Disponible en: Todostuslibros | Amazon | La Casa del Libro | El Corte Inglés

Andalucía no es una comunidad autónoma más. Es la más poblada de España, la que ha marcado tendencias electorales durante cuatro décadas y la que, en 2022, demostró que los cambios que parecen imposibles a veces ya han ocurrido. El 17 de mayo se vota de nuevo. Y esta vez la campaña no la define un solo duelo: la definen cinco candidatos que compiten no solo por escaños, sino por algo previo y más difícil: el control del marco interpretativo.

Esta es la clave comunicativa de las elecciones andaluzas: en una campaña multipartidista con un issue dominante (la sanidad), gana quien consiga que los demás jueguen en su terreno. No gana quien más grite, ni quien tenga más recursos, ni siquiera quien tenga razón. Gana quien defina las preguntas. Porque en comunicación política las respuestas importan menos que las preguntas que obligan a responder.

Vamos candidato por candidato.

Moreno Bonilla: el presidente que gobierna como si hiciera campaña

Juanma Moreno Bonilla lleva meses ejecutando una estrategia clásica de ventaja del incumbente. Inauguraciones, presencia en prime time, agenda institucional empaquetada como agenda de gestión, y una inversión de más de 28 millones de euros en comunicación de la Junta de Andalucía durante 2025 y 2026. Todo eso antes de que empezara formalmente ninguna campaña.

Su comunicación funciona sobre tres pilares: estabilidad, moderación y gestión. Moreno Bonilla no se presenta como un político de ideas, sino como un gestor sereno en un país ruidoso. Esa marca le ha funcionado extraordinariamente bien: es el candidato mejor valorado en todas las encuestas, incluso entre votantes que no comparten su proyecto.

Pero tiene un problema. Un problema que tiene nombre técnico y consecuencias políticas devastadoras: la crisis de los cribados de cáncer de mama. Entre 2.000 y 3.000 mujeres no fueron informadas debidamente de un posible diagnóstico. Miles de mamografías sin realizar por falta de personal en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Un escándalo que estalló en octubre de 2025 y que sigue sin resolverse.

En comunicación política, una crisis sanitaria no se gestiona con datos ni con desmentidos. Se gestiona con empatía, reconocimiento y acción visible. La estrategia de Moreno Bonilla ha sido la contraria: minimizar, derivar responsabilidades y cambiar de tema. Eso funciona mientras controlas la agenda. Pero en campaña, la agenda la disputan siete candidatos. Y al menos tres de ellos van a hacer de la sanidad su arma principal.

El adelanto electoral responde a una triple lógica: esquivar un calendario hostil en junio, forzar la votación antes de que las encuestas —que ya en febrero situaban al PP por debajo de la mayoría absoluta con Vox en crecimiento— se conviertan en pronóstico asumido, y capitalizar el momento antes de que la crisis sanitaria acabe de instalarse como marco dominante de la legislatura. No es una fecha. Es una decisión comunicativa disfrazada de decisión institucional. Moreno Bonilla lo sabe. Sus rivales, también.

Montero: el salto más difícil de la comunicación política

María Jesús Montero deja el Gobierno central para disputar Andalucía al PP. Es la primera vicepresidenta de España que sale del ejecutivo para presentarse a unas autonómicas. Ese gesto, en sí mismo, ya es un acto comunicativo: transmite compromiso, urgencia y apuesta personal.

Su frame central es sencillo y poderoso: “En estas elecciones nos jugamos la salud y la vida”. Reducir toda la campaña a un referéndum sobre la sanidad pública. Si lo consigue, Moreno Bonilla juega en su terreno. Si no lo consigue, Montero se queda sin relato.

Pero tiene un problema operativo que condiciona todo lo demás: llega con el tiempo justo. Ha compaginado el ministerio con la precampaña durante meses. En comunicación política, la presencia constante en el territorio no es un detalle logístico: es un mensaje. Quien no está, no existe. Y Montero necesita existir en ocho provincias en muy poco tiempo.

Maíllo (Por Andalucía): la unidad como logro y como trampa

Por Andalucía ha conseguido lo que parecía improbable: que Podemos se integrara en la candidatura antes de que expirara el plazo. Tras una mesa de partidos que se prolongó más de doce horas el jueves 2 de abril, la coalición se registró formalmente el viernes 3 a mediodía, con algo más de diez horas de margen antes del cierre legal. Siete formaciones bajo una misma candidatura: IU, Movimiento Sumar, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde. Antonio Maíllo encabeza la lista por Sevilla y es el candidato a la presidencia de la Junta. Podemos obtuvo el número uno por Jaén y el segundo puesto por Sevilla y Málaga. Juan Antonio Delgado, hasta entonces candidato de Podemos a la presidencia, celebró el acuerdo con un mensaje de “absoluta generosidad”, aunque su posición definitiva en las listas se decidirá antes del 13 de abril.

El proceso fue un ejemplo de manual de lo que la comunicación política no debería ser. Durante semanas, la dirección estatal de Podemos vetaba a Sumar como socio de coalición mientras su candidato andaluz ofrecía públicamente “mano tendida” a Maíllo. Las bases se pronunciaron en una consulta exprés —81% a favor de negociar— para desbloquear la situación. Es el mismo guion que en 2022, cuando la negociación se apuró tanto que Podemos no llegó a inscribirse formalmente en la coalición. Esta vez sí llegaron a tiempo. Pero el coste comunicativo ya está pagado: semanas de titulares sobre disputas internas que ningún votante progresista quería leer.

La lectura comunicativa es inmediata. Por Andalucía ha emitido un mensaje contundente: “La peor noticia para Moreno Bonilla: hay acuerdo, hay unidad y hay alternativa”. Es un frame potente, pero tiene un problema. La unidad es un logro organizativo, no un mensaje electoral. Los votantes no votan “unidad”: votan soluciones a sus problemas. El riesgo para Maíllo es que las semanas consumidas en la negociación interna se hayan comido el tiempo que debería haber dedicado a construir un relato propio. Su estrategia comunicativa —voluntariado, contacto directo, “de tú a tú por Andalucía”— tiene tracción, pero necesita aire y tiempo para desplegarse. Ambos recursos acaban de reducirse.

Maíllo tiene una ventaja: es uno de los líderes más conocidos de la izquierda andaluza, con experiencia de campaña y conocimiento territorial. Y tiene un límite: su espacio comunicativo se solapa con el de García por la izquierda y con el de Montero por el flanco de los servicios públicos. En una campaña donde la atención es finita, necesita un elemento disruptivo que aún no ha mostrado.

García (Adelante Andalucía): el candidato que no parece un candidato

Aquí está el caso comunicativo más interesante de estas elecciones, y probablemente el menos analizado. José Ignacio García es orientador educativo, diputado autonómico con dos escaños en el grupo mixto y líder de un partido que todos daban por muerto en 2022. Tiene más de 40.000 seguidores en Instagram, presenta candidaturas con festivales de música en vez de mítines y está ejecutando una estrategia de puerta a puerta importada directamente de Die Linke (la izquierda alemana) y declaradamente inspirada en Zohran Mamdani.

Adelante Andalucía ha contactado directamente con dirigentes de Die Linke para importar su modelo de captación de voluntarios y ensanchamiento de base social. La estrategia es clara: ir solo a barrios obreros, trabajar por parejas, escuchar primero y proponer después. Lo hacen porque quieren tener votos. Nada de vaguedades participativas. Movilización con objetivo electoral explícito.

García ha construido su perfil parlamentario sobre performances legislativas viralizadas en redes sociales (la Ley de Gafas Gratuitas, los comedores escolares, la salud mental) y una oposición al PP que el propio Moreno Bonilla ha calificado públicamente como “brillante” y “correosa”. Esa dinámica — el adversario que te respeta, es oro comunicativo para un partido pequeño: le da visibilidad sin coste.

Su comunicación tiene una virtud que escasea en la izquierda española: coherencia de registro. No oscila entre el discurso institucional y el tuit incendiario. Mantiene un tono constante que mezcla indignación controlada, humor y cercanía. No suena a político. Suena a profesor que se ha metido en política porque estaba harto. Y eso, en un electorado fatigado de profesionales del discurso, conecta.

Lo que está en juego no es quién gana, sino quién define la conversación

Las elecciones andaluzas del 17M son un laboratorio de comunicación política en tiempo real. Tenemos un incumbente con recursos masivos pero un flanco abierto en sanidad. Una exvicepresidenta del Gobierno que apuesta todo a un único frame. Un partido minúsculo que ejecuta una estrategia de movilización de manual. Una coalición de siete partidos que ha logrado la unidad sobre la bocina pero necesita convertirla en algo más que una declaración. Una ultraderecha en auge que purga sus crisis internas para llegar limpia. Y un electorado con una abstención que supera el 41% en las últimas autonómicas.

Cinco candidatos. Una sola atención. El 1 de mayo arranca la campaña oficial. Pero la batalla por el frame ya ha empezado.

Lecciones ComPol

1. En campañas multipartidistas, el frame vale más que la apelación al voto. Antes de convencer, hay que definir de qué se habla. Moreno quiere que se hable de gestión. Montero, de sanidad. García, de clase social. Quien consiga que los demás respondan a sus preguntas, controla la campaña.

2. La ventaja del presidente saliente es real, pero no infinita. 28 millones de euros en comunicación institucional construyen imagen, pero no blindan ante una crisis sanitaria mal gestionada. La credibilidad del gestor se erosiona cuando la gestión falla en lo esencial.

3. El puerta a puerta no es nostalgia: es estrategia. Adelante Andalucía ha estudiado a Die Linke y a Mamdani para diseñar una campaña de contacto directo con objetivo electoral claro. En un contexto de abstención superior al 41%, la movilización de proximidad puede mover más votos que cualquier campaña digital.

4. La purga interna es un acto comunicativo. Vox expulsa a sus críticos justo antes de la campaña. No es solo disciplina interna: es un mensaje al electorado propio de que el partido está unido y preparado. Y un mensaje a los medios de que no habrá ruido interno que distraiga del mensaje electoral.

5. La unidad no es un mensaje electoral. Podemos se ha integrado en Por Andalucía tras semanas de negociación pública. La coalición es un medio, no un fin. Los votantes no votan "unidad": votan soluciones. El reto de Maíllo ahora es llenar esa unidad de contenido antes de que la campaña lo alcance.

Herramienta: Matriz de posicionamiento comunicativo electoral

Read more

Un mes después de los primeros ataques estadounidenses e israelíes sobre Irán, los tres escenarios que planteé en mi análisis del 1 de marzo se han cumplido de forma simultánea. No uno. Los tres. La escalada contenida ha fracasado como vía de contención. La regionalización multifrente es un hecho. Y el shock interno en Irán sigue sin producir ni colapso ni rendición, sino una situación de incertidumbre que alimenta tanto la resistencia como el caos.

Al menos 1.900 personas han muerto en Irán desde el 28 de febrero. Más de 1.189 en Líbano. 99 en Irak. 19 civiles israelíes y 13 militares estadounidenses en distintos puntos de la región. Más de 1,2 millones de libaneses han sido desplazados. El CENTCOM confirma que las fuerzas estadounidenses han destruido más de 11.000 objetivos iraníes y 150 barcos en el primer mes. El estrecho de Ormuz, por donde transitaban 130 buques al día antes de la guerra, ahora deja pasar seis o menos. Y los hutíes de Yemen han entrado formalmente en el conflicto lanzando misiles contra Israel en dos operaciones distintas.

Lo que comenzó como una campaña de decapitación con pretensión quirúrgica se ha convertido en una guerra regional con múltiples frentes activos, sin mecanismo de contención eficaz y sin horizonte de negociación creíble. Lo que sigue es un mapa del conflicto tal como se configura treinta días después del primer golpe.

Irán: devastado pero no derrotado

Estados Unidos ha degradado buena parte de las capacidades aéreas, navales y de defensa antiaérea iraníes, y emplea helicópteros Apache y aviones A-10 para ataques directos, señal de que la amenaza convencional se considera sustancialmente reducida. La armada iraní ha perdido unidades significativas —incluida la fragata IRIS Dena, hundida por un submarino estadounidense en el océano Índico, el primer buque hundido por un submarino en combate desde la guerra de las Malvinas—. Las defensas antiaéreas están degradadas. Las instalaciones nucleares, destruidas o inaccesibles. Las fuerzas israelíes estiman que aproximadamente el 90% de los emplazamientos donde Irán desarrollaba armamento han sido bombardeados.

Pero Irán no se ha rendido. Ni ha colapsado. Su respuesta mantiene la lógica asimétrica que anticipé en el primer análisis: multiplicar el coste para el adversario con medios baratos y distribuidos. Misiles y drones contra bases estadounidenses en el Golfo, contra Israel, contra infraestructuras en Emiratos, Kuwait y Bahréin. La Guardia Revolucionaria ha declarado que las universidades estadounidenses e israelíes en Oriente Medio son objetivos militares y ha exigido su evacuación. Y el portavoz del mando militar conjunto iraní ha anunciado que las residencias privadas de funcionarios estadounidenses e israelíes en la región se han convertido en objetivos legítimos.

La situación en el frente diplomático reproduce la ambigüedad deliberada que define esta guerra. Donald Trump ha prorrogado la pausa sobre las plantas energéticas iraníes hasta el 6 de abril, afirmando que las conversaciones «van muy bien». Al mismo tiempo, ha desplegado un nuevo contingente de 3.500 soldados hacia la región, sumándose a los más de 50.000 ya operativos, mientras sopesa la posibilidad de tomar la isla de Jarg, sede de la principal terminal petrolera iraní. En un acto público en Miami, Trump se refirió al estrecho de Ormuz como «el estrecho de Trump», antes de corregirse entre bromas. No es un detalle menor: revela tanto la ambición como la distancia entre el relato y la realidad operativa.

Trump quiere poder declarar victoria sin necesidad de una guerra terrestre prolongada. Irán quiere sobrevivir sin firmar una capitulación. Ambos buscan una salida que les permita sostener un relato de triunfo ante sus audiencias domésticas. Pero ninguno puede ofrecérsela al otro sin que parezca una derrota. Y mientras tanto, Irán acumula 30 días de apagón de internet, 696 horas de oscuridad informativa según NetBlocks: un país de 88 millones de personas sometido a un doble aislamiento, del mundo exterior por las bombas y de sí mismo por el bloqueo digital.

Líbano: la quinta invasión y la lógica de Gaza

Si Irán es el centro del conflicto, Líbano es su víctima colateral más devastada. Hezbolá lanzó cohetes contra Israel el 2 de marzo en respuesta al asesinato de Jamenei. Israel respondió con ataques masivos. El 16 de marzo, el ejército israelí inició operaciones terrestres en el sur del país.

Lo que ha ocurrido desde entonces confirma los peores pronósticos. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha declarado que la operación seguirá «el modelo de Rafah y Beit Hanoun». Benajamin Netanyahu ha ordenado expandir la zona de seguridad en el sur de Líbano y ha declarado que los desplazados no podrán regresar mientras Hezbolá sea una amenaza. Israel ha dinamitado todos los puentes sobre el río Litani, cortando las comunicaciones entre el sur y el resto del país. Imágenes por satélite muestran al menos cinco bases militares israelíes reforzadas dentro de territorio libanés. El Líbano ha declarado persona non grata al embajador designado de Irán, en una señal de hasta qué punto la guerra ha fracturado las alianzas regionales más consolidadas.

