izquierda del PSOE que evite la dispersión del voto; la recuperación socialista hacia el entorno del 29-30%; el freno de Vox y el dilema estratégico del PP.

Si esos factores se alinean, el otoño será la oportunidad de Sánchez para reproducir el escenario de julio de 2023: la vuelta a sumar del bloque progresista y plurinacional que le permita seguir siendo presidente. Si no se alinean, el mismo ciclo judicial que hoy puede movilizar a su electorado podría acabar agotándolo. Esa es la incógnita que el otoño está llamado a despejar.

Queda una última pieza, que excede el calendario de otoño pero lo enmarca. La proyección exterior de Sánchez —su defensa del multilateralismo, su denuncia de la deriva belicista, su apuesta por una posición autónoma frente a Washington— le ha dado en los últimos meses un perfil singular entre los líderes europeos, en sintonía con una opinión pública del sur cada vez más alejada de la lógica atlántica automática. No es un factor que vaya a decidir un resultado electoral, pero sí refuerza el relato de fondo: dentro y fuera, Sánchez se presenta en el mismo lado de la línea, el de la defensa del orden democrático y de derechos. Y en política, cuando el relato interior y el exterior apuntan en la misma dirección, el conjunto resiste mejor los embates.

El 15 de mayo de 2026, mientras la Unión Europea aplazaba dieciséis meses la aplicación de las normas centrales del AI Act y la administración Trump consolidaba el desmontaje del marco regulatorio heredado de Biden, el Vaticano publicó el documento más político sobre IA que ha producido institución alguna en lo que va de década. Magnifica Humanitas no es un texto religioso sobre tecnología. Es un texto político con vocabulario teológico.

El diagnóstico que ningún gobierno hace

El párrafo cinco contiene una de las tesis más incómodas del documento: los principales motores del desarrollo ya no son los Estados, sino “actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superiores a los de muchos gobiernos”. León XIV no nombra a OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Meta, Microsoft, xAI ni ByteDance. No hace falta. Está describiendo el desplazamiento del centro de gravedad del poder geopolítico contemporáneo.

Lo notable no es la observación —Shoshana Zuboff lleva diez años diciéndolo— sino quién la firma. Un Papa diciendo en un documento magisterial que la soberanía efectiva se ha desplazado a corporaciones privadas tiene una densidad política que ningún análisis académico alcanza. Y lo dice precisamente cuando los gobiernos europeos coquetean con la soberanía tecnológica, una expresión que el AI Act ha intentado traducir en normas con resultados muy desiguales —el reciente aplazamiento de su parte más sustantiva es buena prueba—.

La encíclica nombra el problema sin eufemismos. Es más, lo formula con una claridad inusual: “hablar de bien común significa desenmascarar esta nueva asimetría epistémica, económica y política, nombrando los nuevos monopolios de la IA”. Lo que describe es una fase que podríamos llamar post-westfaliana: el poder real está en manos de quien controla las infraestructuras de cómputo, los datos y los modelos fundacionales. El resto, incluidos los Estados, negocia el acceso.

Cuatro tesis que la izquierda institucional europea no termina de articular

1. La IA no es moralmente neutra. Cada sistema técnico lleva inscritas decisiones sobre qué mide, qué ignora, qué optimiza y cómo clasifica a las personas. La fantasía de la herramienta neutral, tan cómoda para la industria a la hora de eludir responsabilidades, queda explícitamente desactivada. Es Ruha Benjamin, Safiya Noble y Virginia Eubanks elevadas a documento pontificio.

2. La “alineación” decidida por pocos es una forma de tecnocracia moral. El párrafo 107 desmonta la coartada del AI safety tal como lo entienden los laboratorios de San Francisco. No basta con hacer una IA “más moral” si esa moral la deciden un puñado de ingenieros formados en las mismas tres universidades estadounidenses. La encíclica lo formula con una contundencia inusual: “No serviría de nada una IA más moral, si esta moral es decidida por unos pocos”. Y reclama “la posibilidad de discutir el código ético que debe ser usado, sometiéndolo a criterios de justicia social compartida”. La pregunta política —¿alineada con quién, decidida por quién, según qué criterios de justicia compartida?— queda formulada con claridad.

3. Existe un colonialismo de datos. El documento habla de territorios “atravesados por una nueva lógica de extracción” de flujos sanitarios, perfiles epidemiológicos, mapas genéticos y datos demográficos. Una crítica explícita al modelo extractivista que las grandes tecnológicas estadounidenses y chinas están desplegando en el Sur global con la complicidad pasiva de organismos internacionales.

4. Hay un trabajo invisible explotado detrás de cada respuesta de un chatbot. El etiquetado de datos, la moderación de contenidos, el entrenamiento de modelos. Habla de jóvenes, “en su mayoría mujeres”, trabajando duro “a cambio de remuneraciones mínimas”. Habla de adolescentes y niños trabajando en condiciones peligrosas en la trituración de materiales de los que se obtienen las tierras raras. Es la cadena material que Kate Crawford documentó en Atlas of AI y que los moderadores kenianos de OpenAI denunciaron en 2023. El Papa lo ha incorporado.

El concepto en circulación: “desarmar la IA”

La metáfora es deliberada. León XIV no habla de regular ni de gobernar, palabras que la industria ha aprendido a digerir. Habla de desarmar, igual que se habla de desarme nuclear. La equivalencia es exacta: hay una carrera armamentística, ya no solo militar sino económica y cognitiva, por el algoritmo más eficaz y el banco de datos más amplio. Y como en la carrera nuclear, el problema no es la tecnología en sí, sino la asimetría de poder que produce y la equivalencia tácita entre capacidad tecnológica y derecho a gobernar.

La encíclica lo dice sin rodeos: “Desarmar quiere decir romper esta equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar. Desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano”.

Lo que la encíclica deja fuera

Hay tres ausencias significativas.

1. La palabra “capitalismo” no aparece como sistema cuestionable. En continuidad con la línea doctrinal de las últimas décadas, el documento habla de “paradigma tecnocrático”, “lógica del lucro”, “estructuras de pecado”, pero se detiene antes del diagnóstico sistémico. La realidad es que conviene identificar el problema no como un capitalismo desviado sino como una fase específica del capitalismo con sus propias leyes de movimiento. La encíclica describe los síntomas con precisión clínica, pero el diagnóstico se queda corto.

2. La cuestión de género se trata de forma mínima. El párrafo 57 dice cosas correctas sobre la desigualdad de las mujeres, pero el documento no entra en las dinámicas estructurales específicas del sector: sesgos de género en los modelos, generación industrial de deepfakes pornográficos no consentidos, automatización de sectores feminizados como cuidados, administración y atención al cliente. Para un texto que ocupa 245 párrafos, es una omisión llamativa.

3. La familia como “unión estable entre un hombre y una mujer” (párrafo 165) y la inclusión del aborto, sin desarrollo ni distinciones, entre las “decisiones gravemente ilícitas” (párrafo 55) introducen una jerarquía de derechos que limita la utilidad del marco para coaliciones políticas amplias. Es un peaje teológico que el documento no elude.

La oportunidad geopolítica europea

Magnifica Humanitas aparece en un momento muy concreto: Estados Unidos ha abandonado buena parte de su ambición regulatoria en IA, China consolida su modelo de integración entre Estado y corporaciones tecnológicas, y la Unión Europea acaba de aplazar dieciséis meses la aplicación de las normas más sustantivas del AI Act, en una rendición regulatoria que es vista como el principio del fin de la ambición europea original.

La encíclica ofrece, sin pretenderlo, un marco discursivo para la posición europea. Cuando León XIV habla de desarmar la IA, de proteger a los menores, de regular las plataformas, de reconocer el trabajo invisible, de someter las armas autónomas al control humano efectivo, está formulando con autoridad moral global lo que la UE intenta defender con autoridad regulatoria limitada.

