Lo que Washington escribió sobre Ceuta tres meses antes de la avalancha

No fue un desbordamiento. Fue una frontera que alguien dejó de vigilar, con un párrafo del Congreso estadounidense esperando desde abril a que las imágenes lo justificaran

A finales de abril, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes publicó un texto sobre gasto en seguridad nacional que contiene una frase sin precedentes en la historia institucional norteamericana: las ciudades «administradas por España» de Ceuta y Melilla están localizadas en territorio marroquí y siguen siendo objeto de la reivindicación de Rabat. El documento no se limita a constatarlo. Respalda los esfuerzos del secretario de Estado, Marco Rubio, por promover un acercamiento diplomático entre Madrid y Rabat sobre el futuro estatus de ambas ciudades. Su autor es Mario Díaz-Balart, vicepresidente del comité, presidente del subcomité que financia la diplomacia estadounidense y uno de los aliados personales más próximos a Rubio en el Congreso.

No es vinculante. Los informes de asignaciones no legislan: orientan. Marcan al Departamento de Estado qué es prioridad y qué es discutible. Lo que ese párrafo declaró discutible fue la soberanía española sobre dos ciudades de la Unión Europea.

Lo que pasó el jueves

El 30 de julio, decenas de miles de personas entraron en Ceuta. Las autoridades españolas han llegado a hablar de cuarenta y nueve mil en veinticuatro horas; algunos recuentos elevan la cifra a sesenta mil en dos días. La ciudad tiene ochenta y tres mil habitantes. El número de ahogados no ha dejado de crecer desde el jueves y varía según las fuentes entre las dos y las tres decenas largas. El Gobierno desplegó el Ejército, reforzó la Guardia Civil y pactó con Rabat el retorno de los que habían cruzado.

Hay una explicación inmediata, porque es la que manejan Interior y las propias autoridades ceutíes: a principios de julio el Tribunal Supremo confirmó que la ley de extranjería no ampara el rechazo en frontera de quienes son interceptados en el mar, y las redes de tráfico han instrumentalizado esa sentencia. Es verosímil y explica el cuándo. No explica el resto.

Los datos del semestre desmienten la tesis del efecto llamada generalizado. Entre enero y junio de 2026 las llegadas irregulares al conjunto de España cayeron de 17.990 a 12.138 respecto al año anterior. Solo en Ceuta subieron: de 978 a 2.582 entradas por tierra, un 164% más. La presión migratoria descendía en toda España menos justo en el punto donde Marruecos controla el grifo.

Sobre todo está el hecho que ninguna sentencia española puede explicar. Cientos de jóvenes saltaron unas vallas de protección que en ese momento no estaban custodiadas, mientras las fuerzas auxiliares marroquíes encargadas de la seguridad en tierra se retiraban a su paso. Una sentencia del Supremo puede mover a las mafias. No mueve a la gendarmería de un país vecino.

Ocurrió, además, el día en que Mohamed VI celebraba veintisiete años en el trono. Mientras miles de personas se lanzaban al agua en Castillejos, el rey presidía una ceremonia oficial en M'diq, a veinte kilómetros del punto exacto por donde se abrió la frontera.

Washington, en la misma jornada

Mientras se sucedían las entradas por el espigón del Tarajal, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, atribuía la crisis a las políticas «globalistas de extrema izquierda» del Gobierno español y advertía de que España y quienes mantengan esa «filosofía destructiva» deberían rectificar de inmediato «o se arriesgan a su propia desaparición».

Conviene detenerse. Washington no reprochó a un aliado de la OTAN una mala gestión fronteriza: le anunció su desaparición. Lo hizo sobre un contencioso previo perfectamente documentado. El 3 de marzo, después de que Moncloa vetara el uso de las bases de Rota y Morón para la ofensiva contra Irán y se negara a elevar el gasto militar al 5% del PIB, Donald Trump anunció que cortaría todo el comercio con España, a la que calificó de aliado terrible. La migración es el instrumento. Disciplinar a un socio díscolo es el objetivo.