Es la quinta vez que Israel invade el sur de Líbano desde 1978. Las anteriores terminaron con retiradas. Esta vez, la lógica operativa apunta a algo distinto: ocupación prolongada y control territorial. Y el conflicto ha adquirido esta semana una dimensión simbólica que trasciende lo militar: Israel impidió al Patriarca Latino de Jerusalén celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, alegando motivos de seguridad. La condena fue inmediata e internacional, incluso entre aliados habituales de Netanyahu. Pedro Sánchez este ataque como «injustificado». Es la primera vez en siglos que un líder religioso cristiano es bloqueado en la entrada al templo más sagrado del cristianismo.

El dilema libanés no tiene solución militar. El gobierno de Beirut ha condenado a Hezbolá por lanzar ataques sin autorización estatal. Israel ha ignorado cada oferta de negociación del gobierno libanés. Líbano queda atrapado entre un grupo armado que actúa como Estado propio y un ejército extranjero que destruye su territorio. Ninguno le ha pedido permiso.

El estrecho de Ormuz: la arteria cortada del sistema global

Si hay un punto del mapa donde el conflicto regional se convierte en crisis global, es el estrecho de Ormuz. La Agencia Internacional de la Energía lo ha calificado como la mayor disrupción de suministro en la historia del mercado mundial de petróleo. El crudo Brent supera los 109 dólares por barril. Más de 3.000 buques permanecen varados en el Golfo Pérsico. Los mercados asiáticos han abierto hoy con caídas superiores al 5% en el Nikkei y al 4% en el Kospi. El mundo está perdiendo hasta 20 millones de barriles de petróleo al día de productores del Golfo, según JPMorgan.

La geografía favorece al débil. Irán ha convertido el control del estrecho en su principal instrumento de negociación. Esta semana añadió una nueva condición a su lista de exigencias para poner fin a la guerra: el reconocimiento de la soberanía iraní sobre Ormuz y el derecho a cobrar tasas sobre el tránsito de buques. Pakistán ha negociado el paso de barcos con bandera propia: un gesto diplomático que es, ante todo, la demostración de quién tiene la llave.

Estados Unidos puede destruir la armada iraní. Puede degradar sus defensas aéreas y hundir sus fragatas. Pero no puede abrir el estrecho de Ormuz sin el consentimiento de Irán. Eso convierte a Teherán, pese a los bombardeos, en un actor con capacidad de veto sobre la economía global. Y transforma cada negociación sobre el estrecho en una negociación, de facto, sobre los términos del fin de la guerra.

Los frentes periféricos: la guerra que se sostiene desde los márgenes

El conflicto desborda los dos escenarios principales mediante una lógica que no depende de un mando centralizado sino de una red distribuida de actores con objetivos parcialmente convergentes. Los hutíes de Yemen han llevado a cabo ya dos operaciones militares formales contra Israel con misiles de crucero y drones. En Irak, grupos pro-iraníes atacan intereses estadounidenses mientras las fuerzas de EEUU y milicias iraquíes intercambian fuego en distintos puntos del país. Baréin ha interceptado 174 misiles iraníes y 391 drones desde el inicio de la guerra. Kuwait ha sufrido un ataque con drones que dañó el radar de su aeropuerto internacional.

Lo que estos frentes revelan es la activación simultánea del «eje de resistencia» iraní: un sistema diseñado para hacer que el coste de la guerra sea acumulativo, no en un solo punto sino en todos a la vez. La lógica es la misma que describí en marzo: saturar, dispersar, obligar al adversario a defender todo simultáneamente. Lo nuevo es que esa lógica ya no es una hipótesis. Es el campo de batalla real.

La diplomacia que corre detrás de las bombas

Los ministros de Exteriores de Pakistán, Turquía, Egipto y Arabia Saudí se han reunido en Islamabad. Ni Estados Unidos ni Irán están en la mesa, pero Pakistán ha confirmado que acogerá conversaciones directas entre ambos «en los próximos días». Es el movimiento diplomático más concreto desde el inicio del conflicto, y llega mientras Trump prorroga la pausa militar y Teherán mantiene sus cinco condiciones: reparaciones de guerra, reconocimiento de soberanía sobre Ormuz, levantamiento de sanciones, garantías de no agresión y retirada de fuerzas estadounidenses de la región.

Los países del Golfo descubren en tiempo real que el paraguas de seguridad estadounidense no los protege de los misiles de su vecino, sino que los convierte en blanco. Es la quiebra de un modelo de seguridad regional que llevaba décadas funcionando sobre un supuesto que la guerra ha destruido. El colapso sistémico del modelo económico del Consejo de Cooperación del Golfo —con exportaciones bloqueadas, contratos cancelados y aeropuertos dañados— es la factura concreta de ese descubrimiento.

Lo que ha dejado de existir

Aun si se firmara un alto el fuego mañana —hipótesis que nadie maneja con seriedad—, el mapa regional ha cambiado de forma irreversible. Irán ha sido devastado pero no sometido. Líbano ha sido invadido por quinta vez y esta vez la lógica apunta a la ocupación indefinida. El Golfo Pérsico ha descubierto que la alianza con Washington tiene un precio que incluye recibir misiles iraníes. Israel ha expandido su huella militar en territorio libanés con una dinámica que reproduce Gaza e impide celebrar el Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro. Yemen ha demostrado que un grupo insurgente con misiles puede condicionar un conflicto entre potencias nucleares. Y Pakistán, no Rusia ni China, ha acabado ejerciendo de mediador.

La arquitectura de seguridad que funcionaba sobre líneas rojas no escritas, equilibrios tácitos y la ficción de que el conflicto podía contenerse ha dejado de operar. Lo que emerge es un espacio sin reglas estables, donde cada actor intenta redefinir su posición mientras los escombros siguen cayendo. Donde la lógica dominante ya no es la disuasión —que funcionaba precisamente porque nadie la ponía a prueba— sino la escalada administrada, que solo funciona hasta que deja de funcionar.

Treinta días de guerra. Cinco frentes abiertos. Una crisis energética global. Y la constatación de que Oriente Medio ha entrado en una fase que no se parece a nada de lo que hemos visto en las últimas tres décadas. No es la guerra del Golfo de 1991, donde una coalición resolvió un conflicto en semanas. No es la invasión de Irak de 2003, donde el problema no fue ganar sino ocupar. Es algo nuevo: una guerra sin frente definido, sin ocupación declarada, sin objetivo político articulado más allá de la destrucción, y sin mecanismo de salida que satisfaga a todas las partes. Lo más peligroso de esta guerra no es lo que ha destruido. Es que nadie sabe todavía qué viene después.

Disponible en: Todostuslibros | Amazon | La Casa del Libro | El Corte Inglés

Hace poco más de un mes escribí sobre Perú como el país donde gobernar es caer. Entonces acababa de asumir José María Balcázar, abogado de 83 años de Perú Libre, el enésimo presidente en una década —desde 2016—, el Congreso ha cesado a cuatro mandatarios, dos renunciaron antes de serlo y apenas uno completó su mandato interino. La tesis era que el problema de Perú no son los presidentes. Es la Presidencia. Treinta y cinco días después, esa tesis se ha confirmado con puntualidad.

Balcázar cambió de primer ministro a las tres semanas, reconfiguró el gabinete a un mes de las elecciones, impulsó una norma que eliminó los concursos públicos para plazas universitarias —beneficiando directamente a su hijo— y asumió entre acusaciones por declaraciones a favor del matrimonio infantil. Todo mientras 27 millones de peruanos se preparan para votar el 12 de abril. La pregunta que nadie formula con suficiente claridad no es por quién votarán. Es si lo que elijan servirá de algo.

La papeleta imposible

Treinta y seis candidatos presidenciales, la cifra más alta de la historia electoral del país. Con 43 organizaciones habilitadas y una barrera de inscripción equivalente al 0,1% del padrón, la atomización era previsible. Lo que sorprende es que, a menos de tres semanas del voto, nadie haya despegado. Las encuestas más recientes de marzo muestran a Rafael López Aliaga, empresario y ex alcalde de Lima, y Keiko Fujimori prácticamente empatados en torno al 10-11%, con ambos en caída mientras Alfonso López-Chau y Wolfgang Grozo crecen desde posiciones residuales. Más de un tercio del electorado declara que votará en blanco, nulo o “ninguno”, o que no sabe decidirse. El bloque mayoritario del Perú no es la derecha ni la izquierda. Es el rechazo.

Fujimori, en su cuarta candidatura, arrastra un antivoto del 54%. López Aliaga carga con las limitaciones de una gestión municipal con más ruido que resultados. Los intervalos de confianza muestran que no existen diferencias estadísticamente significativas entre varios candidatos de tercer nivel. Cualquiera podría colarse en la segunda vuelta. El problema es que gobernar, en Perú, no depende de ganar.

El debate que no fue

Esta semana arrancó el ciclo de debates presidenciales del Jurado Nacional de Elecciones: 36 candidatos, tres jornadas, turnos de minutos. El resultado es un desfile de eslóganes donde la corrupción y la inseguridad —que cuestan al país más de 43.800 millones de soles anuales, alrededor del 4,1% del PIB— reciben como respuesta “mano de hierro” o “mano solidaria”. Nadie nombra el problema de fondo: que no hay 36 proyectos de país en esa papeleta. Hay 36 vehículos de acceso al poder. Estructuras sin cuadros, sin programa, sin vida más allá del ciclo electoral.

El Congreso bicameral: la reforma que puede agravar lo que quería solucionar

Estas elecciones inauguran el retorno a la bicameralidad: 60 senadores y 130 diputados. Sobre el papel, un contrapeso institucional. En la práctica, con este nivel de fragmentación, puede producir exactamente lo contrario. El presidente electo tendrá que negociar con dos hemiciclos compuestos por grupos volátiles, sin disciplina de partido y con incentivos para el bloqueo. El antecedente es elocuente: Kuczynski llegó al poder con apenas 18 congresistas frente a los 73 escaños de Fuerza Popular, lo que permitió bloqueos constantes y procesos de vacancia que terminaron con su renuncia. Ahora hay dos cámaras para repetirlo.

Lo que el crimen le hace a la democracia

La inseguridad es el problema que los peruanos llevan al cuarto oscuro. En 2025 se registraron más de 27.000 denuncias por extorsión proyectadas al cierre del año —una cada 19 minutos—, cuando en 2018 apenas se contabilizaban 3.225. El fenómeno, antes concentrado en La Libertad, se ha extendido a 19 regiones. El 32% de los peruanos ha visto cerrar algún negocio a causa de la delincuencia.

Pero el dato que entra de lleno en el terreno de la calidad democrática es otro: el 78% considera probable que el dinero del crimen organizado incida en los resultados electorales. Según la Fiscalía de la Nación, más de 226 autoridades electas en las últimas elecciones subnacionales están siendo investigadas por vínculos con organizaciones criminales. Solo el 11% de los ciudadanos cree que el próximo gobierno logrará mejorar la seguridad; el 46% teme que la situación empeore. La inseguridad en Perú no es un fallo policial. Es un síntoma de un Estado que no llega, de una economía informal mayoritaria y de un territorio donde el control estatal es, en muchas zonas, una ficción.

La paradoja que no se rompe

Perú mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos —banco central independiente, reservas de cobre y oro, inflación controlada— mientras su democracia se desmorona. Pero la resiliencia económica tiene límites: el Banco Central de Reserva advierte que la delincuencia desincentiva la inversión con un coste que puede alcanzar el 2,2% del PIB, y la inversión privada comienza a resentirse. Más del 60% de los peruanos acudirá a las urnas con escepticismo o rechazo. Una democracia puede funcionar con ciudadanos enfadados. Difícilmente funciona con ciudadanos que ya no creen en ella.

En perspectiva comparada

El caso peruano no es una excepción latinoamericana: es la versión más extrema de un fenómeno que recorre toda la región. En España conocemos la fragmentación parlamentaria post-2015, pero el sistema ha mantenido —con dificultad— la capacidad de formar gobiernos. En Italia, la rotación de primeros ministros fue estructural durante décadas, pero los partidos conservaban cierta solidez institucional. En Perú, ambos problemas se dan a la vez y sin red de seguridad. Cuatro tendencias predominan en América Latina en 2026: voto de castigo al oficialismo, pérdida del centro, el “factor Trump” y la inseguridad como eje de campaña. Perú condensa las cuatro en un solo proceso electoral.

Lo que viene después del 12 de abril

Quien gane —probablemente en segunda vuelta en junio— llegará a Palacio con una legitimidad frágil, un Congreso bicameral hostil y una ciudadanía que ha visto caer a varios presidentes en una década sin que nada cambie. Sin reformas estructurales, el riesgo de inestabilidad persistirá.

Perú vota en tres semanas con una papeleta que necesita ser doblada varias veces para caber en la urna. El 12 de abril no se decide quién gobernará Perú. Se decide quién será el próximo en intentarlo. Las elecciones son condición necesaria de la democracia, nunca condición suficiente. Sin partidos que articulen, sin instituciones que contengan, el voto es un gesto que se repite sin transformar nada. Y los que pagan ese precio son los millones de peruanos que siguen esperando una democracia que los proteja. Ese Perú no aparece en la papeleta del 12 de abril. Pero es el único que importa.

Cuando una empresa de inteligencia artificial publica un estudio sobre cómo su propia tecnología transforma el mercado laboral, la primera reacción razonable es la sospecha. ¿No es como pedir al lobo que cuente las ovejas? Pero el informe Labor Market Impacts of AI: A New Measure and Early Evidence, publicado por Anthropic en marzo de 2026, merece una lectura atenta por tres razones. Primera, porque propone una metodología novedosa que distingue entre lo que la IA podría hacer y lo que realmente está haciendo. Segunda, porque sus hallazgos para Estados Unidos son directamente relevantes para el debate europeo. Y tercera, porque su conclusión más inquietante no es la que el titular haría esperar.

La brecha entre capacidad y uso real

El concepto central del estudio es lo que los investigadores Maxim Massenkoff y Peter McCrory denominan exposición observada. Hasta ahora, la mayoría de las mediciones sobre qué empleos están amenazados por la IA se basaban en evaluaciones teóricas: ¿es posible que un modelo de lenguaje realice esta tarea al menos el doble de rápido? Ese era el enfoque del influyente trabajo de Eloundou et al. (2023), que clasificó las tareas del sistema ocupacional estadounidense O*NET en una escala de 0 a 1. Un ejercicio útil, pero que medía el potencial, no el presente.

Lo que Anthropic añade es el contraste con la realidad. Usando datos de uso de Claude cruzados con la base O*NET y las estimaciones teóricas de Eloundou et al., los autores miden qué tareas se están realizando efectivamente con inteligencia artificial en contextos profesionales, ponderando más los usos automatizados —vía API— que los de asistencia directa al usuario. El resultado es revelador: la cobertura real es una fracción de la teóricamente posible. En la categoría de empleos informáticos y matemáticos, el 94% de las tareas son teóricamente automatizables, pero Claude solo cubre actualmente el 33%. La brecha es enorme y sistemática en todas las categorías ocupacionales.

Este dato debería moderar tanto el catastrofismo como la complacencia. Que la IA esté lejos de su potencial teórico no significa que no avance: el 97% del uso observado de Claude se concentra en tareas que la evaluación teórica ya marcaba como viables. La tecnología no está explorando territorio nuevo; está colonizando, gradualmente, el que ya tenía mapeado. Y a medida que mejoren los modelos, bajen los costes y se reduzcan las fricciones regulatorias, esa brecha se irá cerrando.