Para los gobiernos europeos —y especialmente para los progresistas— hay aquí un activo retórico que conviene no desaprovechar. No por instrumentalización cínica, sino porque en el espacio público actual los argumentos morales necesitan emisores reconocibles, y la Iglesia católica sigue siendo uno de los pocos emisores con alcance transnacional capaz de competir con el discurso de Silicon Valley.

Qué significa para el debate español

Tres consecuencias prácticas.

1. Las posiciones críticas con la IA que en España suelen quedar arrinconadas cuentan ahora con un respaldo discursivo de primer nivel. Esto afecta especialmente a debates sobre regulación de plataformas, protección de menores y derechos laborales en la economía digital.

2. El PP y Vox, que en los últimos meses han mostrado una creciente proximidad al marco desregulatorio estadounidense en materia tecnológica, tienen un problema retórico interno. La encíclica del Papa elegido en 2025 desautoriza buena parte del relato tecnooptimista que ambos partidos importan acríticamente.

3. Para la izquierda española hay terreno discursivo. La defensa de la dignidad del trabajo, el destino universal de los bienes aplicado a datos y algoritmos, la crítica al colonialismo digital y la denuncia del trabajo invisible son argumentos que pueden tomarse prestados sin coste teológico.

Una observación final

Lo más interesante de Magnifica Humanitas no es lo que dice un Papa. Es lo que dice una institución con dos mil años de experiencia gestionando autoridad cuando observa el desplazamiento del poder hacia una constelación de corporaciones que apenas tiene dos décadas de existencia.

Esa perspectiva histórica, permite a la Iglesia Católica reconocer patrones que a los actores actuales se les escapan. Que la tecnología no es destino, que las élites tecnológicas no son inevitables, que la historia conoce momentos en los que las sociedades han redirigido el desarrollo tecnológico hacia el bien común. La pregunta es si nuestras democracias todavía son capaces de hacerlo. La encíclica sugiere que sí. La realidad política sugiere que está por ver.

La noche del 17 de mayo dejó dos titulares que merecen leerse juntos. El primero es la pérdida de la mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno, que cae a 53 escaños y queda obligado a pactar con un Vox que sube a 15. El segundo, igual de relevante: Adelante Andalucía ha pasado de dos a ocho escaños, ha cuadruplicado su representación y se ha situado por primera vez por delante de Por Andalucía —la marca conjunta de IU, Sumar y Podemos, que repite sus cinco diputados con un punto y 22.000 votos menos que en 2022—.

El sorpasso es limpio e incómodo para Madrid. Y no se explica solo por los movimientos internos del bloque a la izquierda del PSOE, sino por algo que la política aún no sabe nombrar y que la cultura lleva años contando: España está girando hacia el territorio concreto, hacia el lugar como categoría política, hacia una pertenencia que ya no pasa por la nación ni por la autonomía. Adelante Andalucía es la primera traducción electoral seria de ese giro al sur del Tajo. Son las generaciones que escuchan a La Plazuela, Califato ¾ o Derby Motoreta’s Burrito Kachimba.

Un patrón que ya no admite ser ignorado

El fenómeno tiene serie. Lo vimos con el BNG en Galicia en 2024, con EH Bildu —ojo a lo que pueda pasar en Navarra en 2027—, con la Chunta Aragonesista recuperando aire en un espacio que parecía clausurado. La lógica es siempre la misma: cuando las siglas con sede en Madrid pierden capacidad de movilización, el electorado de izquierdas no se abstiene —al menos, no completamente—, migra hacia lo que percibe como propio del territorio.

La singularidad andaluza es que aquí no hay tradición soberanista comparable. No hay sujeto nacional articulado al modo gallego o vasco, ni formación con décadas de implantación. Lo que hay es una conciencia periférica robusta y la memoria larga de haber sido tratada desde Madrid como granero electoral, no como sujeto político. Adelante Andalucía ha activado esa fibra, y al hacerlo ha desbordado el marco con el que la izquierda estatal piensa el mapa.

El territorio como sustituto del relato

El fenómeno conecta con una corriente cultural que conviene tomarse en serio. En los últimos años, mientras el conflicto territorial clásico se enfriaba —se acabó la épica del procés, se rebajó la temperatura autonómica, los grandes choques institucionales se volvieron rutina—, la sociedad ha girado la mirada hacia otra escala. La identidad local, relegada durante años a lo folclórico, ha vuelto como proyecto vital. Esta sensibilidad no es nacionalista en el sentido clásico. No reclama Estado, ni estatuto, ni ruptura. Reclama algo más difuso y más penetrante: pertenencia. La intuición de que en lo pequeño puede haber futuro, de que la identidad global es cómoda pero vacía, de que el arraigo puede ser contemporáneo. Esa sensibilidad recorre el país de norte a sur.

Adelante Andalucía ha sabido leer este código. Su discurso no es el del nacionalismo clásico ni el del soberanismo de manual: es el de una Andalucía que se cuenta a sí misma sin pedir permiso a Madrid, que asume su periferia como ventaja y no como condena, y que se ofrece como vehículo de una izquierda que no quiere seguir explicándose en los términos del centro. Funciona porque conecta con un estado de ánimo que ya existía antes de la papeleta.

El precio de la izquierda gubernamental

El otro vector del sorpasso es estructural: Adelante Andalucía crece, en buena parte, porque Sumar y el espacio confederal asociado a Yolanda Díaz están en un momento de agotamiento bajo el paraguas gubernamental. Esto último conlleva que la capacidad de impugnación que en su momento mostró el Podemos inicial se ha diluido por completo. Si además lo hace en condiciones de subordinación visible al socio mayoritario, la posibilidad de diferenciarse desaparece.

Adelante Andalucía ha capitalizado esa borrosidad con un perfil de voto muy específico. Los datos del escrutinio apuntan a un rendimiento especialmente fuerte entre el voto joven, incluidos los primeros votantes, que han encontrado en la formación de José Antonio García una opción que ni el PSOE ni Por Andalucía estaban en condiciones de ofrecer. Y, sobre todo, ha activado a un electorado que sencillamente no habría acudido a las urnas si la oferta se hubiera limitado al bloque PSOE-Por Andalucía: votantes que arrastran una desafección de fondo con la política institucional y que durante varios ciclos han optado por la abstención como respuesta racional a una oferta que percibían como que no les interpelaba.

Aquí es donde el fenómeno se vuelve políticamente relevante. Adelante Andalucía ha funcionado como vehículo de impugnación —al menos parcial— de las instituciones y de la política realmente existente, pero desde la izquierda. No desde la antipolítica reaccionaria que canaliza Vox, ni desde el cinismo del descreído permanente, sino desde una posición que reclama otra forma de hacer. Esto importa porque durante los últimos meses parecía ser que el malestar con el sistema solo tenía bandera reaccionaria. Que una formación de izquierdas con anclaje territorial sea capaz de canalizarlo —y de movilizarlo electoralmente— confirma que la inercia era reversible.

El problema para Antonio Maíllo y para el proyecto federal de IU y Sumar se cifra justamente ahí: los cinco escaños salvan el grupo parlamentario, pero no salvan la lectura política. La cuestión es si una izquierda que se piensa desde Madrid y se ejecuta a través de coaliciones gubernamentales tiene aún algo que ofrecer a un electorado que está votando precisamente lo contrario.

Ensanchar el espacio, no repartírselo

La lectura fácil del sorpasso sería la del trasvase interno: un juego de suma cero dentro de un bloque estancado. Pero los números cuentan otra historia. El espacio se ha ensanchado. Adelante no ha crecido solo a costa de Por Andalucía; ha crecido también a costa de la abstención —especialmente entre los más jóvenes— y, marginalmente, a costa del propio PSOE. Hay voto nuevo, voto recuperado y voto que sencillamente no existía como voto progresista hasta ahora.

