Qué está pasando realmente en Irán
El país ante su crisis más profunda en décadas: economía, represión y el desgaste del régimen
Irán atraviesa uno de los momentos más críticos desde la instauración de la República Islámica. Lo que comenzó como una protesta contra el colapso económico se ha transformado, en apenas semanas, en un desafío político frontal al sistema, acompañado de una represión de una violencia que numerosos observadores consideran la más letal desde 2009 y, por su alcance simbólico y profundidad social, comparable incluso a los meses previos a 1979.
Desde finales de 2025, el país vive un ciclo de movilización nacional que ha desbordado los márgenes habituales de la protesta y ha situado al régimen ante un dilema clásico de los sistemas autoritarios en fase de agotamiento: ceder y admitir debilidad o reprimir y acelerar su propio desgaste. Hasta ahora, la respuesta ha sido inequívoca.
Un estallido económico que se transforma en crisis política
Como en otros episodios recientes de la historia iraní, el detonante inicial no fue ideológico, sino material. La inflación desbocada, la devaluación acelerada del rial, el encarecimiento de alimentos y energía y un desempleo juvenil estructuralmente alto actuaron como catalizadores de una frustración acumulada durante años. Las primeras protestas, a finales de diciembre de 2025, respondieron a ese patrón conocido: comerciantes, trabajadores urbanos y clases medias empobrecidas saliendo a la calle ante el deterioro abrupto de sus condiciones de vida.
Sin embargo, lo verdaderamente decisivo no fue el origen económico del estallido, sino la velocidad con la que las demandas mutaron. En cuestión de días, las consignas dejaron de apelar a salarios, precios o subsidios para dirigirse directamente al núcleo del poder: el líder supremo, la élite clerical y la continuidad misma de la República Islámica. La protesta dejó de formularse en términos de corrección del sistema para convertirse en una impugnación del sistema.
Este desplazamiento es clave para comprender la gravedad del momento. No se trata únicamente de que la crisis económica haya generado malestar social, sino de que el régimen ha dejado de ser percibido como garante mínimo de estabilidad material y horizonte vital. Cuando un sistema autoritario ya no ofrece prosperidad, seguridad ni expectativas de futuro, el contrato tácito que sostiene la obediencia comienza a resquebrajarse.
A ello se suma un factor especialmente inquietante para Teherán: la geografía de la protesta. Las movilizaciones no se concentran en barrios acomodados de la capital ni en enclaves tradicionalmente disidentes, sino que se han extendido a las 31 provincias del país. Ciudades grandes y medias, núcleos periféricos y regiones con perfiles sociales muy diversos participan de un ciclo de movilización que desborda los marcos habituales.
Este patrón desmonta la narrativa oficial que presenta las protestas como fenómenos marginales o inducidos desde el exterior. La persistencia de concentraciones, incluso tras jornadas de represión intensa, sugiere que el movimiento no depende de liderazgos visibles ni de una coordinación centralizada, sino de una dinámica social autosostenida, difícil de neutralizar por los mecanismos clásicos del control autoritario.
La descentralización, que dificulta la articulación política y la formulación de una alternativa organizada, también complica la represión total. No hay una cabeza que cortar ni una plaza simbólica cuyo control garantice la calma. El conflicto se dispersa, reaparece y se reconfigura, obligando al régimen a una respuesta permanente y costosa, tanto en términos de recursos como de legitimidad.
El recurso clásico: violencia y miedo
Ante este escenario, la respuesta del Estado ha seguido un guion conocido, aunque llevado a una intensidad excepcional. Organizaciones de derechos humanos y medios internacionales documentan el uso sistemático de munición real, redadas nocturnas, detenciones masivas y una represión que no distingue entre manifestantes activos, transeúntes ocasionales o personal sanitario. La violencia no aparece como un exceso puntual, sino como una estrategia deliberada de control.
Las cifras verificadas hablan de más de 500 muertos y más de 10.000 detenidos en apenas unas semanas. Los propios observadores insisten en que estos datos deben leerse como mínimos confirmados, no como balances definitivos. El apagón informativo impuesto por el régimen impide una contabilización exhaustiva y apunta a una realidad más grave: el número real de víctimas podría ser sensiblemente superior.
El mensaje del poder es inequívoco. El miedo vuelve a ocupar el centro de la arquitectura de control social, incluso a costa de un alto coste humano y de un descrédito internacional creciente. Esta elección revela una percepción clara dentro de la élite dirigente: el riesgo no es una protesta puntual ni un estallido aislado, sino una erosión estructural de la autoridad que solo puede contenerse mediante la coerción.
La represión física va acompañada de una estrategia menos visible, pero igualmente decisiva: el cierre casi total de Internet y de las comunicaciones móviles. No se trata únicamente de dificultar la coordinación entre manifestantes, sino de intervenir directamente en el terreno del relato y la visibilidad.