¿Quién está en primera línea? Un perfil que no es el esperado

Las ocupaciones con mayor exposición observada son programadores informáticos (74,5%), representantes de atención al cliente (70,1%), operadores de entrada de datos (67,1%), especialistas en registros médicos (66,7%) y analistas de marketing e investigación de mercados (64,8%). Les siguen representantes comerciales (62,8%), analistas financieros (57,2%) y analistas de calidad de software (51,9%). En el extremo opuesto, un 30% de los trabajadores tienen exposición nula: cocineros, mecánicos, socorristas, camareros, lavaplatos.

El perfil demográfico de los más expuestos desafía la narrativa habitual sobre la automatización, que históricamente señalaba a obreros industriales y trabajadores manuales. Según datos de la Current Population Survey de EE.UU. para los meses previos al lanzamiento de ChatGPT, los trabajadores del cuartil superior de exposición son 16 puntos porcentuales más propensos a ser mujeres, ganan de media 32,69 dólares por hora frente a 22,23, y los titulados con posgrado representan el 17,4% del grupo expuesto frente al 4,5% del no expuesto. Dicho directamente: la IA no viene a por los camareros ni los albañiles, sino a por los analistas financieros, los programadores y las gestoras administrativas. La automatización del siglo XXI tiene un sesgo de clase y de género que invierte el de la anterior, porque por primera vez la revolución industrial afecta al trabajo intelectual y no tanto al manual.

El canario en la mina tiene 23 años

El hallazgo más relevante para las políticas públicas no está en las cifras de desempleo. No existe un aumento sistemático del paro en las ocupaciones más expuestas desde finales de 2022. Pero sí se detecta una señal temprana, y perturbadora, en la contratación de trabajadores jóvenes.

Usando el panel de la Current Population Survey para rastrear inicios de empleo entre trabajadores de 22 a 25 años, Massenkoff y McCrory documentan que la tasa de incorporación a ocupaciones expuestas ha caído un 14% respecto a 2022, mientras que la tasa de entrada a empleos no expuestos se mantiene estable en torno al 2% mensual. El efecto no aparece para trabajadores mayores de 25 años.

Este dato converge con los hallazgos de Brynjolfsson, Chandar y Chen (2025), que usando datos de nóminas de ADP documentaron caídas de empleo de entre el 6% y el 16% entre jóvenes de esa misma franja de edad en ocupaciones expuestas, atribuyéndolas principalmente a una ralentización de la contratación, no a un aumento de los despidos. De ahí la metáfora que acuñaron: canarios en la mina. Los primeros en notar el cambio de atmósfera no son los más vulnerables en términos de renta o cualificación, sino los más recientes.

La mecánica es sutil pero poderosa. Las empresas no están despidiendo masivamente a jóvenes; simplemente no los están contratando al ritmo anterior. No es un despido, sino una puerta que se cierra sin que nadie anuncie el cierre. Esto explica por qué el efecto no aparece en las cifras de desempleo: muchos de estos jóvenes permanecen en empleos previos, cambian de sector o prolongan su formación. Pero la señal de fondo es clara: en el margen, las empresas están eligiendo herramientas de IA donde antes elegían perfiles junior.

Traducción europea: lo que esto significa para España

El estudio de Anthropic se basa íntegramente en datos estadounidenses. Pero la estructura ocupacional que describe —con profesiones administrativas, informáticas, financieras y de atención al cliente como las más expuestas— es perfectamente reconocible en el mercado laboral europeo, y particularmente en el español.

Varios factores agravan las implicaciones para España. La tasa de desempleo sigue siendo la más alta de la UE, alrededor del 10,5% frente a una media del 6%, lo que significa que cualquier perturbación adicional en la contratación opera sobre un mercado ya estructuralmente débil. Randstad Research estima que un 9,8% de los empleos españoles —unos dos millones— están en riesgo de automatización por IA en la próxima década, mientras que un 15,9% podrían ver aumentada su productividad. Y como señala un análisis de BBVA Research para el caso español, la IA es extraordinariamente buena replicando el conocimiento codificado —lo que se aprende en los libros y la universidad—, que es precisamente el valor principal que ofrece un perfil junior. El trabajador veterano usa la IA como copiloto que potencia su experiencia; el joven descubre que su ventaja competitiva ya no basta sin el criterio que solo da la trayectoria.

No obstante, la dinámica que Anthropic identifica es que las empresas europeas están usando la IA para hacer más productivos a sus empleados actuales mientras reducen la contratación de perfiles de entrada, las cifras globales de empleo se mantendrán estables —o incluso mejorarán— mientras se cierra silenciosamente la puerta de acceso al mercado laboral para toda una generación. Es un efecto que no aparece en las encuestas a empresas sobre planes de contratación, porque no consiste en despedir, sino en no contratar.

Lo que la evidencia exige a las políticas públicas

En el Consejo EPSCO de marzo de 2026, la ministra Yolanda Díaz planteó en Bruselas la necesidad de crear un indicador de riesgo de automatización, avanzar en una agencia europea de protección de datos laborales, y que las empresas de IA tributen para financiar un fondo de adaptación a la transición digital. Son propuestas legítimas. Pero el informe de Anthropic sugiere que el foco necesita ser más granular y, sobre todo, más preventivo.

1. Medir lo que importa. España y la UE necesitan desarrollar métricas de exposición observada propias, no depender de estimaciones teóricas ni de datos de plataformas estadounidenses. Anthropic ha publicado sus datos en abierto. El siguiente paso lógico es replicar esta metodología cruzando datos de uso de IA europeos con la clasificación ocupacional ESCO —el equivalente comunitario de O*NET—, y las obligaciones de transparencia del AI Act podrían ser el instrumento para obtener esa información de las plataformas.

2. Vigilar la contratación, no solo el desempleo. Las cifras de paro son un indicador rezagado. Si el impacto opera fundamentalmente a través de la no contratación de jóvenes, los servicios públicos de empleo necesitan monitorizar los flujos de entrada al mercado laboral por ocupación y grupo de edad con una frecuencia que hoy no tienen. Eurostat publica tasas de desempleo juvenil, pero no desagrega por nivel de exposición tecnológica de las ocupaciones.

3. Reformar la formación inicial. Si el conocimiento codificado es lo que la IA replica mejor, la respuesta educativa no puede ser más conocimiento codificado. Los grados universitarios en administración de empresas, derecho, periodismo o marketing —carreras que alimentan directamente las ocupaciones más expuestas— necesitan incorporar con urgencia la formación en juicio experto, gestión de la ambigüedad y supervisión de sistemas automatizados. No se trata de enseñar prompt engineering, sino de formar profesionales cuyo valor sea precisamente lo que la máquina no puede aportar.

4. Repensar la protección social para una transición que no se parece a las anteriores. El modelo clásico asume despidos identificables. Pero si el efecto principal es una ralentización difusa de la contratación, los instrumentos habituales —prestaciones por desempleo, expedientes de regulación— no capturan a los afectados. Se necesitan mecanismos que acompañen a los jóvenes en transición: programas de recualificación vinculados al primer empleo, incentivos fiscales para la contratación junior en sectores expuestos, pasarelas entre formación y empleo que no dependan exclusivamente de las prácticas curriculares.

5. No confundir la foto con la película. El propio estudio insiste en que sus resultados son una instantánea. La brecha entre capacidad teórica y uso real se irá cerrando conforme mejoren los modelos y se abaraten los costes. Que hoy no haya un aumento significativo del desempleo en las ocupaciones expuestas no garantiza nada sobre mañana. La ventana para diseñar políticas preventivas —en lugar de reactivas— está abierta, pero no indefinidamente.

El lobo que se cuenta a sí mismo

Hay algo inusual en que Anthropic publique un informe que reconoce explícitamente la capacidad disruptiva de su propio producto. El CEO Dario Amodei ha advertido públicamente de que la IA podría alterar la mitad del trabajo administrativo de nivel de entrada. Puede leerse como responsabilidad corporativa, como estrategia reputacional preventiva, o como ambas cosas a la vez. Pero hay un elemento que merece señalarse con independencia de los motivos: al usar sus propios datos de uso, Anthropic tiene acceso a información que ningún investigador externo posee. La tensión entre la transparencia necesaria para el debate público y la ventaja informativa que otorgan los datos propietarios es un problema que el AI Act europeo apenas ha comenzado a abordar.

Lo que este informe demuestra, en última instancia, es que la conversación sobre IA y empleo necesita pasar de los escenarios hipotéticos a la evidencia empírica granular. Y que esa evidencia, por ahora, cuenta una historia más matizada que la de los titulares: no un apocalipsis laboral inminente, sino una transformación silenciosa que afecta primero a quienes menos la esperaban: profesionales cualificados, mujeres en ocupaciones administrativas y, sobre todo, jóvenes que llaman a la puerta de un mercado laboral que está cambiando las cerraduras.

Disponible en: Todostuslibros | Amazon | La Casa del Libro | El Corte Inglés

En Agenda Pública analizo las elecciones. Castilla y León: el PP que repite sin mayoría, un PSOE que resiste mejor de lo esperado y una izquierda alternativa que desaparece del mapa. Puedes leerlo aquí: https://agendapublica.es/noticia/20812/castilla-leon-pp-repite-sin-mayoria-vox-se-atasca-carlos-martinez-da-aire-al-psoe

Vox llegó a Castilla y León surfeando una ola. Había duplicado escaños en Extremadura en diciembre. Había repetido la hazaña en Aragón en febrero. Los pronósticos le daban entre 17 y 18 procuradores y un 20% largo. La noche del 15 de marzo se quedó en 14 escaños y un 18,9%. Su mejor marca autonómica desde que existe como partido. Y sin embargo, en la sede de Valladolid no hubo euforia.

La paradoja resume bien el momento político de Vox: crece, pero en Castilla y León lo ha hecho por debajo de sus expectativas. La situación es la siguiente: avanza, pero no al ritmo que necesita para cambiar la correlación de fuerzas dentro de la derecha aunque su trayectoria sea ascendente. Y esto obliga a hacerse las preguntas correctas.

¿Techo electoral?

Es la que más se repite, y la que peor se formula. Decir que Vox ha tocado techo porque no ha llegado al 20% en Castilla y León es confundir una expectativa con un límite estructural. Conviene poner los números en contexto: en 2022, Vox obtuvo aquí un 17% —ya entonces su mejor resultado autonómico—. Partía, por tanto, desde una base consolidada. En Extremadura y Aragón duplicó escaños, sí, pero arrancaba desde 5 y 7 respectivamente. Aquí arrancaba desde 13. El margen de crecimiento era, por definición, menor.

A nivel nacional, las encuestas sitúan a Vox en torno al 20% con comodidad. Y el partido ya pasó por una fase de estancamiento y cierto retroceso en 2024 —europeas, salida de los gobiernos— sin que aquello fuera definitivo. Declarar el techo de un partido que lleva año y medio creciendo es un ejercicio más voluntarista que analítico.

Lo cual no significa que no haya frenos. Los hay, y algunos son específicos de Castilla y León.

Lo que ha frenado a Vox

El ruido interno ha pesado. Las purgas en Vox no son nuevas, pero el calendario jugó en contra: la crisis de Murcia —con la dimisión en bloque de la cúpula regional— estalló a tres semanas de las urnas. Y Juan García-Gallardo, exvicepresidente de la Junta y figura controvertida, no desapareció del primer plano mediático ante esta batalla interna. Su decisión de ejercer como abogado del purgado José Ángel Antelo contra la propia dirección nacional generó titulares que no beneficiaban a un candidato como Carlos Pollán, de perfil más discreto e institucional, ni al relato de unidad que Vox necesitaba proyectar.

A eso se suma el recuerdo del gobierno de coalición. La etapa PP-Vox en Castilla y León (2022-2024) dejó un balance tibio: consejerías con escaso impacto en la batalla cultural que prometían, tensiones internas constantes y una salida del Ejecutivo que fue más impuesta desde Madrid que decidida en la propia comunidad autónoma. Para una parte del electorado, ese recuerdo no invitaba a repetir.

Y hay un factor externo que se suele pasar por alto: el contexto Donald Trump. Puede sonar paradójico, pero la radicalización del debate internacional ha reforzado al PP como opción de orden dentro del bloque de la derecha. El votante conservador que busca estabilidad no necesariamente se mueve hacia Vox; puede que se aferre más al PP precisamente porque el entorno ya es suficientemente turbulento.

Las propias encuestas apuntaban en esa dirección. Las matrices de transferencia de voto del CIS y 40dB no mostraban trasvases masivos de PP a Vox. Se especulaba con voto oculto, pero ese voto oculto fue más discreto de lo previsto.

El muro que no sale en las encuestas

Hay un factor que los sondeos no capturan bien y que en Castilla y León ha sido determinante: la estructura del territorio. Más de 2.200 municipios. Provincias como Zamora con cerca de 250 ayuntamientos para 150.000 habitantes, donde la mitad de los pueblos no llegan a 500 vecinos. En ese paisaje atomizado, los cargos locales y la red orgánica del PP funcionan como una maquinaria de movilización que ningún otro partido de la derecha puede replicar.

El perfil demográfico amplifica el efecto. Una población envejecida vota a lo conocido. El electorado mayor de 50 años ha mantenido una lealtad consistente al bipartidismo durante las dos últimas décadas. Vox crece entre el votante de malestar, más urbano, más joven, que busca opciones percibidas como nuevas. Ese perfil existe en Valladolid o Burgos, pero pesa menos en el interior despoblado.

En definitiva, la implantación orgánica del PP actúa como un dique. A nivel nacional es más poroso; en una comunidad con esta configuración territorial retiene votantes que, en otro contexto, podrían migrar hacia Vox. Es una ventaja estructural, no coyuntural. Y eso es relevante de cara a lo que viene.

¿Vox puede seguir creciendo?

Hay una lectura interesada que conviene desmontar: la de quienes sostienen que Castilla y León demuestra la incapacidad de Vox para ensancharse. Es un argumento oportunista, en clave interna de la derecha, que ignora lo que ha ocurrido en el último año y medio. Vox ha crecido de forma sostenida desde la salida de los gobiernos autonómicos, y ese crecimiento responde a un cambio estratégico vinculado al relevo de la élite dirigente del partido. Los perfiles que hoy marcan la línea buscan un discurso más transversal, orientado al votante de malestar, con menos énfasis en la confrontación identitaria dura y más en la percepción de novedad frente al bipartidismo.

Las purgas tienen costes, sin duda. Pueden generar rechazo en parte del electorado y proyectar imagen de inestabilidad. Pero hasta ahora esos costes no se han traducido en un freno agregado significativo. Vox no está en fase de repliegue: está ensayando un reposicionamiento cuyo alcance solo se medirá en las próximas citas electorales.

Castilla y León no le ha dado a Vox el salto que esperaba, pero tampoco permite decretar su agotamiento. Lo que deja claro es que el crecimiento de la derecha radical en España es más irregular, más territorial y más sensible al contexto de lo que sugieren las encuestas nacionales. Vox ha roto su récord. Pero no ha roto las costuras del PP. Y esa es, hoy, la distinción que importa.