Esto indica que existe demanda para una izquierda que no se piense en clave gubernamental, que no se subordine a la agenda madrileña y que asuma el territorio como sujeto político en sentido fuerte. Una demanda capaz de movilizar voto nuevo y voto joven —el más volátil y el más decisivo en términos prospectivos—. Y confirma que el patrón que ya operaba en Galicia, Euskadi o Aragón ha llegado al sur, donde nadie lo esperaba con esta nitidez.

La pregunta que abre el 17-M no es, por tanto, qué hará Maíllo con sus cinco diputados. Es otra, más incómoda: ¿qué hace la izquierda estatal cuando descubre que su mejor versión, en este ciclo, es la que se construye sin ella? Andalucía acaba de mostrarlo. Y el ciclo que viene —empezando por las generales que asoman en el horizonte— se va a jugar, en buena medida, en la respuesta a esa pregunta.

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Durante once años, Florentino Pérez construyó su marca pública sobre un principio comunicativo de manual: no hablar. Desde 2015 no concedía una rueda de prensa abierta. Sus apariciones se reservaban a las asambleas de socios compromisarios: un escenario controlado, sin contrapreguntas reales, con discurso medido al milímetro y aplauso garantizado al final. Un mensaje al año. El resto, silencio. Y ese silencio funcionó como signo de autoridad: Pérez no se rebajaba a explicarse porque los resultados explicaban por él.

El martes 12 de mayo de 2026, ese principio saltó por los aires. Temporada en blanco —ni Liga, ni Champions, ni Copa—, peleas internas filtradas, ruidos sobre su salud y oposición orgánica empezando a tener forma y financiación. Convocatoria de urgencia en Valdebebas. Cuando se encendieron las cámaras, Pérez habló: anunció elecciones que nadie le había pedido, atacó a periodistas con nombre y apellido, comparó al Barcelona con el mayor caso de corrupción del fútbol y dejó un puñado de frases que la prensa internacional calificó de sexistas y surrealistas.

Esta es la radiografía comunicativa de una jornada que pasará a los manuales, no por su éxito, sino por su anatomía.

🧭 El contexto: cuando el silencio deja de funcionar

El modelo Florentino se basaba en una asimetría calculada. Mientras Laporta, Cerezo o los dirigentes de la Premier hablaban, él callaba. Pérez no se rebajaba a explicarse: la cancha del relato la cedía a otros —jugadores, entrenadores, la Casa Blanca como institución. El presidente flotaba por encima, como Toni Servillo interpretando a Giulio Andreotti en Il Divo de Paolo Sorrentino.

La arquitectura tenía dos pilares: resultados deportivos que sustituían cualquier explicación y una asamblea anual controlada con la única narrativa oficial del año. En mayo de 2026, ambos fallaron a la vez. La temporada en blanco eliminó la coartada deportiva. Y entre asamblea y asamblea, los medios construyeron una narrativa alternativa que Pérez ya no podía ignorar. El silencio dejó de ser ventaja para convertirse en pasivo.

🧠 El hallazgo comunicativo: cuando se rompe el silencio, se rompe la asimetría

Lo del 12 de mayo no fue una rueda de prensa. Fue un acto de fuerza ejecutado en un formato que el emisor ya no controlaba. Los formatos no se improvisan: si llevas once años sin entrenar la contrapregunta, la contrapregunta te alcanza.

Pérez llegó con cuatro objetivos comunicativos, cada uno con sentido estratégico por separado:

1. Adelantar el frame electoral. “Lamento decirles que no voy a dimitir” es un mensaje fuerza de manual: titular antes que explicación, ironía controlada, marco temporal definido.

2. Desplazar la responsabilidad del fracaso deportivo. “Hoy no hablamos ni de jugadores ni de entrenadores.” Cuando no puedes defender los resultados, cambias el sujeto: del rendimiento al asedio.

3. Construir un enemigo externo. La prensa. Periodistas con nombre, medios identificados, cifras concretas, conspiración explícita. El populismo institucional clásico.

4. Reabrir el flanco Negreira. Reactivar la asimetría moral con el rival catalán.

Cuatro mensajes con lógica individual. El problema fue intentar emitirlos los cuatro a la vez, sin disciplina de retorno al guion. Se canibalizaron entre sí. El mensaje electoral quedó sepultado por el ataque a la prensa. El ataque a la prensa quedó contaminado por el comentario sobre el aspecto físico de una periodista. El frame Negreira se diluyó en una dispersión que iba de los reventas a los árbitros. Y la jugada electoral —la única con consecuencias institucionales reales— quedó en segundo plano.

Marca lo resumió al día siguiente con dos adjetivos demoledores: confusa y caótica. Conviene recordar quién es Marca: el medio deportivo más leído de España, parte estructural del aparato mediático que ha amplificado la narrativa blanca durante décadas. Cuando el aliado natural rompe filas, el diagnóstico ya no es opinable.

Lección. En formatos abiertos, los mensajes compiten por el oxígeno del titular. Quien intenta decir cuatro cosas suele acabar diciendo una sola — y rara vez es la que quería.

💬 La identidad del enemigo: el periodista como adversario nominal

El movimiento más arriesgado de la comparecencia fue convertir a periodistas concretos en enemigos públicos. No críticas a “la prensa” como abstracción: nombres, apellidos, programas, empresas matrices. “Ese señor que habla por ahí con las eléctricas.” “Dígale a su jefe.” Una nómina enemiga explícita.

Pertenece al manual del populismo contemporáneo. El esquema operativo: se desplaza la conversación desde el contenido criticado hacia la legitimidad de quien critica. Si consigues que el debate pase de “¿es cierto que hay caos en el vestuario?” a “¿quién es ese periodista para criticarme?”, has ganado el frame antes de defenderlo.

Pero el manual tiene una condición que Pérez no cumple. El ataque nominal solo funciona cuando se dirige a una base movilizada contra un sistema percibido como ajeno. La fuerza de Trump no está en atacar a la CNN: está en atacar a la CNN delante de votantes que ya la consideraban un enemigo de tribu. Amplificaba un consenso preexistente.

Pérez no tiene ese consenso. Habla a 100.000 socios cuyo perfil informativo es estructuralmente conservador-deportivo: leen ABC, escuchan la Cope, compran Marca, ven el partido en Movistar. Atacar a esos medios desde el atril no convierte al socio en aliado: lo coloca en disonancia con sus propios hábitos. Le pide elegir entre la voz del presidente al que admira y los medios con los que desayuna desde hace treinta años.

Hay un segundo problema, técnico pero decisivo. Cuando atacas a un periodista por su nombre, conviertes la noticia en él. Castaño respondió esa misma noche, aunque por el camino reconociera que no publicaron los audios de Pérez en su momento para no perjudicar al Real Madrid. La conversación dejó de ser sobre el club: pasó a ser sobre el ataque del presidente. El frame cambió, pero hacia él como agresor.

Lección. Personalizar al enemigo solo funciona si tu base mediática y la suya no se solapan. El populismo contra la prensa exige un mapa previo: a quién atacas, ante quién lo haces, y qué reflejos corporativos despiertas.

📲 La gestión del cuerpo y el lenguaje: lo que se filtró pese al guion

Dos minutos de los noventa dieron la vuelta al mundo. Pérez leyó noticias en su teléfono móvil mientras un periodista le formulaba una pregunta. Y, en otra secuencia, un comentario sobre el aspecto físico de una periodista que la prensa internacional y las redes sociales calificaron de sexista en cuestión de minutos.

No son anécdota. Son la prueba de un fallo de preparación básica. En una rueda de prensa de crisis no existen los gestos pequeños: existen los gestos que se viralizan y los que no. Once años sin entrenar el formato significan once años perdiendo músculo.

Hay un detalle adicional: la comparecencia duró más de una hora. Una rueda de prensa de crisis bien diseñada dura entre veinte y cuarenta minutos: tiempo para emitir los mensajes fuerza, responder lo previsible y salir con titular limpio. Cada minuto adicional es regalado al adversario para encontrar la grieta. Pérez se quedó porque, probablemente, se sentía cómodo desahogándose. La comodidad del emisor en una crisis es señal de peligro, no de control.