En ausencia de imágenes, vídeos o testimonios en tiempo real, el régimen gana margen para minimizar cifras, deslegitimar denuncias y sembrar dudas sobre la magnitud real de la violencia. Al mismo tiempo, esta opacidad favorece la circulación de datos no verificados y estimaciones extremas, lo que contribuye a un entorno de confusión informativa funcional a los intereses del poder.
Para medios y organizaciones de derechos humanos, el resultado es un terreno deliberadamente minado: cualquier cifra exige cautela metodológica, pero la falta de transparencia no puede interpretarse como ausencia de represión, sino como su ocultamiento sistemático. La censura no reduce la violencia; la hace menos visible.
De la protesta al cuestionamiento del régimen
El cambio más profundo no es cuantitativo, sino cualitativo. Las consignas actuales ya no distinguen entre reformistas y conservadores, ni reclaman ajustes dentro del marco institucional. Al contrario, expresan un rechazo global a la arquitectura política surgida tras 1979.
Esta ruptura simbólica explica por qué sectores del exilio intentan posicionarse como referentes alternativos. Sin embargo, su capacidad real de liderazgo interno es incierta. La protesta carece de una figura central y de un proyecto político articulado. Esa ausencia es, a la vez, una debilidad y una fortaleza: dificulta la negociación, pero también impide una cooptación rápida.
Lo que emerge es un sentimiento extendido de final de ciclo, más emocional que programático, más destructor de legitimidades que constructor de alternativas. Y eso plantea interrogantes inquietantes sobre el “día después”.
Estados Unidos, Israel y el delicado equilibrio internacional
La crisis interna se desarrolla en un contexto de tensión geopolítica elevada. El fracaso de las negociaciones nucleares, el coste interno de las aventuras regionales de Teherán y la presión constante de Estados Unidos e Israel configuran un escenario extremadamente volátil.
Washington observa las protestas con una ambigüedad calculada. Por un lado, denuncia la represión y endurece su discurso en derechos humanos; por otro, evita cualquier gesto que pueda ser utilizado por Teherán para reforzar la narrativa de la injerencia extranjera. La experiencia histórica demuestra que una presión externa mal calibrada tiende a cohesionar al ala más dura del régimen.
Israel, por su parte, sigue centrado en el programa nuclear iraní y en la contención regional de Teherán. Para el gobierno israelí, una Irán inestable es al mismo tiempo una oportunidad estratégica y un riesgo mayúsculo. Cualquier colapso desordenado podría desencadenar una escalada regional difícil de controlar.
Consciente de ello, Teherán juega una carta conocida: reprime hacia dentro mientras amenaza hacia fuera. Las advertencias de represalias militares frente a cualquier ataque externo buscan disuadir intervenciones y, al mismo tiempo, movilizar reflejos nacionalistas internos.
Escenarios posibles
A corto y medio plazo se perfilan tres escenarios principales:
Represión prolongada y cierre autoritario, con estabilidad aparente basada en el miedo y un alto coste humano.
Concesiones limitadas, centradas en lo económico, sin alterar el núcleo del poder, para intentar desactivar la movilización.
Crisis de régimen, menos probable a corto plazo, pero cada vez más imaginable si convergen fracturas internas, colapso económico y pérdida de control social.
Ninguno garantiza una salida ordenada ni rápida.
Lo que ocurre hoy en Irán no es solo una oleada de protestas, sino un síntoma avanzado de desgaste estructural. La economía ha actuado como detonante inmediato, pero la raíz de la crisis es política: una pérdida profunda de legitimidad del régimen, especialmente entre generaciones que no vivieron 1979 y para las que el relato fundacional de la República Islámica ha dejado de tener sentido.
La teoría comparada de las revoluciones suele señalar cinco condiciones recurrentes para que un sistema entre en fase de ruptura: una crisis fiscal y económica, élites divididas, una oposición social diversa, un relato de resistencia capaz de articular el descontento y un entorno internacional que no cierre filas con el poder establecido. Irán cumple hoy casi todas ellas. La economía está exhausta, el malestar atraviesa clases y territorios, la obediencia ya no se da por descontada y el discurso del régimen ha perdido capacidad movilizadora incluso entre sectores tradicionalmente leales.
La represión puede ganar tiempo, pero no reconstruye confianza. Cada muerte, cada apagón informativo y cada detención arbitraria refuerzan la percepción de que el sistema ya no gobierna por un consenso mínimo, sino por fuerza bruta. Ese desplazamiento (de la autoridad a la coerción) es siempre una señal de debilidad, no de fortaleza.
Irán no está necesariamente al borde de una revolución inmediata. Pero sí parece haber cruzado un umbral peligroso: el momento en que gobernar se convierte en resistir, y resistir, en un proceso de desgaste continuo sin horizonte claro. A partir de ese punto, la pregunta deja de ser si el sistema cambiará, y pasa a ser cuándo y a qué coste.




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