Hay meses que son años y años que son décadas. 2026 lleva apenas tres meses y ya ha cambiado la geografía del poder mundial de una forma que los libros de texto tardarán años en asimilar. Estados Unidos ha bombardeado Irán junto a Israel y eliminado a su líder supremo. Venezuela ha pasado, en semanas, de ser un régimen que desafiaba a Washington a firmar contratos petroleros con él. La OTAN ha activado una operación de emergencia en el Ártico para frenar las presiones de Donald Trump sobre Groenlandia. Y Gaza sigue ardiendo mientras el mapa de Oriente Próximo se redibuja a fuego.

Nada de esto es accidental. Nada de esto es caos. Hay un hilo que conecta todos estos movimientos, y ese hilo tiene nombre: la doctrina del nuevo realismo imperial americano.

Irán: el detonante

Todo comenzó antes de los bombardeos. A finales de 2025, Irán vivía ya su mayor crisis interna desde la revolución de 1979. Las protestas que habían sacudido el país de forma intermitente desde 2019 alcanzaron una nueva fase de intensidad: economía en colapso, sanciones asfixiantes, una generación joven que había perdido el miedo y un régimen que respondía con más represión pero con menos convicción ideológica. El árbol estaba seco. Solo faltaba la chispa.

La chispa la puso Washington, con Tel Aviv de copiloto. El 28 de febrero de 2026, una operación conjunta estadounidense-israelí eliminó en un solo golpe al líder supremo Alí Jamenei, al comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, y al secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani. Tres décadas de arquitectura teocrática decapitadas en horas. Trump lo anunció sin rodeos: “Rendición incondicional. No hay nada que negociar”. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, respondió con la única frase que le quedaba: “Les estamos esperando”. Más de 1.200 muertos. Misiles en dirección a Israel.

¿Quién gobierna Irán?

Durante una semana, la pregunta que nadie sabía responder con precisión fue también la más importante: ¿quién manda ahora en Teherán?

Read more

Participan Cristina García Casado (Zamora, 1987), periodista independiente y colaboradora de medios nacionales e internacionales, y Juan Navarro García (Valladolid, 1993), periodista de El País en Castilla y León y autor de Los rescoldos de la Culebra: Fuego y muerte en los incendios de Zamora (Libros del K.O., 2024).

Una conversación para entender qué se mueve bajo la superficie electoral y por qué lo que ocurre en Castilla y León puede anticipar dinámicas más amplias en la política española.

Entre el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2026, la confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán cruza un umbral que la distingue de las crisis anteriores entre estas potencias en Oriente Medio. Lo que ha comenzado como una campaña aérea de amplio espectro se ha convertido, en cuestión de horas, en un conflicto con lógica propia: acción y reacción sostenidas, capacidad de desbordarse a varios escenarios simultáneos y un efecto que desnuda las asimetrías de la arquitectura de alianzas globales. Este análisis reconstruye la secuencia, identifica las fuerzas en juego y traza los escenarios más probables a corto plazo.

El golpe y su lógica

La primera oleada ha combinado ataques de largo alcance y aviación contra un abanico deliberadamente amplio de objetivos: nodos de mando y control, infraestructuras militares, defensas aéreas e instalaciones asociadas al aparato político del régimen en Teherán y otras regiones. El patrón de blancos revela una triple intención operativa: degradar con rapidez la capacidad iraní de sostener una guerra de misiles y drones, abrir corredores de penetración para oleadas sucesivas y desorganizar la respuesta centralizada del Estado.

Pero el salto cualitativo se ha producido cuando se confirmó la muerte del líder supremo Alí Jameneí y de otros altos mandos. Con este paso, la campaña adopta una lógica de decapitación del liderazgo. A partir de ese momento, para Teherán el problema deja de ser la pérdida de capacidades militares y pasa a ser la supervivencia del régimen y el control de la sucesión. Para Washington, la retórica pública sobre una «oportunidad» de cambio interno refuerza la lectura iraní de que la campaña no es meramente disuasoria, sino que aspira a reconfigurar el orden político del país.

La respuesta iraní: regionalizar el coste

Irán sabe que en un intercambio convencional pierde. Su lógica, por tanto, es asimétrica: multiplicar el coste de la campaña para el adversario con los medios disponibles. La respuesta consiste en lanzar misiles y drones contra Israel y contra bases estadounidenses desplegadas en varios países de la región. El objetivo no es la victoria militar, sino producir tres efectos convergentes.

En el plano operativo, saturar las defensas adversarias y obligar a consumir interceptores cuyo coste unitario supera en órdenes de magnitud al de los proyectiles que neutralizan. En el plano político, involucrar a terceros —sobre todo a los Estados del Golfo que albergan activos de EE.UU.— como escenario involuntario del conflicto, elevando así el coste diplomático para Washington. Y en el plano doméstico, sostener la narrativa de «resistencia» y disuadir fracturas internas mientras se gestiona la crisis sucesoria.

La repetición de oleadas israelíes contra sistemas de defensa y misiles iraníes el 1 de marzo instala un bucle peligroso: cada golpe pretende reducir la capacidad del otro de responder; cada respuesta busca demostrar que esa reducción no es decisiva. El riesgo crece porque ambos bandos tienen incentivos para exhibir fuerza —EE.UU. e Israel para que la campaña parezca irreversible, Irán para que su disuasión no colapse— y cada ciclo reduce el tiempo disponible para que un error táctico no se convierta en escalada estratégica.

La arquitectura regional: actores atrapados

Los Estados del Golfo quedan prisioneros de un dilema: dependen del paraguas de seguridad estadounidense, pero al convertirse en objetivo de represalias iraníes deben defender su soberanía ante sus propias opiniones públicas. Su comportamiento es decisivo: si cierran filas con Washington, Irán queda más aislado; si exigen restricciones operativas o piden mediación, elevan el coste estratégico de la campaña. Nada de lo que hagan sale gratis.

Hezbolá enfrenta un cálculo igualmente complejo. Debilitado por golpes previos, entrar a pleno rendimiento puede destruir lo que le queda de capital político en Líbano; no entrar puede erosionar su reputación como vanguardia del llamado «eje de resistencia». Los hutíes, con el vector marítimo, pueden elevar el coste global mediante ataques o amenazas contra la navegación, aunque el daño material sea acotado. En un conflicto así, la percepción de riesgo opera casi con tanta fuerza como el daño real.

Los aliados de Rusia se quedan solos

La crisis iraní ilumina con crudeza una diferencia estructural entre los dos grandes sistemas de alianzas. Rusia ofrece condena diplomática, cobertura narrativa y, en ocasiones, cooperación técnica, pero evita cualquier compromiso de defensa directa. No es solo falta de voluntad: es límite material —sobreextensión en Ucrania— y cálculo estratégico —evitar un choque frontal con EE.UU. e Israel y preservar equilibrios con socios del Golfo—. China actúa como gestor de riesgos y protector de intereses económicos, no como garante de seguridad. Su apuesta es de largo plazo: influencia sin asumir costes militares.

Lo revelador es que Irán no es un caso aislado, sino el último eslabón de una serie. La caída del régimen de Asad en Siria eliminó un pilar del despliegue ruso e iraní. La caída de Maduro en Venezuela demostró que Moscú no puede garantizar la supervivencia de socios lejanos cuando Washington decide escalar. El distanciamiento de Armenia respecto al paraguas ruso tras los episodios en el Cáucaso reflejó un patrón recurrente: cuando el aliado espera protección y esta no llega, busca alternativas. La conclusión no es que Rusia carezca de aliados, sino que su sistema de alianzas funciona más como red de transacciones y respaldo político que como sistema de defensa comparable al occidental. Esta crisis convierte esa diferencia en visible y costosa.

Escenarios a corto plazo

El primer escenario —y el más probable si se abre algún canal de salida— es una escalada contenida: campaña aérea continua pero calibrada, respuesta iraní de intensidad variable y tanteos discretos de mediación a través de intermediarios habituales como Omán o Qatar. La clave es que Irán mantenga el fuego lo bastante alto para sostener la disuasión, pero lo bastante bajo para evitar una guerra total, y que EE.UU. e Israel puedan presentar resultados sin necesidad de derribar el régimen.

El segundo escenario, de riesgo alto, es la regionalización multifrente: entrada más decidida de Hezbolá, intensificación en el mar Rojo, ataques reiterados a bases en el Golfo, Irak y Jordania, y un posible salto hacia infraestructuras energéticas. Aquí el conflicto se vuelve menos controlable porque cada actor opera con incentivos propios.

El tercer escenario, de incertidumbre máxima, es el shock interno en Irán: crisis de sucesión, tensiones entre élites y posible protesta social en contexto bélico. Puede producir dos dinámicas opuestas que, paradójicamente, podrían converger en escalada por caminos distintos: cierre autoritario y cohesión por amenaza externa, o fractura interna que degrade la cadena de mando y multiplique decisiones erráticas, incluida la escalada como mecanismo de cohesión.

Lo que hay que vigilar

Los indicadores que marcarán la dirección del conflicto en el corto plazo son cinco. Primero, la selección de blancos: si la campaña se desplaza de objetivos militares a infraestructura civil o económica, la probabilidad de guerra prolongada aumenta. Segundo, el ritmo y la geometría de la respuesta iraní: volumen, precisión, persistencia y, sobre todo, si se concentra en Israel o insiste en el Golfo. Tercero, el comportamiento de los Estados del Golfo ante el dilema entre lealtad y soberanía. Cuarto, si Hezbolá pasa de la retórica al fuego sostenido, obligando a Israel a redistribuir defensa y munición. Y quinto, las señales de sucesión en Irán: anuncios institucionales claros frente a mensajes contradictorios, purgas o rivalidad visible entre aparatos.

El relato estratégico de esta crisis sigue una secuencia clara: EE.UU. e Israel buscan no solo degradar capacidades, sino alterar el equilibrio político interno iraní mediante un shock de liderazgo. Irán responde demostrando que el conflicto no puede encerrarse dentro de sus fronteras. El sistema de alianzas queda retratado con nitidez: Occidente opera con compromisos y proyección de fuerza; Rusia y China, con apoyo político y cálculo de costes. Y el futuro inmediato depende de si se abre una vía de contención o si se cruzan umbrales —multifrente, energía, sucesión— que hagan del conflicto algo ingobernable.

Disponible en: Todostuslibros | Amazon | La Casa del Libro | El Corte Inglés

La semana pasada dejó dos actos que, lejos de despejar el horizonte de las izquierdas españolas, lo emborronaron un poco más. El primero, protagonizado por Gabriel Rufián, Emilio Delgado y Sarah Santaolalla, aspiraba a sacudir la desidia instalada en el espacio político que comparten la izquierda estatal y la plurinacional. La ambición era legítima; la ejecución, mejorable. Improvisaciones, intervenciones erráticas y cortes televisivos orbitando alrededor de una botella de agua. Un acto concebido para propiciar un debate estratégico terminó derivando en una controversia acerca de su verdadero propósito.

Pero el problema de fondo fue más revelador que el de las formas. Rufián, que necesitaba proyectar audacia, recogió cable en el momento decisivo. No propuso nada que supusiese un camino de no retorno respecto a su posición dentro de ERC. Habló en condicional, sugirió sin concretar y dejó todas las puertas abiertas. Es comprensible: romper con tu partido requiere algo más que un acto en streaming. Pero si la promesa era desborde, lo que hubo fue contención calculada.

El caso de Delgado resulta más interesante en términos de estrategia interna. Su emergencia como figura pública tiene un contexto preciso: la imposibilidad de competir en Madrid. El triunvirato que conforman la ministra de Sanidad, Mónica García, y las portavoces en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid, Manuela Bergerot y Rita Maestre, le bloquea el acceso a la candidatura contra Isabel Díaz Ayuso. Ante ese tapón, Delgado ha buscado otro camino: posicionarse como aspirante a un escaño en la Carrera de San Jerónimo ocupando debates públicos que tradicionalmente capitaliza la derecha. La idea no es mala. El resultado, sin embargo, fue quedar enredado en sus propias intervenciones, arrastrado por la dinámica de confrontación que pretendía aprovechar.

El acto del sábado no fue mejor, y mucho menos más ilusionante. El relanzamiento de Sumar 2.0, presentado bajo el lema «Un paso al frente», fue en realidad una maniobra preventiva para frenar el avance de Rufián y Delgado. Lo urgente no era el proyecto de país, sino la defensa del territorio orgánico. Que el reflejo defensivo preceda al impulso programático dice mucho sobre el estado de ánimo de un espacio político que, en teoría, debería estar construyendo alternativas.

El acto sirvió para constatar la impotencia en la que se encuentra la izquierda española y el vacío existencial que permite la emergencia de opciones como la de Rufián. Al evento no asistió Yolanda Díaz, cuyo desgaste político ya ha sido asumido por quienes la auparon en 2023. Sí acudieron e intervinieron Rita Maestre, Lara Hernández, Antonio Maíllo, Ernest Urtasun y Mónica García. El elenco era familiar. Demasiado familiar. Y ahí reside parte del problema.

El resumen del acto es desolador: discursos desconectados del momento político, formulados como si quienes los pronunciaban fuesen fuerzas emergentes y no socios del Gobierno de coalición; como si el mismo proyecto no hubiese sido presentado en 2023 con las mismas caras, mayores expectativas y, en buena medida, las mismas palabras. Hay algo profundamente disfuncional en un espacio político que se relanza sin haber hecho balance del lanzamiento anterior y que no sabe explotar sus años de gestión. No se puede pedir ilusión cuando no se ha explicado qué salió mal la primera vez.

El voluntarismo, por muy enfático que sea, no esconde la realidad. No habrá unidad. Y no la habrá por razones estructurales, no coyunturales. A Podemos ya los querían muertos en 2023, cuando se diseñó Sumar precisamente para absorber su espacio (recuerden el acto en Magariños). Los morados sobrevivieron integrándose en las listas electorales y desconectándose a posteriori, y ahora han trazado su propia estrategia. A falta de incentivos ligados a puestos de gobierno, la opción para Podemos pasa por disputarse el reducido espacio electoral que conforman las fuerzas de izquierdas por debajo del 10%.

La izquierda plurinacional (es decir, los partidos de izquierdas nacionalistas e independentistas) tiene aún menos interés en estos menesteres (por mucho que Rufián los aluda) y por motivos perfectamente racionales. Primero, porque sus expectativas electorales son más positivas: no padecen la hemorragia de votos que sufre la izquierda estatal. Segundo, porque el sistema electoral español, al premiar la concentración territorial del voto, les protege de la fragmentación que destroza a los partidos pequeños de ámbito nacional. Tercero, porque no van a renunciar ni a su marca ni a sus cuadros políticos para integrarse en un proyecto cuyo liderazgo y dirección no controlan. Cuarto, porque buena parte de sus votantes son incompatibles con los de la izquierda española. Los incentivos para sumarse son, sencillamente, nulos.

En resumidas cuentas, el problema principal no es que falte ilusión y solo se explote el miedo a la ultraderecha, que no haya liderazgo claro o que Rufián no vaya a intentar desbordar las estructuras de partidos y, sobre todo, a unas direcciones más pendientes de conservarse a sí mismas. Todo eso es cierto, pero es síntoma, no causa. La causa es más profunda y más incómoda: el camino que se dibuja es el de la italianización de la izquierda. Y no por resignación ante fuerzas externas o contextos adversos, sino por algo peor: por incapacidad propia para cambiar el rumbo.