Rabat lo entiende perfectamente. Su apuesta declarada es que el reconocimiento estadounidense de la marroquinidad del Sáhara acabe extendiéndose a Ceuta y Melilla. Para eso necesita una cosa: la prueba visual de que España no puede administrar esos territorios. El 30 de julio se la fabricó.

Europa cobra la factura

La respuesta europea fue inmediata y llegó del lado equivocado. Giorgia Meloni fue la primera en proponer la suspensión del espacio Schengen para España, vinculando la avalancha a la regularización de medio millón de personas aprobada por el Gobierno español. Las ministras finlandesas de Interior y Finanzas, Mari Rantanen y Riikka Purra, secundaron la propuesta: «España ha fracasado completamente en proteger la frontera exterior». La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, pidió estudiar todas las opciones, incluida la suspensión. Suecia exigió reforzar la frontera. Francia endureció los controles en los pasos de Gipuzkoa y Navarra. Ursula von der Leyen calificó las imágenes de «inaceptables», reclamó devoluciones rápidas —pese a la sentencia del Supremo que las limita— y activó a dos comisarios para gestionar la crisis, puenteando a Moncloa.

Nadie mencionó una agresión contra un Estado miembro. Aquí está el detalle que desnuda la operación. La frontera de Ceuta no es una frontera Schengen ordinaria: España se adhirió al espacio común con un régimen específico para las dos ciudades autónomas, mantiene controles de identidad en cada conexión marítima y aérea con la Península y ejerce, de hecho, como doble filtro de contención para el resto de la Unión. Nada de lo ocurrido el jueves en el Tarajal traslada automáticamente a una sola persona a Milán o a Helsinki. Media Europa amenazó con expulsar a España de un espacio de libre circulación invocando precisamente la frontera sometida al control más estricto de todo el sistema. La prueba de que el marco estaba fabricado antes que el hecho y solo esperaba imágenes que lo justificaran.

El frente interior

Dentro, el reparto de papeles fue igual de revelador. Alberto Núñez Feijóo exigió al Gobierno defender la integridad territorial y habló de crisis de soberanía. Su portavoz, Miguel Tellado, atribuyó la avalancha a la regularización extraordinaria de migrantes. Son dos marcos incompatibles emitidos con horas de diferencia: si hay agresión de un Estado, la regularización es irrelevante; si es efecto llamada, no hay agresión. Santiago Abascal habló de invasión. Carles Puigdemont, de incompetencia y de crisis del acuerdo Schengen. Ninguno nombró a Marruecos.

Eso es más grave que cualquier exceso retórico. La oposición española adoptó íntegro el marco del agresor —España como Estado incapaz de controlar su frontera— sin citarlo una sola vez. Lo hizo mientras sus socios ideológicos en Washington firmaban por escrito que esas dos ciudades están en Marruecos.

Conviene añadir, para no incurrir en el mismo vicio, que tampoco el Gobierno ha nombrado a Marruecos. Moncloa asumió la tesis de las mafias, coordinó las devoluciones con Rabat y evitó cualquier reproche público. Es una decisión defendible —la contención de la frontera sur depende de esa cooperación— y tiene un coste evidente: si nadie en el sistema político español nombra al actor que retiró a sus gendarmes, la versión que se impone en Europa es la del Estado incapaz.

Queda una hipótesis que conviene manejar con cuidado: el viaje de Pedro Sánchez a Argel el 20 de julio, con el que ambos gobiernos dieron por cerrada la crisis abierta en 2022. Es plausible que Rabat leyera el deshielo argelino como un coste que debía facturar. Plausible no es demostrado, y no hay documento que lo sostenga.

La lección

Desestabilizar un país europeo no requiere un ejército. Requiere un vecino con capacidad de abrir un grifo, una potencia amiga con incentivos para redefinir tu mapa, unos socios comunitarios con rédito electoral en no defenderte y una oposición que prefiera el desgaste del Gobierno a la defensa del Estado.

Lo verdaderamente inquietante es que ninguno de esos actores necesita coordinarse con los demás. Basta con que cada uno persiga su interés inmediato para que el resultado agregado sea exactamente el que buscaba quien abrió la frontera. Eso es lo que ocurrió en Ceuta entre el jueves y el viernes. El párrafo que lo autorizaba llevaba tres meses publicado.