Lección. La preparación no es lujo: es escudo. Improvisar tras once años de silencio es entrar a una pelea sin entrenar.

🔎 El frame Negreira: la munición que ya no estalla igual

Florentino dedicó una parte sustantiva a reactivar el caso Negreira: “el mayor caso de corrupción que ha habido en la historia del fútbol”. Un movimiento conocido y, en términos teóricos, impecable: cuando la conversación te incomoda, reabres una herida del adversario.

El problema es que el frame tiene rendimiento decreciente. La primera reactivación, en 2023, fue un éxito comunicativo. La segunda y la tercera mantuvieron el debate. En 2026, tras años de instrumentalización, la audiencia general ya distingue entre dos planos: el contenido judicial del caso (que sigue su curso) y el uso instrumental que hace el Real Madrid de ese contenido cada vez que necesita desviar atención. Esa distinción ha pasado de intuición de adversarios a análisis mainstream de medios deportivos generalistas. Ya no hace falta ser del Barça para verlo.

Hay además una asimetría temporal que el equipo de Pérez no parece haber medido. Cuando Negreira estalló, el Barcelona estaba en reconstrucción. Hoy acaba de ganarle la Liga al Real Madrid. El frame se activa en el peor momento posible: justo cuando el adversario puede leer cualquier ataque institucional como reacción de mal perdedor. No es la lectura justa. Es la lectura mayoritaria. Y en comunicación, esa es la única que cuenta.

Lección. Los frames potentes envejecen. La repetición sin renovación los convierte en muletilla; la muletilla, en excusa; la excusa, en derrota. Saber cuándo no activar un frame es tan estratégico como saber cuándo activarlo.

🧩 Cinco aprendizajes clave del caso Florentino

1. El silencio prolongado es un activo que se evapora cuando se rompe mal. Once años construyendo autoridad pueden desperdiciarse en dos horas. → No basta con no hablar: hay que entrenar para el día en que toque hablar.

2. Tener mensajes fuerza preparados no equivale a poder emitirlos. En formatos abiertos, los mensajes se canibalizan. → Disciplina sobre cuántos lanzas, y mayor disciplina para mantenerte en ellos.

3. Personalizar al enemigo solo funciona cuando tu base y la suya no se solapan. Atacar a periodistas leídos por tu audiencia te aísla a ti, no al adversario. → Mapear el consumo informativo de tu base antes de cualquier ataque nominal.

4. La preparación no verbal es tan importante como la verbal — y mucho más viral. El móvil, el comentario físico, la impaciencia. → El cuerpo comunica antes que las palabras, y comunica lo que no se quiere comunicar.

5. Los frames potentes se desgastan cuando se usan como recurso defensivo. Muletilla, excusa, derrota. → Reservar los frames para los momentos en que aportan, no para los momentos en que se necesitan.

💡 Cómo aplicar el modelo (o evitarlo)

Auditoría de formato. Si tu organización lleva años sin exponerse a preguntas abiertas, pregúntate cuánto resistiría una comparecencia de noventa minutos. Si la respuesta es “no mucho”, no se improvisa: se entrena con simulacros reales.

Test de canibalización. Redacta los tres o cuatro mensajes que quieres emitir. ¿Alguno contradice a otro?, ¿alguno activa un frame que perjudica al resto?, ¿la suma se lee como dispersión? Si la respuesta es sí, recorta. Mejor dos mensajes claros que cuatro confusos.

Mapa de adversarios nominales. Antes de personalizar a un enemigo, mapea el consumo informativo de tu base y los reflejos corporativos del oficio atacado. Atacar a un periodista activa la solidaridad gremial incluso entre medios competidores.

Disciplina temporal. Veinte a cuarenta minutos. Cada minuto adicional es minuto regalado al adversario.

Reserva de frames potentes. Un frame funciona, en parte, porque aparece poco. Actívalo cuando aporte, no cuando duela.

🔎 La advertencia: el éxito interno no garantiza el éxito comunicativo

Sería deshonesto cerrar sin reconocer una posibilidad incómoda: que la rueda de prensa cumpla su objetivo táctico principal. Movilizar al madridismo identitario. Blindar las elecciones internas. Convertir el ruido externo en cohesión interna.

El populismo institucional no convence a la mayoría: consolida una base movilizada suficiente para ganar el escenario que importa. Y aquí ese escenario son las elecciones de socios compromisarios: un cuerpo electoral reducido, organizado, mayoritariamente alineado con la actual junta. Desde ese ángulo, lo que parece desastre puede ser estrategia deliberada. Hablarle a los suyos en su idioma. Convertir cada crítica externa en prueba de que el sistema ataca a la institución. El mismo manual que ha funcionado en política durante la última década, desde Washington hasta Roma pasando por Brasilia y Buenos Aires.

El riesgo está a medio plazo. La comunicación institucional tiene una particularidad: lo que ganas por movilización lo pagas en credibilidad estructural. El Real Madrid no es solo el madridismo. Es una institución global con stakeholders —patrocinadores, ligas, FIFA, UEFA, mercado de fichajes, ciudades anfitrionas— que leyeron la comparecencia. Ninguno la leyó con simpatía.

Una operación puede ser exitosa a corto plazo y costosa a largo plazo a la vez. Pérez puede ganar las elecciones internas y dejar la marca institucional en su peor momento reputacional en dos décadas. El éxito táctico no exime del coste estratégico.

✍️ La enseñanza estratégica

El silencio sostenido construye autoridad. La palabra mal entrenada la destruye. Y entre ambos no hay punto medio: hay preparación o hay accidente.

Pérez no tenía margen para no comparecer. Temporada en blanco, peleas filtradas, ruidos sobre su salud y oposición en construcción eran razones suficientes para romper el silencio. La pregunta nunca fue si hablar, sino cómo. La respuesta del 12 de mayo deja un manual al revés: cómo no hacerlo.

La comunicación institucional no se mide por la frecuencia de las apariciones, sino por la calidad de cada una. Hablar mucho es un riesgo. Hablar poco también. La única estrategia sostenible es hablar preparado y hablar lo justo. El silencio, cuando se rompe, debería sonar como autoridad recuperada. No como confesión de desbordamiento.

Lo que está en juego no es solo una rueda de prensa. Es la pregunta que toda institución relevante tiene que responder: ¿comunicas porque tienes algo que decir, o comunicas porque ya no aguantas no decirlo? Esa diferencia es la frontera entre la autoridad y la fragilidad. Florentino Pérez la cruzó el 12 de mayo. Y la prensa internacional tomó nota.

Mientras Italia discute si la primera ministra está perdiendo aire después de su derrota en el referéndum sobre la ciudadanía, una alcaldesa de cuarenta años que nunca había hecho política orgánica se ha convertido en el activo comunicativo más interesante del centroizquierda italiano. Y todo ello sin que ningún partido la haya proclamado candidata a nada que no sea seguir siendo alcaldesa de Génova.

🧭 El contexto: una izquierda que ha perdido el relato

Italia, 2026. La derecha radical lleva tres años gobernando con un manual probado: identidad, conflicto, simplificación emocional, presencia mediática constante. Giorgia Meloni no gestiona el país, lo narra. Y durante mucho tiempo le ha funcionado.

El centroizquierda, mientras tanto, ha intentado responder en el mismo terreno. Más enfado. Más denuncia. Más presencia en la trinchera digital. El resultado ha sido predecible: cuanto más se parecía al adversario en el tono, menos creíble resultaba en el contenido.

En ese paisaje aparece Silvia Salis, exatleta de élite, exvicepresidenta del Comité Olímpico Italiano, sin pasado partidista. Ganó la Alcaldía de Génova en primera vuelta con el 51,6% reuniendo a una coalición que aglutinaba desde Italia Viva a Alleanza Verdi e Sinistra, es decir, casi imposible. Y desde entonces no ha parado de crecer.