La izquierda está llegando a ese punto con síntomas reconocibles. Un espacio político fracturado entre Sumar, Podemos, Más Madrid y las confluencias territoriales. Liderazgos que se desgastan sin ser reemplazados por otros más sólidos. Actos que se convocan para relanzar proyectos que nunca terminaron de consolidarse. Debates internos que consumen más energía que la articulación de una alternativa a la ofensiva ultraderechista. Y, sobre todo, una incapacidad estructural para resolver la tensión entre la lógica de partido y la lógica de coalición.

Si la izquierda española quiere evitar el destino italiano, necesita algo más que actos, lemas y voluntarismo. Necesita un diagnóstico honesto de por qué ha llegado hasta aquí. Y, sobre todo, necesita aceptar que el diagnóstico puede ser más duro que la enfermedad.

El Congreso acaba de destituir a José Jerí, el último inquilino de un Palacio de Gobierno que funciona más como puerta giratoria que como sede del poder. Cuatro meses duró. Ciento treinta días exactos. Su sucesor, José María Balcázar, un abogado de 83 años del partido de izquierda Perú Libre (el mismo que llevó al poder a Pedro Castillo en 2021), llega con una única misión: garantizar las elecciones del 12 de abril y entregar la banda presidencial el 28 de julio. No gobernar. Sobrevivir hasta la transición.

Ocho presidentes en una década. Solo dos elegidos por voto popular. La pregunta ya no es por qué cae cada uno. La pregunta es por qué el sistema es incapaz de sostener a cualquiera de ellos.

El escándalo como coartada

La caída de Jerí tiene nombre propio: el “Chifagate”. El 26 de diciembre, cámaras de seguridad captaron al presidente entrando encapuchado a un restaurante chino de San Borja para reunirse con Zhihua Yang, un empresario titular de una concesión energética estatal. Once días después, un segundo encuentro en una tienda del barrio chino clausurada por orden municipal. Ninguna cita figuraba en la agenda oficial. La Fiscalía abrió investigaciones por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal. El escándalo se amplió al revelarse que otro empresario chino, bajo arresto domiciliario e investigado por tráfico de madera, había visitado Palacio de Gobierno acompañado por Yang. El Congreso acumuló siete mociones de censura y destituyó a Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

Pero quedarse en el escándalo es quedarse en la superficie. En Perú, la corrupción es el detonante, nunca la causa profunda. Pedro Pablo Kuczynski cayó por Odebrecht, Martín Vizcarra por sobornos como gobernador, Castillo por un autogolpe improvisado, Dina Boluarte por la represión de las protestas que dejó al menos 49 civiles muertos (la mayoría jóvenes, indígenas y campesinos, según la Defensoría del Pueblo y Amnistía Internacional), Jerí por unas reuniones clandestinas. Los nombres cambian, el desenlace se repite. El sistema los expulsa a todos con la misma eficiencia mecánica.

El cálculo del Congreso fue brutal y transparente: sacrificar al mandatario para blindar el calendario electoral. Cuando el coste de sostener a un presidente supera el coste de derribarlo, el presidente cae. Lo que no funciona nunca es la rendición de cuentas hacia abajo: nadie consulta a la ciudadanía, nadie repara el daño. La factura la paga el pueblo peruano.

Un diseño que fabrica presidentes descartables

El verdadero problema está en la arquitectura institucional, y esa arquitectura tiene un origen preciso: la Constitución de 1993, redactada bajo el mando del autócrata Alberto Fujimori, diseñada para concentrar poder en el Ejecutivo pero que, paradójicamente, ha convertido la presidencia en el eslabón más vulnerable del sistema.

Perú combina dos elementos explosivos: un presidencialismo fuerte sobre partidos extremadamente débiles. El presidente llega con legitimidad popular pero sin músculo parlamentario. La Constitución ofrece al Congreso un arma formidable: la destitución por “incapacidad moral permanente”. Pensada como mecanismo excepcional, se ha convertido en herramienta ordinaria. No hace falta probar un delito ni una sentencia. Basta con reunir dos tercios de los votos. El propio Tribunal Constitucional ha advertido que la medida debe ser excepcional, pero en la práctica mantiene al Ejecutivo bajo amenaza permanente.

El resultado es un parlamentarismo de facto en un país formalmente presidencialista. Un presidente sin mayoría es un presidente con fecha de caducidad desde su investidura. No gobierna: negocia su supervivencia.

El bucle y los partidos de usar y tirar

Desde 2016 (cuando Kuczynski ganó la presidencia pero el fujimorismo obtuvo mayoría absoluta en el Congreso) la política peruana repite el mismo ciclo: un presidente llega sin mayoría, el choque institucional comienza de inmediato, un escándalo activa la maquinaria de destitución, se nombra un interino, y el bucle vuelve a arrancar.

La raíz está en el sistema de partidos. Para las elecciones de abril compiten 36 partidos con candidaturas presidenciales. Treinta y seis. Organizaciones construidas alrededor de un nombre propio, no de un proyecto político. Nacen como plataformas electorales y mueren antes de la siguiente convocatoria. No generan cuadros ni coaliciones duraderas. Son vehículos de acceso al poder, no instrumentos para ejercerlo. Cuando no hay partidos que articulen demandas sociales, la democracia se queda sin cimientos. Y quienes sufren las consecuencias son siempre los mismos: los sectores populares, las comunidades indígenas, los trabajadores, los jóvenes que no encuentran en la política ni representación ni esperanza.

Las elecciones que no resolverán nada

La inestabilidad ha producido una ciudadanía que desconfía de todo. Uno de cada cuatro peruanos dice que no votaría por ningún candidato, según Datum. El 77% se declara poco o nada informado sobre política. Un 65% prefiere a alguien nuevo antes que a un político con experiencia. Y aquí aparece la trampa: los votantes castigan a los partidos buscando renovación, pero esa renovación fragmenta aún más el tablero. Castillo fue el ejemplo más doloroso: un maestro rural que representaba la esperanza de los excluidos y fue devorado por el sistema en diecisiete meses.

Rafael López Aliaga, candidato de la derecha populista, lidera las encuestas con apenas un 12%. Keiko Fujimori le sigue con un 8%. Nadie consolida mayorías. El voto está pulverizado. Quien gane heredará un Congreso fragmentado, un electorado escéptico y una presidencia vaciada de autoridad. El reloj de la próxima crisis ya está en marcha antes de que nadie haya votado.

No es una crisis. Es el régimen

Llamar a esto “crisis política” se ha quedado corto. Lo que falla no es un gobierno, sino el modelo de gobierno. Las reglas del juego, herederas de la Constitución fujimorista y moldeadas por tres décadas de neoliberalismo institucional, incentivan el conflicto entre poderes y penalizan la cooperación. Perú ha inventado, sin proponérselo, una forma de estabilidad basada en la inestabilidad: cambia de presidente como quien cambia de fusible para evitar que salte el sistema entero.

Mientras tanto, la economía exhibe cifras que alimentan una ilusión de normalidad (3,4% de crecimiento en 2025, inflación del 1,7%) pero esos números enmascaran la desigualdad, la precariedad y la ausencia de servicios públicos dignos, sobre todo en las regiones del interior, las mismas que se levantaron tras la caída de Castillo y fueron reprimidas con balas. Un país puede crecer mientras su democracia se desmorona. Perú es la prueba.

La caída de Jerí no marca un punto de inflexión. Marca la continuidad. Perú vive suspendido en una transición que no termina, gobernado por presidentes que pasan, dentro de un sistema que permanece exactamente igual. No un Estado fallido, sino un Estado que funciona a base de fallar en lo mismo. Y mientras las élites juegan su partida en Lima, millones de peruanos esperan una democracia que por fin les pertenezca. La pregunta ya no es cuándo llegará el próximo presidente. La pregunta es cuándo llegará un sistema político que merezca llamarse plenamente democrático.

Durante décadas, la Conferencia de Seguridad de Múnich ha funcionado como una liturgia del orden occidental. Cada febrero, líderes europeos y estadounidenses se reúnen en el hotel Bayerischer Hof para reafirmar su alianza, subrayar valores compartidos y recordar que, pese a las crisis, el vínculo transatlántico sigue siendo el pilar de la seguridad global.

Este año, la liturgia cambió. No hubo ruptura. Nadie anunció el fin de la OTAN ni el divorcio entre las dos orillas del Atlántico. Pero algo más silencioso (y quizá más profundo) se hizo evidente: Europa ha dejado de dar por hecho que Estados Unidos estará ahí cuando lo necesite.

Múnich 2026 pasará a la historia como el momento en que Europa empezó a prepararse mentalmente para un escenario que durante décadas había evitado imaginar: un mundo en el que Washington ya no es el garante incuestionable de su seguridad.

Rubio en Múnich: el tono cambió, el fondo no

El momento más esperado fue la intervención del secretario de Estado, Marco Rubio. Su misión era clara: rebajar la ansiedad europea sin alterar el rumbo político de la Administración Trump.

El tono fue conciliador. Rubio habló de amistad, historia compartida y revitalización del vínculo atlántico. Pero el contenido del discurso contaba otra historia. El secretario de Estado pidió a Europa que se sume al proyecto estadounidense para “reconstruir el orden mundial”: un proyecto basado en soberanía nacional, reindustrialización y fuerza militar.

Fue una invitación a cooperar, sí, pero dentro de un marco ideológico nuevo. Un marco en el que el orden liberal internacional se considera un fracaso, las instituciones multilaterales se cuestionan abiertamente y la relación entre aliados se concibe cada vez más en términos transaccionales. Hubo además un silencio que no pasó inadvertido: la guerra de Ucrania apenas ocupó espacio en su discurso.

Europa captó el mensaje. El tono había cambiado respecto a los ataques del año anterior, pero la dirección seguía siendo la misma.

La pregunta que ya nadie puede esquivar

A partir de ahí, toda la conversación en Múnich giró en torno a una pregunta que rara vez se pronunciaba abiertamente, pero que estaba presente en cada reunión bilateral y en cada conversación de pasillo:

¿Puede Europa seguir confiando plenamente en la protección de Estados Unidos?

Las dudas no nacen de un único gesto, sino de una acumulación de señales: la posibilidad de una reducción de tropas estadounidenses en Europa, la presión constante para aumentar el gasto militar, las tensiones comerciales, el apoyo de Washington a fuerzas euroescépticas y las amenazas sobre Groenlandia.

Todo ello ha generado una percepción compartida entre buena parte de los líderes europeos: hay que prepararse para escenarios en los que Estados Unidos no actúe como antes.

Una frase resume bien el clima: Europa se está organizando no por inspiración, sino por desesperación.

España: la voz que no quiere hablar solo de armas

En medio de este giro hacia la autonomía estratégica y el rearme, la posición española destacó por su singularidad. Pedro Sánchez reconoció que Europa debe reforzar su capacidad de defensa frente a Rusia. Pero lanzó un mensaje claro y deliberadamente diferenciador: el rearme nuclear no es el camino.

En una conferencia dominada por el lenguaje de la disuasión y la urgencia militar, España introdujo un matiz que merece atención. Mientras el norte y el este del continente hablan de amenaza existencial y de reforzar el poder duro, Madrid insiste en una visión más amplia de la seguridad europea: una que incluye la estabilidad económica, la energía, la migración, el multilateralismo y la defensa convencional.

Esta posición no es casual. España ha intentado ocupar el espacio de voz europeísta moderada, ejerciendo de contrapeso frente al giro hacia la militarización total. Mientras algunos países hablan de supervivencia, el Gobierno español habla de modelo de seguridad.

En términos de posicionamiento, España aparece como puente entre la autonomía estratégica europea y la defensa del multilateralismo. Una posición legítima, pero que corre el riesgo de quedar desdibujada si el debate continental sigue acelerándose hacia el rearme.

El tabú nuclear ha caído

El cambio más profundo de la conferencia llegó, sin embargo, por otro lado. En Múnich ocurrió algo que hace pocos años habría parecido impensable: Europa empezó a hablar abiertamente de disuasión nuclear propia.

Los países bálticos (Estonia y Letonia) se mostraron dispuestos a explorar esa posibilidad. Alemania abordó el tema públicamente, sin los tabúes de otras épocas. Francia anunció que Macron presentará próximamente un discurso clave sobre la doctrina nuclear francesa y su dimensión europea.

El debate dejó de ser teórico. Se discutieron opciones concretas: reforzar el papel nuclear de Francia y Reino Unido, financiar el arsenal francés con contribuciones europeas o crear una disuasión complementaria a la estadounidense.

Europa no quiere nuclearizarse. Pero empieza a temer depender exclusivamente del paraguas nuclear de Washington. Y esa diferencia (entre querer y necesitar) lo cambia todo.

Alemania: del aliado deferente al líder que se prepara

En este nuevo clima estratégico, Alemania ha empezado a hablar de sí misma de una manera distinta. El canciller Friedrich Merz llegó a Múnich con un mensaje claro: Europa debe asumir más liderazgo y prepararse para un mundo con menor protagonismo estadounidense. Alemania sigue siendo profundamente atlantista, pero ya no se presenta como el aliado que acata sin preguntar.

El cambio es sutil, pero históricamente significativo. Durante décadas, Berlín ha sido el ancla más sólida del vínculo transatlántico. Que Alemania empiece a hablar de autonomía estratégica sin complejos indica hasta qué punto el suelo se ha movido bajo los pies del orden europeo.

Una OTAN que se europeíza

Este giro no implica la ruptura de la alianza. Reino Unido pidió mayor cooperación militar europea y compras conjuntas de defensa. La OTAN ha asumido internamente que su futuro será cada vez más europeo en recursos, decisiones e iniciativa.

Occidente no se rompe. Se reconfigura. La cuestión es si esa reconfiguración será ordenada o improvisada.

Múnich también dejó claro que la seguridad se ha ampliado conceptualmente. Se habló de financiación, inversión tecnológica, autonomía industrial y capacidad de innovación. Europa quiere canalizar su ahorro hacia la innovación, reforzar su industria de defensa y reducir dependencias estratégicas en semiconductores, energía y materias primas críticas. La seguridad económica ha pasado a formar parte del núcleo del debate geopolítico.

Europa empieza a hablar de poder en sentido amplio: militar, tecnológico, industrial y financiero. La pregunta es si será capaz de traducir esa ambición en decisiones concretas y coordinadas.

Lo que Múnich nos dice sobre lo que viene

La Conferencia de Seguridad de Múnich de 2026 no ha anunciado una ruptura histórica. Pero ha confirmado algo igual de relevante: la alianza transatlántica ya no funciona con piloto automático. Ahora se basa en la necesidad mutua. Y la necesidad, a diferencia de la confianza, exige negociación constante.

Si la guerra de Ucrania fue el shock que despertó a Europa, Múnich 2026 puede ser recordado como el momento en que el continente dejó de esperar a que alguien viniera a protegerlo y empezó (con torpeza, con urgencia, con contradicciones) a prepararse para protegerse a sí mismo.

Disponible en: Todostuslibros | Amazon | La Casa del Libro | El Corte Inglés

El anuncio de que Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y Catalunya en Comú lanzarán el 21 de febrero una nueva alianza electoral es mucho más que una noticia de agenda política. Es la confirmación de que la izquierda situada a la izquierda del PSOE ha entrado en una nueva fase de su ciclo histórico: la refundación permanente.

Desde 2014, este espacio político ha vivido una secuencia casi ritual de nacimiento, expansión, crisis y recomposición: Izquierda Unida → Podemos → Unidas Podemos → Sumar. La nueva alianza aspira a ser el siguiente capítulo, pero lo hace en un contexto mucho más adverso: gestión de gobierno, caída electoral, ausencia de liderazgo claro y un PSOE que ha ocupado buena parte del espacio que la izquierda alternativa consideraba propio. Estamos ante un intento de reconstrucción en medio de la fatiga.

El contexto: una izquierda alternativa a contracorriente

La crisis de este espacio no ocurre en el vacío. Conviene situar el proceso en un marco más amplio para entender su verdadero alcance.

Read more

Hay noticias que no son solo noticias. Son síntomas. El despido de un tercio de la plantilla de The Washington Post pertenece a esa categoría. No es únicamente una crisis empresarial ni un ajuste de mercado. Es una escena que condensa la transformación profunda del ecosistema informativo y la nueva relación entre tecnología, poder y democracia.

Y para entenderla hay que empezar por una palabra incómoda: tecnooligarcas.

El día que el Washington Post encogió

El miércoles 5 de febrero de 2026, el Washington Post despidió a más de 300 trabajadores: un tercio de la redacción. Han desaparecido la sección de deportes, el área de libros, buena parte de la red de corresponsales internacionales (incluidas las oficinas en Oriente Medio, Rusia y Ucrania), una porción significativa de la cobertura local y el podcast insignia Post Reports. No se trata de una reestructuración puntual. Es una contracción estructural del periodismo.

Su antiguo director, Marty Baron (el editor que lideró la cobertura durante la era Trump y a quien muchos descubrieron gracias a Spotlight, la película que retrata la investigación del Boston Globe sobre los abusos en la Iglesia cuando él dirigía el periódico) lo describió como “uno de los días más oscuros en la historia de una de las mayores organizaciones periodísticas del mundo”. Y no exagera. The Washington Post no es un medio cualquiera: es el diario que destapó Watergate, el que popularizó el lema Democracy dies in darkness y el que llegó a simbolizar la edad dorada del periodismo de investigación moderno.

Hoy, ese símbolo encoge. Pero lo importante no es solo lo que ha pasado, sino quién lo ha decidido.

El propietario

Desde 2013, el Washington Post pertenece a Jeff Bezos, que lo compró por 250 millones de dólares.

Durante años, la adquisición fue presentada como un acto casi filantrópico: el salvador tecnológico que rescata un icono del periodismo. Silicon Valley venía a salvar la prensa. Ese era el relato. Y durante un tiempo funcionó: Bezos invirtió, la redacción creció y las suscripciones digitales se dispararon. Una década después, la escena es otra.

El mismo empresario que acaba de ejecutar el mayor recorte del Post (su fortuna personal ronda los 250.000 millones de dólares, más de lo que costaría financiar el periódico durante siglos) anuncia inversiones gigantescas en inteligencia artificial y robótica. La simultaneidad es brutal: miles de millones para tecnología, cientos de despidos en periodismo. Mientras, Amazon, su empresa matriz, acaba de invertir 75 millones de dólares en la película Melania, sobre la primera dama de Estados Unidos.

No es contradicción. Es coherencia económica. El periodismo ha dejado de ser una prioridad estratégica para las élites tecnológicas. Y esto nos lleva al concepto clave: la tecnooligarquía informativa.

Cuando los tecnooligarcas poseen los medios

El término tecnooligarca no es un simple sinónimo de magnate o multimillonario. Designa algo más específico: un grupo reducido de empresarios tecnológicos cuya concentración simultánea de poder económico, infraestructural e informativo les confiere una influencia sobre la vida pública que desborda con creces su condición de actores privados.

La democracia liberal se construyó sobre un equilibrio informal entre gobiernos, mercados y medios independientes. Ese equilibrio se está rompiendo.

Hoy, Bezos posee el Washington Post. Patrick Soon-Shiong, multimillonario del sector biotecnológico, es dueño del Los Angeles Times (que también bloqueó su apoyo editorial a Kamala Harris en 2024). Marc Benioff, fundador de Salesforce, compró la revista Time. Elon Musk adquirió Twitter y la convirtió en X, una plataforma que ha amplificado contenidos de desinformación y polarización. El periodismo ya no es únicamente un contrapoder: forma parte del ecosistema de poder.

Este cambio no implica censura directa. Es más sofisticado. Basta con redefinir prioridades: menos inversión, menos redacciones, menos cobertura costosa. El resultado no es censura. Es debilitamiento estructural del periodismo.

El punto de inflexión: el apoyo a Kamala Harris que nunca llegó

El verdadero terremoto interno del Washington Post comenzó antes de los despidos. En octubre de 2024, el periódico decidió no respaldar editorialmente a Kamala Harris en las elecciones presidenciales estadounidenses. Durante décadas, los grandes diarios norteamericanos han realizado apoyos editoriales a candidatos presidenciales. La junta editorial del Post ya había redactado un texto a favor de Harris. Bezos lo vetó. Renunciar a publicarlo no fue neutralidad: fue un cambio institucional profundo.

La reacción fue inmediata. Al menos 250.000 suscriptores cancelaron su suscripción en cuestión de días, aproximadamente el 10% de la base digital del periódico, según cifras reportadas por el propio Post y confirmadas por NPR. Tres miembros de la junta editorial dimitieron. Dos columnistas renunciaron. La redacción entró en crisis abierta.

El fantasma de Trump

La decisión editorial no puede entenderse sin el contexto político estadounidense. Donald Trump ha mantenido durante años una relación de hostilidad abierta con los grandes medios, y especialmente con el Washington Post, al que calificó repetidamente como enemigo. Bezos, a su vez, tiene intereses empresariales masivos que dependen del gobierno federal: Amazon compite por contratos públicos millonarios y Blue Origin, su empresa aeroespacial, depende de la NASA y el Departamento de Defensa.

En este escenario, la neutralización del apoyo al candidato demócrata fue ampliamente interpretada como un intento de reposicionamiento ante un posible segundo mandato de Trump. Glenn Kessler, exverificador de datos del Post, lo resumió con claridad: “Bezos no está intentando salvar el Washington Post. Está intentando sobrevivir a Donald Trump.”

No hace falta demostrar influencia directa para entender el fenómeno. En comunicación existe un concepto clave: la obediencia anticipatoria (anticipatory compliance). No hace falta que el poder ordene; basta con que el sistema aprenda a anticiparse a sus deseos.

La economía política del silencio

Cuando los grandes medios pertenecen a tecnooligarcas, la confianza del público cae, el modelo de negocio se debilita y la polarización política aumenta, el resultado es previsible: menos corresponsales, menos investigación, menos cobertura local, menos periodismo costoso.

Y el periodismo costoso es precisamente el que sostiene las democracias. Investigar, viajar, contrastar y explicar el mundo cuesta dinero. Mucho dinero. Y ese es el periodismo que primero desaparece cuando el modelo económico se rompe.

Mientras tanto, el contraste con la competencia es elocuente. El mismo día de los despidos del Post, el New York Times anunció en una conferencia con inversores que había cerrado 2025 con 12,8 millones de suscriptores, ingresos digitales superiores a 2.000 millones de dólares y un beneficio operativo de 550 millones. No todos los medios están condenados. Pero la diferencia entre los que sobreviven y los que se hunden tiene mucho que ver con la gobernanza, la independencia editorial y la relación con sus lectores.

El desplazamiento del poder informativo

Mientras las redacciones se reducen, otras infraestructuras informativas crecen. Las plataformas tecnológicas controlan cada vez más la distribución de noticias: los algoritmos de Meta deciden qué artículos se ven y cuáles no; X ha eliminado los titulares de los enlaces compartidos, reduciendo el tráfico hacia los medios; Google está sustituyendo las visitas a periódicos por resúmenes generados con inteligencia artificial. El propio Post reconoció que su tráfico orgánico de búsqueda ha caído casi a la mitad en tres años.

El poder informativo se desplaza desde las redacciones hacia las plataformas. Y lo hace sin un debate democrático equivalente. No hay regulación proporcional, no hay rendición de cuentas comparable, no hay código deontológico que obligue a un algoritmo a distinguir entre información y desinformación.

El símbolo que cambia de tamaño

Lo ocurrido con el Washington Post no es la crisis de un periódico. Es la mutación de un símbolo. El diario que destapó Watergate ya no es la institución que fue. No porque haya perdido relevancia periodística, sino porque el entorno económico, político y tecnológico que sostenía ese modelo ha cambiado de forma irreversible.

La pregunta ya no es si los medios están en crisis. La pregunta es otra: ¿puede sobrevivir la democracia liberal sin redacciones grandes, costosas e independientes?

Porque el Washington Post no es el primero. El LA Times ha ejecutado múltiples rondas de despidos. BuzzFeed News cerró en 2023. Vice se declaró en bancarrota ese mismo año. El Atlanta Journal-Constitution acaba de recortar un 15% de su plantilla esta misma semana.

Y ninguno será el último.

Hay momentos en los que la política deja de ser debate y se convierte en atmósfera. Minnesota vive uno de ellos. En las últimas semanas, el despliegue de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (United States Immigration and Customs Enforcement: ICE) en comunidades con alta población inmigrante ha generado una tensión que trasciende la mera aplicación de leyes migratorias: apunta hacia la normalización de la sospecha interna como herramienta de gobierno. No se trata de una ley concreta ni de una decisión judicial aislada, sino de algo más profundo: la instalación de un marco mental en el que el peligro no viene de fuera, sino de dentro. Y cuando una administración empieza a gobernar desde esa premisa, todo cambia.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la política migratoria ha dejado de presentarse como una cuestión de gestión para convertirse en una herramienta de autoridad. Ya no se trata solo de cuántas personas entran o salen del país, sino de quién tiene derecho a pertenecer, quién puede ser señalado y qué coste político tiene disentir. Minnesota (estado demócrata, con una tradición sólida de organización comunitaria y una memoria reciente de conflicto social tras el asesinato de George Floyd) se ha convertido en el escenario idóneo para poner a prueba ese giro.

Read more

Disponible en: Todostuslibros | Amazon | La Casa del Libro | El Corte Inglés

En un contexto de fatiga democrática, polarización y desencanto con los grandes partidos, el Partido Verde británico ha lanzado un spot que no parece un anuncio electoral tradicional. No enumera políticas. No promete medidas concretas. No confronta directamente a sus adversarios.

Hace algo más ambicioso: intenta reconstruir la idea de esperanza como experiencia política cotidiana.

El vídeo How We Make Hope Normal Again no es solo una pieza audiovisual.
Es un manifiesto comunicativo que sintetiza el proyecto político del nuevo liderazgo verde y, en particular, la figura de Zack Polanski, líder del Partido Verde de Inglaterra y Gales desde septiembre de 2025.

Esta newsletter analiza por qué este spot es relevante, qué dice sobre la transformación de la izquierda europea y qué lecciones ofrece para la comunicación política contemporánea.

Polanski: del ecologismo al “eco-populismo”

Zack Polanski no es un líder verde convencional. Define su proyecto como eco-populista, conectando crisis climática con desigualdad económica y coste de vida.

Desde su llegada al liderazgo del partido:

• fue elegido con el 85 % de los votos en las primarias internas,

• el partido superó los 100.000 afiliados, un crecimiento histórico,

• el apoyo electoral en intención de voto y mediático de los Verdes se disparó, acercándose a a los laboristas y superando a los conservadores en afiliación.

Los analistas hablan incluso del “efecto Polanski”: un liderazgo carismático que ha ampliado el atractivo del partido más allá del ecologismo clásico hacia un discurso de justicia social, redistribución y dignidad material.

Su figura representa una mutación clave de la izquierda occidental:
menos tecnocracia, más emoción; menos políticas aisladas, más relato moral.

El spot: estética de lo cotidiano, política de lo posible

El spot del Partido Verde se aleja del formato electoral tradicional.

• No hay líderes en atriles.

• No hay gráficos ni cifras.

• No hay promesas explícitas.

En su lugar, aparecen escenas ordinarias: barrios, conversaciones, gestos, silencios. La cámara no mira desde arriba: mira al nivel de la calle.

El mensaje no es programático, sino existencial:

La esperanza no es una utopía futura, sino algo que debe volver a ser normal.

Esta decisión estética es profundamente política. El spot no vende soluciones, vende una sensación de posibilidad colectiva.

En términos comunicativos, es un giro estratégico: la política ya no se presenta como gestión, sino como reconstrucción emocional del vínculo social.

Del “doom-loop” a la política de la esperanza

La narrativa del spot conecta con una tendencia más amplia. La vinculación de Polanski con otros líderes progresistas emergentes, como Zohran Mamdani en Estados Unidos es evidente. Nuevos liderazgos que buscan romper lo que se ha llamado la “política del bucle de catástrofe” (doom-loop politics): un discurso permanente de miedo, crisis y amenaza.

En lugar de competir en el terreno del miedo, el Partido Verde propone competir en el terreno de la esperanza. Pero no una esperanza ingenua.
Sino una esperanza estructurada políticamente.

Las claves comunicativas del spot

1) La emoción como infraestructura política

El spot no intenta convencer con argumentos, sino con identificación emocional. La idea central es simple: la política debe volver a ser un espacio donde imaginar un futuro compartido.

Esta estrategia conecta con una intuición clave: los votantes no abandonan la política por falta de información, sino por falta de sentido.

2) La reconfiguración del sujeto político

El spot no habla a “ciudadanos” abstractos. Habla a personas concretas que sienten precariedad, cansancio y frustración.

Polanski ha construido su liderazgo precisamente sobre esa conexión con el malestar social, articulando un discurso que vincula desigualdad económica, crisis climática y precariedad vital.

El Partido Verde deja de ser el partido de los árboles para convertirse en el partido de la vida cotidiana.

3) La política como relato moral

El spot introduce una dimensión moral explícita: no se trata solo de políticas mejores, sino de una política más justa. Este enfoque explica por qué Polanski ha logrado atraer a votantes desencantados con el Partido Laborista y posicionar a los Verdes como alternativa progresista real.

En comunicación política, esto es decisivo: cuando los grandes partidos gestionan, los emergentes narran.

4) Estética anti-institucional

La pieza renuncia a la iconografía clásica del poder: no hay banderas, ni parlamentos, ni líderes en primer plano.

Esta elección comunica algo muy concreto: la política no pertenece a las instituciones, sino a la gente.

Es una estética coherente con la estrategia de Polanski: construir una izquierda que no parezca establishment.

Lecciones para la comunicación política

El spot del Partido Verde británico ofrece al menos cinco aprendizajes clave:

1. La esperanza es un recurso político estratégico. No es un complemento del programa: es su condición de posibilidad.

2. El liderazgo se construye más por narrativa que por propuestas. Polanski no lidera por detalle técnico, sino por marco interpretativo.

3. La izquierda gana cuando conecta lo material con lo emocional. Coste de vida, clima y dignidad aparecen como parte del mismo relato.

4. La estética es ideología. La forma del mensaje comunica tanto como su contenido.

5. La política del futuro será menos técnica y más existencial. La pregunta ya no es “qué propones”, sino “qué mundo haces imaginable”.

Cuando la política vuelve a ser imaginable

El spot del Partido Verde británico no es solo una pieza audiovisual. Es una señal de época. En un sistema político dominado por la gestión, el miedo y la polarización, Polanski propone algo radical: volver a hablar de esperanza sin caer en la ingenuidad.