Su mensaje implícito ha sido tan eficaz como inesperado:

“La política no tiene por qué gritar para tener razón.”

🧠 El hallazgo comunicativo: bajar el volumen sin bajar la intensidad

Lo que hace Salis no es moderación. Es algo más sofisticado: trabaja en una frecuencia distinta a la del adversario para no ser leída como su reflejo. Meloni opera en alta intensidad permanente. Cada semana hay una batalla, un enemigo, un agravio que defender. Es agotador para el adversario porque obliga a responder en el mismo registro, y cada respuesta —por buena que sea— termina reforzando el marco original.

Salis hace lo contrario. No entra en cada provocación. No sobreactúa. No dramatiza la cotidianidad administrativa. Y cuando golpea, golpea con un gesto, no con un discurso: reconocer once hijos de parejas homoparentales que la administración anterior llevaba años bloqueando, financiar un concierto gratuito de Charlotte De Witte en piazza Matteotti como respuesta simbólica al decreto antirave de Meloni, decir en televisión que las primarias son “una carrera entre líderes” que ella no quiere ver.

Cada una de esas decisiones es legible sin necesidad de explicarla. El gesto sustituye al argumento. Y el votante moderado, agotado del ruido, lo agradece.

Lección: En un ecosistema saturado, la diferenciación no se consigue gritando más fuerte, sino eligiendo cuándo no gritar.

💬 De la biografía como bandera a la biografía como aval

Salis tiene un perfil que cualquier consultor habría querido sobreexplotar: deportista olímpica, mujer joven, madre, sin militancia previa. La tentación de convertir todo eso en eslogan habría sido enorme.

En cambio, su uso de la biografía es funcional, no exhibicionista. Cuando Bloomberg le pregunta si se ve parecida a Meloni, responde con una frase que se ha vuelto célebre: “No, mi nombre es Silvia. Pero sí, soy madre, soy cristiana y estoy casada. He marcado todas las casillas.” Es ironía limpia, sin victimismo, que desactiva el ataque identitario antes de que se formule. No reivindica ser distinta. Reivindica que las casillas que Meloni convirtió en bandera no son patrimonio exclusivo de nadie.

Hay una decisión narrativa importante en ese gesto: no compite por la identidad, la neutraliza. Donde Meloni dice “yo soy mujer, soy madre, soy italiana, soy cristiana” como afirmación tribal, Salis responde con la misma lista pero en clave de obviedad compartida. La identidad deja de ser un arma y se convierte en un punto de partida común.

Lección: En sociedades polarizadas, el liderazgo más eficaz no es el que reclama una identidad propia, sino el que desarma la del adversario sin parecer que lo hace.

📲 La gestión de la atención: dejarse mirar sin perseguir la mirada

La ascensión mediática de Salis tiene un patrón que conviene leer despacio. No fue ella quien fue a buscar la prensa internacional: fueron Bloomberg y The Guardian los que vinieron a buscarla. El ayuntamiento financia un concierto que se vuelve viral. La corresponsal del Guardian en Roma escribe el reportaje. La prensa italiana cubre el reportaje del Guardian. La coalición se ve forzada a tomar posición sobre alguien que técnicamente no ha pedido nada.

Esto no es casualidad. Es una mecánica que se conoce en comunicación política como construcción por gravedad: en lugar de empujar el mensaje hacia el centro de atención, se construyen las condiciones para que el centro de atención se desplace hacia ti. Requiere paciencia, disciplina y, sobre todo, capacidad para no contestar a cada provocación. Cualquier intento de Salis de responder a Meloni en su mismo terreno habría roto la operación.

Hay, eso sí, una contrapartida que Salis aún no ha resuelto. La construcción por gravedad funciona mientras el sujeto no toma posición sobre los temas divisivos que sostienen su coalición. El día que tenga que pronunciarse sobre el incinerador de Génova —que su mayoría tiene partida por la mitad—, sobre Ucrania o sobre el modelo migratorio, la magia se acaba. El silencio estratégico tiene un precio: solo es sostenible mientras no haya que gobernar nada complicado.

Lección para equipos de campaña: la atención no se persigue, se atrae. Pero la atención atraída por gravedad solo se sostiene si se administra el silencio con la misma disciplina con la que otros administran la palabra.

🧩 Cinco aprendizajes clave del modelo Salis

1. Asimetría de tono. No competir en la frecuencia del adversario. Si grita, hablar bajo. Si dramatiza, normalizar. Si polariza, desactivar. → La diferenciación nace del contraste, no de la imitación.

2. Gesto antes que discurso. Una decisión administrativa visible —los once reconocimientos de filiación, el concierto gratuito— comunica más que diez ruedas de prensa. → Lo que se hace pesa más que lo que se dice, sobre todo cuando lo que se hace es legible sin traducción.

3. Biografía desactivadora, no movilizadora. Usar los rasgos identitarios para neutralizar al adversario, no para construir tribu propia. → La identidad como argumento de empate, no como arma de combate.

4. Construcción por gravedad. Atraer la cobertura mediática creando condiciones, no persiguiéndola. → El reportaje que llega solo pesa más que el que se busca.

5. Administración del silencio. Saber cuándo no hablar es tan importante como saber qué decir. → Cada toma de posición evitada es capital narrativo conservado.

💡 Cómo aplicar el modelo Salis en tu estrategia

Auditoría de tono. Revisa los últimos diez mensajes públicos de tu candidato o tu organización. ¿Cuántos están escritos en el registro emocional del adversario? Cada respuesta dada en el marco del otro refuerza el marco del otro. Identifica qué porcentaje de tu comunicación es reactiva y qué porcentaje es propositiva.

Test del gesto. Antes de redactar un comunicado, pregúntate si existe una decisión administrativa, un acto público o un movimiento simbólico que comunique lo mismo sin necesidad de palabras. Los gestos viajan mejor que las declaraciones, y son más difíciles de tergiversar.

Disciplina de no-respuesta. Define con tu equipo qué provocaciones del adversario no vais a contestar nunca. Esa lista es estratégica: cada provocación ignorada es una invitación a dramatizar que se queda sin respuesta. La construcción por gravedad requiere ese vacío.

Mapa de silencios sostenibles. Identifica qué temas de tu coalición o tu electorado son divisivos y cuánto tiempo puedes posponer pronunciarte sobre ellos. El silencio estratégico es un activo, pero tiene fecha de caducidad. Calcúlala antes de que la calcule el adversario.

🔎 La advertencia: el modelo tiene techo

Sería deshonesto cerrar esta pieza solo con la celebración. El modelo Salis tiene una vulnerabilidad estructural que el centroizquierda europeo conviene que no olvide.

No hay liderazgos por gravedad sin un momento posterior de toma de posición. Renzi también empezó como outsider sereno y terminó siendo el reflejo del aparato que decía combatir. La diferencia entre Salis y Renzi no se medirá en su capacidad de seducir a la prensa internacional, sino en cómo gestione el primer conflicto interno serio de su coalición. Ese momento llegará: o bien sobre el incinerador genovés, o bien si finalmente acepta una candidatura nacional y tiene que pronunciarse sobre Ucrania, presupuestos europeos o política migratoria.

El modelo Salis se puede estudiar, replicar y aplicar a escalas menores —campañas locales, perfiles emergentes, organizaciones que necesitan ganar credibilidad sin estridencia—, pero no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es que ningún recurso comunicativo, por elegante que sea, sustituye a la existencia de un proyecto político que la coalición pueda defender en común.

✍️ La enseñanza estratégica

En un ecosistema saturado de ruido, la diferenciación no consiste en hablar más fuerte, sino en elegir con precisión cuándo no hablar.