Su éxito (en afiliación, visibilidad y apoyo social) sugiere que el futuro de la comunicación política no estará en prometer más, sino en hacer creíble que otro mundo es posible. En ese sentido, el Partido Verde no está solo compitiendo por votos. Está compitiendo por el significado mismo de la política. Y eso es mucho más peligroso para los partidos tradicionales que cualquier programa electoral.

Disponible en: Todostuslibros | Amazon | La Casa del Libro | El Corte Inglés

No se trata de reconstruir el pasado, sino de diseñar un futuro que nadie puede imponer por la fuerza.

El Foro Económico Mundial de Davos 2026 se ha convertido en uno de los puntos de inflexión discursivos de los últimos meses. Más allá de las tradicionales declaraciones diplomáticas, destaca una intervención que, por su claridad, rigor moral y sentido de urgencia, ha tenido una extraordinaria resonancia internacional: la del primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Carney pronunció un discurso que no solo diagnosticó una realidad geopolítica en ruptura, sino que ofreció un marco narrativo para interpretar el presente y movilizar a las “potencias medianas” hacia un liderazgo colectivo renovado. Su intervención fue ovacionada en Davos, no porque evitara tensiones, sino porque las enfrentó con honestidad estratégica.

A diferencia del tono conciliador y a veces ambiguo de otros líderes, Carney no rehuyó lo difícil: nombró la ruptura del orden mundial, la coerción económica como arma y la necesidad de cooperación estratégica en un contexto de rivalidad global creciente.

🧠 El diagnóstico: el viejo orden ha muerto

Carney arrancó su intervención con una afirmación potente y sin matices: el “orden mundial basado en normas” ya no existe tal como lo conocíamos.
No se trata de una transición sutil sino de una ruptura profunda: un mundo en el que las grandes potencias ya habían empezado a utilizar la integración económica como herramienta de subordinación y coerción, y donde el cumplimiento de las reglas dejó de garantizar seguridad o prosperidad.

Para ilustrar este punto, Carney utilizó El poder de los sin poder, el célebre ensayo de Václav Havel, recordando que un sistema puede sobrevivir más por “vida en la mentira” que por verdad. Esta metáfora le permitió desmontar una ficción diplomática largamente aceptada: creer que la integración económica siempre favorece lo colectivo también cuando se convierte en un arma de dominación.

La contundencia del diagnóstico no fue catastrofista, sino clarificadora.
Carney afirmó que el mundo enfrenta un tablero geopolítico donde:

• la hegemonía de antiguas potencias ya no es fiable,

• la integración económica puede transformarse en coerción,

• y los aliados tradicionales se encuentran expuestos a presiones directas.

Este encuadre es clave para reposicionar el debate global más allá de la retórica habitual: nombrar la realidad para poder actuar sobre ella.

🌐 El mensaje central: cooperación estratégica

Una vez formulado el diagnóstico, Carney planteó la solución básica y audaz que atraviesa su discurso: la cooperación entre “potencias medianas” como forma de restituir un orden global funcional.

La idea fuerza es memorable:

“Si no estás en la mesa, estás en el menú.”
(If we are not at the table, we are on the menu.)

Esa frase sintetiza su propuesta: las naciones que no son superpotencias, pero tienen capacidad de influencia, deben trabajar juntas para defender valores compartidos y diseñar estructuras resilientes frente a la lógica del poder unilateral.

Carney extendió esta lógica comunicativa a varios ámbitos prácticos:

• autonomía estratégica en energía, minerales críticos y cadenas de suministro,

• coaliciones de geometría variable según intereses comunes,

• defensa de la soberanía y la integridad territorial, incluyendo el respaldo a Groenlandia y Dinamarca frente a presiones externas,

• alianzas plurilaterales para temas como la innovación tecnológica y el comercio.

Esto no fue un llamado poco claro a “multilateralismo”: fue una narrativa concreta sobre cómo construir nuevas redes de cooperación que funcionen en un mundo sin certezas, articulada con ejemplos y propuestas específicas.

📣 Comunicación estratégica: claridad sin simplismo

Otro rasgo que explica la repercusión de su intervención fue la estructura comunicativa: Carney combinó diagnóstico, metáfora, llamada a la acción y ejemplos concretos en un solo relato coherente.

Su uso del ensayo de Havel no fue retórico, sino metódico: le permitió conectar historia, ética y política internacional en una narrativa comprensible sin sacrificar complejidad.

Además, su discurso evitó eufemismos y ambigüedades al hablar de relaciones internacionales, lo que reforzó la percepción de autoridad moral y honestidad intelectual. Esto, en política comunicativa, genera:

• credibilidad (decir las cosas por su nombre),

• identidad narrativa fuerte (valores + estrategia),

• y potencial de movilización transversal entre audiencias diversas.

El público de Davos respondió con una ovación en pie, algo relativamente inusual para un foro donde los discursos suelen ser diplomáticos y moderados.

🧩 Lecciones para comunicación política aplicada

La intervención de Carney en Davos deja enseñanzas claras para cualquier estrategia de comunicación política, incluso fuera del ámbito internacional:

1. Nombre la realidad primero. Antes de proponer soluciones, Carney explicó el problema con honestidad. En política, nombrar la realidad es el primer acto de autoridad.

2. Integre valores y estrategia. No basta con hablar de valores éticos si no se articula con propuestas prácticas. Carney unió ambos en un solo discurso.

3. Construya coaliciones narrativas. La idea de geometrías variables es una metáfora poderosa: cada coalición comunica compromiso, no simple interés.

4. Use metáforas profundamente arraigadas. Havel le dio un marco cultural que hizo más accesible una discusión geopolítica compleja.

5. No tema romper con la retórica suave. A veces, el diagnóstico franco refuerza la autoridad, no la debilita.

🧠 Liderazgo comunicativo en tiempos de fractura

La intervención de Mark Carney en Davos 2026 representa un modelo de comunicación política global que combina claridad, coherencia moral y propuestas estratégicas concretas.

Fue un discurso que no solo explicó qué está pasando, sino que propuso cómo responder juntos.

En un mundo donde las grandes potencias parecen reconfigurar reglas, Carney apostó por una narrativa de capacidad común, valores compartidos y acción deliberada, lo que le confirió un lugar destacado en la agenda geopolítica contemporánea.

Si la política quiere recuperar sentido, debe ser capaz de decir la verdad, proponer alianzas y construir relatos que no se reduzcan a eufemismos.
Mark Carney lo demostró en Davos.

Hay ideas que no desaparecen: se reconfiguran. Cambian de lenguaje, de actores y de contexto histórico, pero conservan un núcleo reconocible. El Technate of America, una utopía tecnocrática concebida en Estados Unidos durante la Gran Depresión, pertenece a esa categoría. Nunca llegó a materializarse como sistema político, pero su lógica (la sustitución de la política por la técnica, de la soberanía democrática por la eficiencia) sigue reapareciendo en momentos de crisis sistémica.

Hoy, en un mundo atravesado por la emergencia climática, la competencia tecnológica global y el auge de la inteligencia artificial, esa lógica vuelve a insinuarse. No como un proyecto formal, ni como un plan coordinado, sino como una convergencia de prácticas, discursos y poderes que apuntan hacia una reorganización del territorio, los recursos y la autoridad política. En ese cruce emerge lo que, con cautela analítica, puede describirse como un “neo-technate” híbrido.

¿Qué fue el Technate of America?

El Technate of America surgió a comienzos de los años treinta, cuando la Gran Depresión puso en cuestión los fundamentos del capitalismo industrial. Mientras fábricas y recursos permanecían infrautilizados, millones de personas carecían de empleo y bienes básicos. Para los tecnócratas, el problema no era la escasez material, sino el sistema de precios y la intermediación política.

El movimiento Technocracy Inc., liderado por el ingeniero Howard Scott, propuso reemplazar tanto la economía monetaria como la democracia representativa por un gobierno de expertos técnicos. Su propuesta central era la energy accounting: una economía sin dinero, basada en la medición científica de la energía disponible y en la distribución racional de bienes mediante certificados energéticos.

Este modelo requería una escala continental. El Technate imaginado abarcaba desde Panamá hasta el Polo Norte, incluyendo Canadá, Estados Unidos y, por supuesto, Groenlandia, concebidos como una unidad autosuficiente en recursos, energía e infraestructuras. Partidos políticos, parlamentos y bancos eran vistos como elementos obsoletos de un sistema irracional.

El proyecto nunca superó el plano teórico-organizativo. Su rechazo frontal a la democracia, sus tensiones internas y la consolidación del New Deal lo relegaron a la marginalidad. Pero dejó una huella duradera: la idea de que la complejidad moderna exige gobierno técnico y que la política es, en el mejor de los casos, ineficiente.

¿Qué queda de la tecnocracia hoy? Un fantasma funcional

La tecnocracia no regresó como ideología explícita, pero sobrevive como lógica de poder. En el siglo XXI, reaparece en debates sobre inteligencia artificial, transición energética o gestión de crisis globales, donde se plantea que las decisiones “correctas” deben quedar en manos de expertos, organismos no electos o sistemas algorítmicos.

La tensión es antigua, pero hoy se intensifica: cuanto más complejos son los sistemas, más se deslegitima la deliberación democrática. La política se presenta como lenta, emocional o ignorante; la técnica, como neutral y eficiente. Este desplazamiento no elimina el poder, sino que lo reubica.

Trump y la política exterior: proyección de poder y territorio

La política exterior de Donald Trump ilustra esta lógica en clave geopolítica. Bajo un discurso abiertamente nacionalista, Trump ha defendido una visión del territorio como activo estratégico, subordinado a los intereses de seguridad y competitividad de Estados Unidos.

Su reiterado interés por Groenlandia (expresado públicamente desde su primer mandato y retomado en su retorno a la Casa Blanca) no es una excentricidad aislada. El Ártico concentra rutas marítimas emergentes, minerales críticos y una posición clave en la arquitectura militar. En los años treinta, Groenlandia era central para el Technate por razones energéticas; hoy también lo es por razones tecnológicas, militares y climáticas.

El paralelismo es revelador: el territorio vuelve a concebirse no como espacio de soberanía democrática, sino como infraestructura funcional al poder.

Elon Musk: genealogía tecnocrática y mutación tecnocapitalista

Si el Technate fue una utopía de ingenieros, Elon Musk encarna su reaparición mutada en el siglo XXI. No como tecnócrata clásico, sino como figura híbrida entre ingeniero, empresario y actor político informal.

El vínculo histórico es documentado: Musk es nieto de Joshua Norman Haldeman, dirigente de Technocracy Inc. en Canadá a finales de los años treinta.

Esta genealogía no determina su pensamiento, pero sí ayuda a comprender un clima intelectual familiar marcado por la fe en la ingeniería, el desprecio por la política tradicional y la convicción de que los sistemas sociales pueden rediseñarse desde arriba.

Musk no propone abolir el dinero ni implantar contabilidad energética igualitaria. Al contrario, es uno de los grandes beneficiarios del capitalismo contemporáneo. Pero su práctica encaja en una tecnocracia de mercado concentrado: controla infraestructuras críticas (energía, comunicaciones, datos, espacio) y opina con influencia real sobre conflictos internacionales, regulación democrática o libertad de expresión.

Donde Howard Scott imaginaba planificación pública, Musk ofrece soluciones privadas; donde el Technate prometía igualdad, el tecnocapitalismo produce concentración extrema de poder. En ambos casos, subyace la misma premisa: la política es un obstáculo frente a la eficiencia técnica.

Entre tecnocracia y geo-extractivismo: el “neo-technate” híbrido

El presente no asiste al retorno de la tecnocracia clásica, sino a su hibridación con el nacionalismo y el extractivismo. El control de minerales críticos, energía y datos se convierte en prioridad estratégica. América Latina (incluida Venezuela) aparece en este contexto como espacio de disputa geopolítica, sanciones, presión diplomática e intervenciones indirectas justificadas en nombre de la estabilidad o la lucha contra el crimen.

No se trata de un Technate igualitario, sino de un orden donde la gestión técnica sirve a intereses de poder. La soberanía local se relativiza; la democracia se considera frágil o prescindible; la técnica actúa como legitimación.

Crítica y dilemas contemporáneos

El llamado “neo-technate” no es un proyecto coherente ni una conspiración, sino una tendencia estructural: más poder para expertos no electos, más peso de infraestructuras críticas controladas por actores privados y más zonas de excepción donde la política se suspende en nombre de la eficiencia o la seguridad.

El riesgo no es solo geopolítico, sino normativo. Cuando la política se redefine como un problema técnico, la ciudadanía deja de ser sujeto de decisión y se convierte en variable de optimización. La historia del Technate muestra que la eficiencia sin legitimidad conduce al autoritarismo, incluso cuando se presenta como progreso.

El Technate of America fue una utopía fallida, pero no irrelevante. Sus ideas regresan hoy transformadas, adaptadas a un mundo de algoritmos, datos y competencia estratégica global. Lo que observamos no es una tecnocracia pura, sino un orden híbrido donde poder estatal, tecnología avanzada y capital convergen para redefinir soberanía, territorio y gobierno.

La lección histórica es clara: la técnica puede ayudar a gobernar, pero no puede sustituir a la política sin vaciar la democracia. El desafío del siglo XXI no es elegir entre expertos o ciudadanos, sino evitar que la promesa de eficiencia vuelva a justificar la concentración del poder y la exclusión del debate público.

Aviso al lector: el contenido de este artículo desvela elementos importantes del argumento.

Sirat (2025), dirigida por Óliver Laxe, puede leerse (más allá de la opinión que nos merezca en términos cinematográficos) como una crítica política profunda y silenciosa a uno de los imaginarios más persistentes del presente: la idea de que es posible escapar del sistema, del Estado y, en última instancia, de la sociedad. En un contexto marcado por el auge de la derecha libertaria entre diversos sectores, Sirat no entra en el debate desde el panfleto ni desde la denuncia explícita, sino desde la experiencia. Acompaña a sus protagonistas en una huida radical y, paso a paso, muestra por qué esa huida no es emancipadora, sino una ilusión que se quiebra al confrontarse con la realidad material, social y geopolítica del mundo contemporáneo.

El deseo de huir: cuando el malestar se convierte en retirada

La derecha libertaria contemporánea no surge como un proyecto colectivo alternativo, sino como una respuesta emocional al desgaste institucional. Tras años de crisis superpuestas (económicas, sanitarias, climáticas, políticas), una parte del malestar social se canaliza hacia una conclusión simplificada: el problema es el Estado y sus instituciones; la solución, salir de él. No se trata tanto de construir algo nuevo como de retirarse: no depender, no esperar, no participar.

Sirat arranca desde ese mismo impulso. El viaje hacia el desierto y la rave simboliza la búsqueda de un “afuera” donde las mediaciones desaparecen: sin normas visibles, sin burocracia, sin estructuras. La libertad se imagina como desarraigo, como movimiento constante, como ruptura con lo común. En este punto, la película comparte el punto de partida emocional del discurso libertario: la promesa de que la vida auténtica empieza cuando se abandona la sociedad organizada.

La experiencia del “afuera”: libertad sin cuidados

Lo que el film muestra es que esa huida no genera autonomía, sino vulnerabilidad. El viaje no es una liberación progresiva, sino un proceso de desgaste físico y emocional. La comunidad es frágil, provisional, incapaz de sostener cuidados. No hay conflicto político explícito, pero sí algo más revelador: ausencia de bienestar, de previsibilidad, de futuro.

Aquí aparece con claridad la farsa libertaria. La derecha libertaria confunde libertad con ausencia de Estado, pero Sirat muestra que la ausencia de estructuras colectivas no produce independencia real, sino desprotección. Sin servicios públicos, sin redes de cuidado, sin infraestructuras, la vida se reduce al presente inmediato. Y una vida que no puede proyectarse no es libre, solo es precaria.

La película dialoga de forma evidente con el imaginario de las comunidades “off-grid” o radicalmente alternativas, tan celebradas en ciertos entornos culturales y digitales. Estas experiencias prometen autosuficiencia, horizontalidad y comunidad sin Estado. Sin embargo, su límite es estructural: sin normas compartidas ni recursos comunes, el poder no desaparece, se desplaza; y el cuidado recae de forma desigual.

En Sirat, la rave no es una utopía, sino una burbuja temporal. Existe mientras dura el movimiento, la música, el desplazamiento. Cuando el viaje se detiene, no hay nada que sostenga la vida. No hay reproducción social, no hay continuidad. La película muestra así que el problema no es solo político, sino temporal: la huida puede ser intensa, pero no puede durar permanentemente.

El mundo que no se puede ignorar

Uno de los elementos más importantes (y a veces menos subrayados) del film es cómo el conflicto internacional atraviesa y condiciona el viaje. Aunque los protagonistas intentan situarse al margen, la violencia del mundo no desaparece porque se la ignore. Las fronteras (incluida la omisión deliberada del Sáhara Occidental), los controles, la inestabilidad geopolítica y la amenaza permanente del conflicto actúan como recordatorio de que no existe un “afuera” neutral.

Este punto es clave para entender la crítica. La derecha libertaria imagina al individuo como una unidad soberana que puede aislarse del contexto político global. La película demuestra lo contrario: incluso quienes huyen del Estado están condicionados por decisiones que se toman muy lejos de ellos. El conflicto internacional no es un telón de fondo abstracto; es una fuerza que delimita movimientos, impone riesgos y define posibilidades. De la misma forma que ocurre en la película con la zona minada.

No solo es imposible escapar de la sociedad, también lo es escapar del mundo. La geopolítica, como el Estado, no desaparece porque se la rechace. La libertad individual no puede abstraerse de un orden global atravesado por desigualdades, violencia y relaciones de poder. La huida libertaria ignora esta dimensión, pero la película la devuelve con crudeza.

El tren: infraestructura, retorno y constatación

El final del tren condensa todas estas tesis sin pronunciarlas. No hay redención ni reconciliación ideológica. Hay una infraestructura pública que permite volver. El tren representa aquello que el la derecha libertaria desprecia pero necesita: inversión colectiva, orden previo, previsibilidad. No se vuelve al sistema por convicción, sino por necesidad.

Ese regreso no es un fracaso moral de los protagonistas, sino la constatación de un límite estructural: no existe una vida humana sostenible al margen de las redes de la sociedad, estatales y globales que la hacen posible. El tren no simboliza un Estado ideal, sino una realidad material ineludible.

La fuerza política de Sirat reside en su negativa a ofrecer consignas. No idealiza el Estado ni romantiza lo común, pero muestra el coste real de abandonarlos. Frente al relato libertario de la autosuficiencia, la película recuerda algo elemental: la libertad no es ausencia de dependencia, sino dependencia compartida y organizada.

En un tiempo en el que la derecha promete libertad sin red, Sirat muestra el vacío bajo los pies. La huida no es emancipadora porque ignora las condiciones materiales, sociales y geopolíticas que sostienen la vida. El conflicto internacional, la infraestructura y el retorno final funcionan como recordatorios incómodos: el mundo no se puede apagar. Y quien intenta vivir como si pudiera hacerlo, acaba alcanzado por aquello de lo que pretendía escapar.

Irán atraviesa uno de los momentos más críticos desde la instauración de la República Islámica. Lo que comenzó como una protesta contra el colapso económico se ha transformado, en apenas semanas, en un desafío político frontal al sistema, acompañado de una represión de una violencia que numerosos observadores consideran la más letal desde 2009 y, por su alcance simbólico y profundidad social, comparable incluso a los meses previos a 1979.

Desde finales de 2025, el país vive un ciclo de movilización nacional que ha desbordado los márgenes habituales de la protesta y ha situado al régimen ante un dilema clásico de los sistemas autoritarios en fase de agotamiento: ceder y admitir debilidad o reprimir y acelerar su propio desgaste. Hasta ahora, la respuesta ha sido inequívoca.

Un estallido económico que se transforma en crisis política

Como en otros episodios recientes de la historia iraní, el detonante inicial no fue ideológico, sino material. La inflación desbocada, la devaluación acelerada del rial, el encarecimiento de alimentos y energía y un desempleo juvenil estructuralmente alto actuaron como catalizadores de una frustración acumulada durante años. Las primeras protestas, a finales de diciembre de 2025, respondieron a ese patrón conocido: comerciantes, trabajadores urbanos y clases medias empobrecidas saliendo a la calle ante el deterioro abrupto de sus condiciones de vida.

Sin embargo, lo verdaderamente decisivo no fue el origen económico del estallido, sino la velocidad con la que las demandas mutaron. En cuestión de días, las consignas dejaron de apelar a salarios, precios o subsidios para dirigirse directamente al núcleo del poder: el líder supremo, la élite clerical y la continuidad misma de la República Islámica. La protesta dejó de formularse en términos de corrección del sistema para convertirse en una impugnación del sistema.

Este desplazamiento es clave para comprender la gravedad del momento. No se trata únicamente de que la crisis económica haya generado malestar social, sino de que el régimen ha dejado de ser percibido como garante mínimo de estabilidad material y horizonte vital. Cuando un sistema autoritario ya no ofrece prosperidad, seguridad ni expectativas de futuro, el contrato tácito que sostiene la obediencia comienza a resquebrajarse.

A ello se suma un factor especialmente inquietante para Teherán: la geografía de la protesta. Las movilizaciones no se concentran en barrios acomodados de la capital ni en enclaves tradicionalmente disidentes, sino que se han extendido a las 31 provincias del país. Ciudades grandes y medias, núcleos periféricos y regiones con perfiles sociales muy diversos participan de un ciclo de movilización que desborda los marcos habituales.

Este patrón desmonta la narrativa oficial que presenta las protestas como fenómenos marginales o inducidos desde el exterior. La persistencia de concentraciones, incluso tras jornadas de represión intensa, sugiere que el movimiento no depende de liderazgos visibles ni de una coordinación centralizada, sino de una dinámica social autosostenida, difícil de neutralizar por los mecanismos clásicos del control autoritario.

La descentralización, que dificulta la articulación política y la formulación de una alternativa organizada, también complica la represión total. No hay una cabeza que cortar ni una plaza simbólica cuyo control garantice la calma. El conflicto se dispersa, reaparece y se reconfigura, obligando al régimen a una respuesta permanente y costosa, tanto en términos de recursos como de legitimidad.

El recurso clásico: violencia y miedo

Ante este escenario, la respuesta del Estado ha seguido un guion conocido, aunque llevado a una intensidad excepcional. Organizaciones de derechos humanos y medios internacionales documentan el uso sistemático de munición real, redadas nocturnas, detenciones masivas y una represión que no distingue entre manifestantes activos, transeúntes ocasionales o personal sanitario. La violencia no aparece como un exceso puntual, sino como una estrategia deliberada de control.

Las cifras verificadas hablan de más de 500 muertos y más de 10.000 detenidos en apenas unas semanas. Los propios observadores insisten en que estos datos deben leerse como mínimos confirmados, no como balances definitivos. El apagón informativo impuesto por el régimen impide una contabilización exhaustiva y apunta a una realidad más grave: el número real de víctimas podría ser sensiblemente superior.

El mensaje del poder es inequívoco. El miedo vuelve a ocupar el centro de la arquitectura de control social, incluso a costa de un alto coste humano y de un descrédito internacional creciente. Esta elección revela una percepción clara dentro de la élite dirigente: el riesgo no es una protesta puntual ni un estallido aislado, sino una erosión estructural de la autoridad que solo puede contenerse mediante la coerción.

La represión física va acompañada de una estrategia menos visible, pero igualmente decisiva: el cierre casi total de Internet y de las comunicaciones móviles. No se trata únicamente de dificultar la coordinación entre manifestantes, sino de intervenir directamente en el terreno del relato y la visibilidad.

En ausencia de imágenes, vídeos o testimonios en tiempo real, el régimen gana margen para minimizar cifras, deslegitimar denuncias y sembrar dudas sobre la magnitud real de la violencia. Al mismo tiempo, esta opacidad favorece la circulación de datos no verificados y estimaciones extremas, lo que contribuye a un entorno de confusión informativa funcional a los intereses del poder.

Para medios y organizaciones de derechos humanos, el resultado es un terreno deliberadamente minado: cualquier cifra exige cautela metodológica, pero la falta de transparencia no puede interpretarse como ausencia de represión, sino como su ocultamiento sistemático. La censura no reduce la violencia; la hace menos visible.

De la protesta al cuestionamiento del régimen

El cambio más profundo no es cuantitativo, sino cualitativo. Las consignas actuales ya no distinguen entre reformistas y conservadores, ni reclaman ajustes dentro del marco institucional. Al contrario, expresan un rechazo global a la arquitectura política surgida tras 1979.

Esta ruptura simbólica explica por qué sectores del exilio intentan posicionarse como referentes alternativos. Sin embargo, su capacidad real de liderazgo interno es incierta. La protesta carece de una figura central y de un proyecto político articulado. Esa ausencia es, a la vez, una debilidad y una fortaleza: dificulta la negociación, pero también impide una cooptación rápida.

Lo que emerge es un sentimiento extendido de final de ciclo, más emocional que programático, más destructor de legitimidades que constructor de alternativas. Y eso plantea interrogantes inquietantes sobre el “día después”.

Estados Unidos, Israel y el delicado equilibrio internacional

La crisis interna se desarrolla en un contexto de tensión geopolítica elevada. El fracaso de las negociaciones nucleares, el coste interno de las aventuras regionales de Teherán y la presión constante de Estados Unidos e Israel configuran un escenario extremadamente volátil.

Washington observa las protestas con una ambigüedad calculada. Por un lado, denuncia la represión y endurece su discurso en derechos humanos; por otro, evita cualquier gesto que pueda ser utilizado por Teherán para reforzar la narrativa de la injerencia extranjera. La experiencia histórica demuestra que una presión externa mal calibrada tiende a cohesionar al ala más dura del régimen.

Israel, por su parte, sigue centrado en el programa nuclear iraní y en la contención regional de Teherán. Para el gobierno israelí, una Irán inestable es al mismo tiempo una oportunidad estratégica y un riesgo mayúsculo. Cualquier colapso desordenado podría desencadenar una escalada regional difícil de controlar.

Consciente de ello, Teherán juega una carta conocida: reprime hacia dentro mientras amenaza hacia fuera. Las advertencias de represalias militares frente a cualquier ataque externo buscan disuadir intervenciones y, al mismo tiempo, movilizar reflejos nacionalistas internos.

Escenarios posibles

A corto y medio plazo se perfilan tres escenarios principales:

1. Represión prolongada y cierre autoritario, con estabilidad aparente basada en el miedo y un alto coste humano.

2. Concesiones limitadas, centradas en lo económico, sin alterar el núcleo del poder, para intentar desactivar la movilización.

3. Crisis de régimen, menos probable a corto plazo, pero cada vez más imaginable si convergen fracturas internas, colapso económico y pérdida de control social.

Ninguno garantiza una salida ordenada ni rápida.

Lo que ocurre hoy en Irán no es solo una oleada de protestas, sino un síntoma avanzado de desgaste estructural. La economía ha actuado como detonante inmediato, pero la raíz de la crisis es política: una pérdida profunda de legitimidad del régimen, especialmente entre generaciones que no vivieron 1979 y para las que el relato fundacional de la República Islámica ha dejado de tener sentido.

La teoría comparada de las revoluciones suele señalar cinco condiciones recurrentes para que un sistema entre en fase de ruptura: una crisis fiscal y económica, élites divididas, una oposición social diversa, un relato de resistencia capaz de articular el descontento y un entorno internacional que no cierre filas con el poder establecido. Irán cumple hoy casi todas ellas. La economía está exhausta, el malestar atraviesa clases y territorios, la obediencia ya no se da por descontada y el discurso del régimen ha perdido capacidad movilizadora incluso entre sectores tradicionalmente leales.

La represión puede ganar tiempo, pero no reconstruye confianza. Cada muerte, cada apagón informativo y cada detención arbitraria refuerzan la percepción de que el sistema ya no gobierna por un consenso mínimo, sino por fuerza bruta. Ese desplazamiento (de la autoridad a la coerción) es siempre una señal de debilidad, no de fortaleza.

Irán no está necesariamente al borde de una revolución inmediata. Pero sí parece haber cruzado un umbral peligroso: el momento en que gobernar se convierte en resistir, y resistir, en un proceso de desgaste continuo sin horizonte claro. A partir de ese punto, la pregunta deja de ser si el sistema cambiará, y pasa a ser cuándo y a qué coste.

Durante décadas, Groenlandia fue percibida como un territorio remoto, cubierto de hielo, con escasa población y relevancia limitada al ámbito científico. Hoy, sin embargo, esta isla de 2,16 millones de kilómetros cuadrados (la mayor del mundo) se ha convertido en uno de los espacios más codiciados del planeta. El motivo no es solo su tamaño, ni siquiera su ubicación, sino el cruce de tres dinámicas que definen nuestro tiempo: el deshielo climático, la competencia entre grandes potencias y la carrera por los recursos estratégicos.

En este contexto se inscribe la renovada presión de Estados Unidos sobre Groenlandia desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Las amenazas explícitas, las alusiones a una posible compra y la retórica de coerción no son excentricidades aisladas, sino la expresión más descarnada de un cambio de era: el Ártico ha dejado de ser periferia para convertirse en epicentro geopolítico.

Una geografía que condiciona el poder

Groenlandia se sitúa en un punto crítico entre América del Norte y Europa. Su posición le permite dominar el GIUK Gap (Groenlandia–Islandia–Reino Unido), un corredor marítimo esencial para el tránsito de submarinos rusos desde el Ártico hacia el Atlántico Norte. Este estrecho ha sido históricamente un chokepoint clave para la OTAN y vuelve a cobrar centralidad en un contexto de rearme y tensión estratégica.

A esta dimensión clásica se suma un factor nuevo: el deshielo acelerado del Ártico. El retroceso de la capa de hielo (que aún cubre entre el 75 y el 80% del territorio, con espesores de hasta tres kilómetros) está abriendo rutas marítimas antes impracticables. El llamado Paso del Noroeste permite reducir hasta en un 40% los trayectos entre Asia y Europa, alterando profundamente el comercio global y el equilibrio de poder marítimo.

Groenlandia es, además, una gigantesca reserva climática. Su hielo contiene alrededor del 7% del agua dulce del planeta. Si se derritiera por completo, el nivel del mar subiría unos siete metros, una cifra que convierte a la isla en un termómetro del cambio climático y en una amenaza sistémica para las zonas costeras del mundo.

Read more