Salis no ha inventado nada nuevo. Simplemente ha recordado algo que la credibilidad política, hoy, es un recurso escaso, y que se gasta cada vez que se entra al trapo del adversario. Su éxito no se mide en virales acumulados ni en titulares conseguidos, sino en algo más difícil de cuantificar: la sensación de que, después de años de griterío, alguien ha decidido bajar el volumen sin renunciar a la intensidad.

Hay momentos políticos en los que lo decisivo no es lo que ocurre, sino lo que falta. La izquierda española —entendida aquí como el espacio a la izquierda del PSOE— atraviesa uno de esos momentos. No hay un acontecimiento fundacional, ni una derrota épica, ni un cisma generacional. Hay algo más difícil de narrar y, por eso mismo, más revelador: un agotamiento acompasado por una sucesión de pequeños vacíos que, sumados, dibujan un problema mayor. Una líder que se va sin relevo. Unos resultados autonómicos que confirman lo que las encuestas llevaban meses anticipando. Una candidatura unitaria andaluza cosida con prisas y desconfianza. Y el atajo de Gabriel Rufián, que cada vez parece menos un proyecto y más una operación de supervivencia personal dentro de su propio partido.

En paralelo, y aquí está la lectura interesante, el PSOE no solo ha resistido el desgaste: lo ha convertido en oportunidad. Sánchez ha capitalizado un terreno que históricamente disputaba la izquierda alternativa —el rechazo a la guerra, la denuncia del genocidio en Gaza, el liderazgo del progresismo internacional— con la complicidad pasiva de quienes ahora descubren que se les ha quitado la bandera sin que nadie protestara. Lo que ocurrió en Barcelona los días 17 y 18 de abril fue una transferencia de capital político en directo.

Cada una de estas capas merece análisis propio. Cada una explica una cara distinta del mismo problema. Y, sumadas, anuncian un futuro que ya no admite optimismo fácil.

Yolanda Díaz: la salida de quien ya estaba amortizada

Cuando Yolanda Díaz anunció el 25 de febrero que no se presentaría a las generales de 2027 —y ratificó después, en una entrevista en Radio Galicia, que tampoco aparecería en ninguna lista, «en absoluto, para nada»—, la noticia tuvo escasa capacidad de sorpresa. Dentro de Sumar la daban por amortizada desde mucho antes: ni había logrado articular un paraguas organizativo para el conjunto de la izquierda, ni sus valoraciones personales ni la estimación electoral de su formación se acercaban a las cifras de 2023. El primero en decirlo en voz alta fue Antonio Maíllo, que ya en enero exigió un cambio total de rumbo y un frente amplio desvinculado del PSOE. Es decir: el coordinador federal de IU le pidió públicamente un giro de proyecto a la candidata de la coalición a la que su propio partido pertenece. Pocos diagnósticos políticos son más elocuentes.

Su marcha cierra un ciclo que comenzó en julio de 2023 con un resultado que se quiso leer en clave épica: 31 diputados, más de tres millones de votos, quince formaciones unidas y un pacto de Gobierno con el PSOE. Tres años después, lo que parecía la consolidación de un nuevo polo se ha desmoronado en una secuencia previsible —fugas, con Podemos en cabeza, implosiones internas y resultados decrecientes—. Díaz se va con el aval indiscutible de su gestión en Trabajo —subida del SMI, derechos laborales ampliados, reducción de jornada en debate—, pero deja atrás el proyecto político que la encumbró convertido en una alianza sin candidato y sin relato. La paradoja es cruel: una ministra que ha sido referente es también la dirigente que ha asistido a la descomposición de su propio espacio.

Lo relevante, sin embargo, no es su marcha. Es el silencio que deja detrás. ¿Quién hereda el espacio? La pregunta lleva meses formulándose y no encuentra respuesta convincente. Pablo Bustinduy ha sido apuntado por algunos —incluido Rufián, que lo definió como «de las mejores cabezas»—, pero su perfil, sólido en gestión y discreto en exposición, carece de la proyección estatal que exige una candidatura nacional. Mónica García y Ernest Urtasun cumplen con sus carteras, pero ninguno genera el voltaje necesario para reagrupar a un electorado disperso. Maíllo es un dirigente fiable y un articulador eficaz —como demuestra la unidad andaluza, una operación de coordinación más que de arrastre electoral—, pero no se proyecta como líder estatal. Irene Montero conserva fervor militante en una fracción de Podemos, pero su techo electoral está acotado y su capacidad de costura interna, muy mermada.

El problema no es de nombres. Es de patata caliente. Nadie quiere asumir una pieza que, en el escenario más probable, conduce a una derrota electoral en 2027 con la responsabilidad histórica añadida de haber facilitado, una vez más, la fragmentación. Y mientras nadie la asume, el espacio se enfría.

Aragón, Castilla y León: el espacio que se evapora

Los datos de las dos primeras citas autonómicas del ciclo son demoledores y conviene leerlos sin atenuantes. En Aragón (8 de febrero), la coalición IU-Movimiento Sumar consiguió un único escaño con un 2,94 % de los votos, replicando el suelo de 2023. Podemos, que llegó a tener catorce diputados en su ciclo álgido de 2015, desapareció directamente del Parlamento autonómico —y quedó por detrás incluso de Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise Pérez, que tampoco entró pero la superó en votos—. El espacio a la izquierda del PSOE se sostiene allí, paradójicamente, gracias al regionalismo: Chunta Aragonesista duplicó representación, pasando de tres a seis diputados. Un dato que merece atención: en Aragón lo que funciona no es la marca estatal, es la marca aragonesa.

En Castilla y León (15 de marzo), el resultado fue todavía más severo. Por primera vez en quince años, la izquierda situada a la izquierda del PSOE no obtuvo representación en las Cortes. IU-Sumar-Equo logró 27.605 votos (2,23 %) y Podemos-Alianza Verde apenas 9.225 (0,74 %). Ni juntos habrían alcanzado escaño alguno bajo la fragmentación provincial castellano-leonesa. El PSOE resistió incluso con ligera mejoría, lo que confirma que el problema no es de ola sino de marca: el voto progresista está, pero ya no se canaliza por la izquierda alternativa.

Dos comunidades, dos retratos del mismo problema. El bloque de la derecha avanza con holgura mientras el espacio a la izquierda del PSOE no encuentra suelo. Y todo esto, conviene recordarlo, ocurre tras una legislatura en la que ese mismo espacio ha tenido carteras ministeriales, gestión visible y agenda propia.

Andalucía: la unidad como necesidad, no como proyecto

El acuerdo in extremis que cerraron IU, Movimiento Sumar y Podemos para concurrir juntos a las elecciones andaluzas del 17 de mayo bajo la coalición Por Andalucía, con Maíllo como cabeza de lista, es una unidad por miedo, no por convicción. Las bases de Podemos en Andalucía avalaron la integración con un 81,4 % de apoyos, una cifra que indica menos entusiasmo del que parece. Lo que ratificaron, en realidad, fue que el escenario alternativo —concurrir por separado y arriesgarse a quedar fuera del Parlamento andaluz, repitiendo el desastre aragonés— resultaba sencillamente impensable.

Y aun así, la unidad andaluza es la mejor noticia que ha tenido el espacio en lo que va de ciclo. Sumar plantea ya replicar el «modelo andaluz» en otros territorios. La pregunta es si la fórmula resiste cuando se aplica a contextos donde no hay un liderazgo aglutinador como el de Maíllo o cuando la presión del calendario no fuerza el acuerdo. El mapa de las generales de 2027 no se parece al de Andalucía: faltan articuladores.

El espejismo Rufián: ruido sin destino

Aquí entramos en el episodio más revelador del trimestre. Los actos de Rufián —primero en Madrid junto a Emilio Delgado en febrero, después en Barcelona junto a Irene Montero el 9 de abril— se vendieron como el arranque de algo nuevo. Un nuevo «bloque histórico», una izquierda capaz de condicionar el rumbo político y disputar escaños a la derecha en clave territorial. La narrativa funcionó durante unas semanas. Hubo titulares, datos favorables, especulación sobre operaciones, alineamientos y giros.

A día de hoy, ese horizonte se ha disuelto. Y conviene explicar por qué con precisión.

Primero, porque Rufián nunca pasó del condicional. En el acto con Delgado dejó todas las puertas abiertas y todas las definiciones aplazadas. En el de Barcelona con Montero subió un peldaño retórico —apeló a ERC para «liderar» un frente de izquierdas— pero sin proponer nada que implicara ruptura con su partido. La ambición declarada y la ejecución contenida son incompatibles. Ya lo apuntamos en estas mismas páginas en febrero: si la promesa era desborde, lo que hubo fue contención calculada.

Segundo, porque ERC ha cerrado la puerta. La dirección de Oriol Junqueras mantiene una posición «firme e imperturbable» contraria a cualquier frente estatal. La argumentación interna es nítida: ERC no se concibe como izquierda al PSOE, sino como «izquierda nacional de Cataluña», con vocación de ocupar todo el espacio del centro a la izquierda manteniendo su carácter independentista.

Tercer, porque Sumar, IU, los Comuns, Bildu y la propia ERC han rechazado las condiciones planteadas por Rufián. Sumar, IU, Más Madrid y los Comuns lanzaron el 21 de febrero su propia escenificación, en parte como maniobra defensiva frente al ruido rufianista.

¿Qué queda entonces de la operación? Una hipótesis razonable: lo que probablemente fue desde el principio, una maniobra de reposicionamiento personal dentro de ERC. En la formación republicana hay sectores que dan a Rufián por amortizado y estudian renovar la cabeza de lista para las próximas generales. Construir desde fuera un capital político transferible —audiencias, encuestas, presencia mediática— es una vía clásica para revalorizarse internamente. Si ese era el objetivo, la operación ha funcionado a medias: ha generado ruido suficiente para mantenerlo en el centro del debate, pero no ha modificado la correlación interna en ERC. Lo que se vendió como un movimiento de fondo, ha terminado siendo un movimiento de pieza.

La asimetría del relato: Sánchez ocupa el espacio progresista

Mientras la izquierda alternativa se consume en sus debates internos, el PSOE ha hecho algo aparentemente sencillo y políticamente decisivo: ocupar el terreno simbólico que tradicionalmente disputaba con esa izquierda. Y lo ha hecho a través de dos vectores muy claros: la oposición a la guerra desencadenada por Estados Unidos e Israel contra Irán y la denuncia del genocidio en Gaza.

El «no a la guerra» de Sánchez. Tras el inicio de los bombardeos el 28 de febrero, el Gobierno español negó el 2 de marzo el uso de bases en territorio español para operaciones contra Irán, lo que provocó la amenaza de Trump de romper lazos comerciales y, según filtraciones publicadas en medios estadounidenses, la apertura de un debate interno en el Pentágono sobre castigos a los aliados de la OTAN considerados «problemáticos». No hay forma más rotunda de marcar una posición geopolítica que sostenerla cuando tiene coste. Y, fundamentalmente, esa posición reactiva un significante histórico de la izquierda española, el del «no a la guerra» de 2003, que entonces enfrentó a millones de personas con el PP de Aznar. Hoy ese eslogan no lo sostiene una manifestación: lo sostiene un presidente del Gobierno desde Moncloa. Quien quiera entender la transferencia de capital simbólico entre familias de la izquierda no necesita más metáfora.

La cumbre de Barcelona del 17 y 18 de abril fue la escenificación más rotunda. Allí confluyeron dos eventos —tres sin incluímos la cumbre bilateral entre España y Brasil— deliberadamente solapados: la IV Reunión en Defensa de la Democracia —foro creado por España y Brasil en 2024— y la Global Progressive Mobilisation, convocada por la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista. Más de 6.500 personas movilizadas y una veintena de mandatarios, a los que se sumaron Mensajes pregrabados de personalidades como Bernie Sanders o Zohran Mamdani. Un dispositivo simbólico de primer orden.

Sánchez clausuró con una sentencia que merece ser leída con atención: «El tiempo de la internacional ultraderechista y la derecha lacaya ha llegado a su fin». Y añadió, en la misma intervención, que la alianza progresista debía estar orgullosa de ser «pacifista, ecologista, sindicalista y feminista». Conviene fijarse en los cuatro adjetivos. Son, históricamente, los significantes de la izquierda alternativa al PSOE. Sánchez los reclamó para el polo socialdemócrata global con naturalidad.

Hay un detalle más, y es probablemente el más significativo. A la Global Progressive Mobilisation no acudieron solo cuadros del PSOE. Acudió, en sentido amplio, gente del bloque de la izquierda. Perfiles vinculados a Sumar, dirigentes de los Comuns, cuadros de Más Madrid, miembros de IU, sindicalistas, intelectuales y figuras culturales que históricamente habrían orbitado más cerca del espacio de la izquierda alternativa que del PSOE. La cumbre funcionó como casa común del progresismo.

Esto modifica la geometría política española. Durante una década, la pregunta dominante en el espacio alternativo era cómo construir una izquierda capaz de condicionar al PSOE desde fuera. Barcelona sugiere que esa pregunta puede haber quedado obsoleta. Cuando el PSOE ocupa simultáneamente el espacio de la gestión, el del rechazo a las guerras imperiales, el de la condena del genocidio en Gaza, el del feminismo institucional y el del progresismo global, la izquierda alternativa pierde el suelo desde el que se construía como alternativa. No porque el PSOE haya virado a la izquierda, sino porque ha sabido capitalizar el relato. Y en política, ya se sabe, quien pierde el relato pierde el horizonte.

El diagnóstico, sin paliativos

La izquierda española, entendida como espacio plural a la izquierda del PSOE, atraviesa una crisis que combina cuatro dimensiones simultáneas.

Es crisis de liderazgo: Díaz se va y nadie quiere ocupar el centro del cuadrilátero. A esto se suma una escasez de cuadros políticos de referencia. Es también crisis de representación: Aragón y Castilla y León confirman que la marca estatal se evapora donde antes había suelo, y que solo las coaliciones cosidas con prisas (Por Andalucía) consiguen retener algo. Es crisis de proyecto: el atajo Rufián evidencia que cuando se busca un acelerador externo, el resultado es un quiero y no puedo que se desinfla por su propia incoherencia. Y es crisis de relato: el PSOE ha ocupado el terreno simbólico del progresismo internacional.

Hay quien piensa que este diagnóstico es transitorio y que el ciclo electoral de 2027 reordenará las piezas. Es posible. Pero también hay una hipótesis más incómoda: que la izquierda alternativa española esté entrando en su versión particular del ciclo italiano, ese paisaje donde la fragmentación deja de ser un accidente y se convierte en una condición estructural. Donde cada elección genera una nueva sigla, cada sigla un nuevo desencanto, y el partido socialdemócrata —como antes el PD italiano— absorbe progresivamente todo el espacio progresista útil mientras la fragmentación a su izquierda se vuelve folclore electoral.

La diferencia entre uno y otro escenario depende, fundamentalmente, de tres variables. La capacidad del espacio para producir un liderazgo que no sea defensivo ni residual. La voluntad real —no retórica— de construir confluencias estables más allá de la urgencia de cada cita electoral. Y, sobre todo, la honestidad para asumir que el problema no es la falta de unidad: es la falta de una razón compartida para querer estar unidos.

Hungría ha escrito esta noche un antes y un después: con la victoria de Péter Magyar y su partido Tisza‑Respeto y Libertad, se desmonta el régimen autocrático de Viktor Orbán y se abre la primera alternancia real en Budapest desde 2010. No es solo un cambio de gobierno; es, potencialmente, el principio del fin de un modelo político construido durante dieciséis años a base de leyes, reformas electorales y control de las instituciones.

Un vuelco electoral estructural

El 7 de abril anticipábamos que no bastaba con ganar, sino con entender qué hacer después: esa pregunta ha recibido una respuesta contundente. Con el 81% del escrutinio, Magyar acumula 137 escaños de 199 —94 uninominales y 43 de lista—, mientras Fidesz‑KDNP se queda con 55 y Mi Hazánk con 7. Tisza supera así los 133 escaños necesarios para la supermayoría de dos tercios, justo el instrumento que Orbán usó para reescribir la Constitución, colonizar el poder judicial y reconfigurar el sistema electoral.

La ironía es estructural: el sistema que Orbán diseñó en 2011 —circunscripciones uninominales con mayoría simple, eliminación de segunda vuelta y mecanismo de compensación que premia al más votado— funcionó cuatro ciclos como máquina de amplificación del incumbente. En 2022, con el 54% del voto, Fidesz obtuvo dos tercios; en 2026, esa misma lógica desproporciona el resultado en sentido contrario y multiplica la ola de Tisza.

El mapa rural de Orbán se rompe

Si las circunscripciones rurales eran el núcleo del poder fidesziano y el verdadero campo de batalla frente a una Budapest donde la oposición se concentra pero nunca alcanzaba mayorías, este resultado confirma que Tisza ha ganado 94 distritos uninominales, la mayoría intensivamente fuera de la capital: el gerrymandering de Fidesz no ha sido un muro de contención, sino un acelerador del cambio.

Donde antes había abismos, ahora hay proporciones estrechas: las últimas encuestas de Median mostraban a Tisza en el 38% frente al 41% de Fidesz en los municipios rurales más pequeños; el resultado real ha superado esa barrera. Fidesz cae de 135 escaños en 2022 a menos de la mitad, con apenas 12 distritos uninominales; Magyar ha barrido el terreno donde Orbán se creía imbatible.

Radiografía del voto: edad, educación y territorio

Los datos de Median permiten leer la fractura sociológica en profundidad. El desglose demográfico habla de una ruptura generacional radical:

• Entre 18 y 29 años, Tisza se acerca al 73%, mientras Fidesz apenas supera el 15%.

• Entre 30 y 39, el apoyo opositor se mantiene en el 68% frente a un enclave fideszano residual.

• La asimetría se invierte a partir de los 50 años: Fidesz aventaja a Tisza entre 50‑64 y se consolida en los mayores de 65, su bastión con casi el 48% frente al 28% de Magyar.

Por nivel educativo, la fractura es igual de clara: Tisza domina con el 63% entre universitarios y el 56% entre quienes tienen bachillerato o formación superior; Fidesz solo lidera entre quienes tienen educación básica (53%) y mantiene mínima ventaja en formación profesional. Es un patrón que encaja con la polarización educativa que se observa en Francia, España, Italia o Alemania, donde el grado académico se convierte en marca de identidad política.

Por territorio, Tisza lidera en todas las categorías salvo en los községök rurales más pequeños: 58% en Budapest, 53% en ciudades condado, 48% en ciudades medianas; solo allí Fidesz resiste, con 41% frente al 38% de Magyar.

Cómo se deshizo la coalición de Orbán

El dato más revelador es el de las transferencias de voto respecto a 2022. El 91% de quienes apoyaron a la oposición en 2022 se ha consolidado en Tisza, con múltiples partidos minoritarios que se han retirado de la lista para no fragmentar el voto. Magyar ha logrado aquello que ninguna alianza, ni la de Márki‑Zay, consiguió: unificar el voto anti‑Orbán sin coalición formal ni las tensiones internas que lastraron otros intentos.

Más importante aún es la erosión de la base fidesziana: un 9% de quienes votaron a Fidesz en 2022 ha migrado directamente a Tisza y otro 12% se ha desplazado a otros partidos o se ha desenganchado de la formación ultraconservadora. Es decir, un 21% de la base de Orbán se ha descompuesto en apenas cuatro años; entre quienes no votaron en 2022, Tisza captura el 62%, lo que revela una capacidad de movilización que Fidesz no tiene.

Mi Hazánk, la extrema derecha, entra al Parlamento con 7 escaños de lista, pero es completamente irrelevante: no tiene capacidad para condicionar el horizonte político ni aprovechar el hundimiento de Fidesz.

Consecuencias geopolíticas: Europa, Rusia, EEUU y China

El bloqueo húngaro que venía condicionando la política exterior de la UE, desde los paquetes de ayuda a Ucrania hasta las sanciones a Rusia y el proceso de adhesión ucraniano, llega a su fin. Hungría deja de ser el veto permanente en un Consejo que exige unanimidad para decisiones clave, y la ventana de Bruselas se abre de golpe.

• Rusia: la Comisión Europea tenía previsto presentar una propuesta para la prohibición permanente de las importaciones de petróleo ruso, enmarcada en la hoja de ruta REPowerEU, con una fecha provisional en torno al 15 de abril de 2026, pero esa decisión ha sido retrasada por las tensiones con Hungría y Eslovaquia. La herencia húngara de la era Orbán, sin embargo, es pesada: el país ha sido sede de operaciones de inteligencia vinculadas al GRU, mantiene el proyecto nuclear Paks II con Rosatom y, hasta hace poco, seguía importando petróleo ruso por el oleoducto Druzhba. Cambiar o reequilibrar cada uno de estos vínculos supondrá un coste económico y diplomático importante para Budapest.

• Estados Unidos: la alianza MAGA entra en fase incierta. Orbán ha sido el referente europeo del trumpismo: la Conservative Political Action Conference se celebró en Budapest, fundaciones fideszianas financiaron viajes de congresistas estadounidenses y J.D. Vance visitó la capital húngara para hacer campaña por Orbán. Un gobierno de Tisza redefine la posición de Hungría en el eje Washington‑Bruselas y priva a la derecha trumpista de su principal modelo europeo; además, la conexión Budapest‑Moscú, que servía de canal para narrativas del Kremlin hacia la derecha americana, se ve seriamente debilitada.

• China: en 2024, Hungría concentró el 31% de la inversión directa china en Europa, consolidándose como el principal destino de capital chino dentro de la UE. BYD levanta una megaplanta de vehículos eléctricos en Szeged, con una inversión estimada en torno a 4.000 millones de euros, y esa planta se halla bajo investigación de la Comisión Europea por posibles subsidios ilícitos de China. CATL —el mayor fabricante de baterías del mundo para coches eléctricos—, por su parte, invierte más de 7.340 millones de euros en la construcción de la mayor planta de baterías del continente, en Debrecen, que se perfilará como la instalación de baterías de iones de litio más grande de la UE. Magyar heredará compromisos firmados por Orbán con Pekín y tendrá que decidir si los mantiene, los renegocia o los adapta a las exigencias de seguridad económica y de inversión de la UE.

La pregunta que sigue abierta

Con supermayoría en la Asamblea Nacional, Magyar dispondrá de los instrumentos para reformar la Constitución, modificar el sistema electoral, reestructurar el poder judicial y revisar la red de fundaciones y entidades parapúblicas que Fidesz utilizó para capturar sectores clave de la economía húngara. Esa mayoría formal, sin embargo, no garantiza de por sí que el nuevo gobierno desarrolle esa capacidad de manera rápida ni sin tensiones institucionales, dado que Orbán ha tenido 16 años para colonizar órganos no electorales, como tribunales, medios públicos, reguladores y universidades.

La experiencia comparada de otros países muestra que ganar la elección que pone fin a la hegemónica de dominación de un partido es el paso más visible, pero no necesariamente el más complejo, ya que el poder anclado en instituciones técnicas y redes de intereses puede retrasar o condicionar las reformas. Lo que Hungría ha demostrado en estas elecciones es que un líder autocrático puede ser derrotado electoralmente dentro de la UE, incluso en un sistema diseñado para favorecerle; la pregunta pendiente es si una supermayoría suficiente servirá para desmantelar lo que 16 años de de hegemonía construyeron.