Tangentópolis versión castiza: La corrupción sistémica bajo los gobiernos de M. Rajoy

Cómo se construyó, protegió y silenció un sistema de corrupción institucional desde el corazón del Estado

En 1992, la operación judicial Mani Pulite (Manos Limpias) sacudió los cimientos de la República Italiana. Decenas de partidos políticos, cientos de empresarios, alcaldes, gobernadores y parlamentarios cayeron arrastrados por una red de sobornos institucionalizada conocida como Tangentópolis: la “ciudad del soborno”. Aquella explosión de podredumbre reveló una verdad incómoda: la corrupción no era un accidente, sino el combustible del sistema. Y sentó las bases sobre las que el populismo de Silvio Berlusconi alcanzaría el poder en 1994.

España, durante años, ha vivido bajo la ilusión de que los escándalos de corrupción eran episodios aislados, atribuibles a “manzanas podridas”. Sin embargo, lo ocurrido durante los gobiernos de Mariano Rajoy (2011–2018) muestra un patrón similar al modelo italiano: un ecosistema político, económico y de poder capaz de utilizar el Estado no solo para enriquecerse, sino para protegerse, vigilarse y blindarse del escrutinio público. Un verdadero aparato de poder organizado para intereses propios y beneficiar del erario público.

A partir de los casos Gürtel y Kitchen, así como el estallido reciente del caso Montoro, cabe preguntarse: ¿estamos ante un Tangentópolis a la española? ¿Cuáles fueron los mecanismos, los nombres, las estrategias, las instituciones y las consecuencias de ese entramado cuyos procesos judiciales todavía no han culminado en 2025?

Durante años, los casos de corrupción se presentaron como una colección de tramas paralelas: Gürtel, la caja B, los sobresueldos, Kitchen, el espionaje a la oposición y los audios de Villarejo, las filtraciones policiales, los ataques a Podemos y al independentismo, y ahora el despacho de Montoro, capaz de modificar leyes a cambio de pasar por caja. El mapa empieza a completarse. Y lo que aparece es una estrategia sistémica, deliberada, diseñada desde el corazón del Estado para operar.

Una red, cuatro columnas

Para entender lo que ocurrió bajo los gobiernos de Rajoy no basta con enumerar casos. Es necesario comprender el sistema que permitió que coexistieran, se retroalimentaran y se protegieran entre sí. Esa estructura puede descomponerse en cinco grandes columnas interdependientes:

1. Los nombres

Los nombres no son simples protagonistas: son operadores de una arquitectura de poder. No se trata de individuos que actuaban por libre, sino de cargos públicos que conocían, compartían y ejecutaban una lógica común: blindar al partido a toda costa. Desde Rajoy, cuya firma aparece en los papeles de Luis Bárcenas, hasta los ejecutores en la sombra como Francisco Martínez o José Manuel Villarejo, todos formaban parte de una cadena de mando informal y paralela.

Bárcenas documentó pagos sistemáticos a altos cargos como Javier Arenas, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Federico Trillo, M. Rajoy, María Dolores de Cospedal y otros, bajo una contabilidad paralela conocida como la “caja B”. Cospedal, además, aparece en grabaciones con el comisario Villarejo planificando estrategias de encubrimiento junto a su esposo, Ignacio López del Hierro. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, fue el autor intelectual del operativo Kitchen, destinado a espiar a Bárcenas y neutralizar posibles daños al partido. Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, ejecutó el operativo y conservó mensajes que implican directamente al ministro.

Y ahora se sabe que Cristóbal Montoro, desde el Ministerio de Hacienda, impulsó reformas fiscales que habrían sido diseñadas en su propio despacho privado —el bufete Equipo Económico— para favorecer a grandes empresas del sector energético. Estas normas, con efectos retroactivos y beneficios fiscales concretos, fueron aprobadas mientras el despacho mantenía una relación económica con las compañías afectadas. Según la investigación judicial en curso, Montoro habría recibido pagos encubiertos bajo la apariencia de asesorías, en una operación que mezcla conflicto de intereses, tráfico de influencias y posible cohecho.

2. Los métodos

Lo más grave no es solo que hubiera corrupción, sino que se profesionalizó su ocultamiento. Los métodos utilizados fueron múltiples: desde el pago sistemático de sobresueldos no declarados (caja B) hasta la creación de reformas fiscales hechas a medida; desde el espionaje ilegal a rivales y antiguos aliados (Kitchen) hasta la manipulación mediática a través de filtraciones y montajes policiales. Estos métodos eran tácticas permanentes de un partido en el poder que entendía la legalidad como un obstáculo que había que sortear.

La Operación Kitchen empleó fondos reservados para reclutar al chófer de la familia Bárcenas, con el fin de sustraer documentos que comprometieran al partido. La caja B del PP distribuyó durante años sobresueldos en efectivo a dirigentes del partido, algunos de ellos aún en activo. Los medios de comunicación afines, como La Razón o ciertos portales digitales, publicaban informes policiales filtrados sin valor probatorio para dañar a adversarios políticos, especialmente a Podemos. El Ministerio de Hacienda impulsó reformas fiscales que permitieron a grupos energéticos acogerse a deducciones extraordinarias, tras la supuesta mediación del bufete de Montoro. La instrumentalización de los fondos reservados fue tal que se calcula que más de tres millones de euros fueron empleados en operaciones ilegales no declaradas.

3. Los enemigos

El aparato también funcionó como una máquina de guerra. No solo se defendía de la justicia, sino que atacaba. El objetivo era desactivar a cualquier amenaza política, mediática o institucional: Podemos, los independentistas catalanes, Pedro Sánchez, fiscales díscolos o periodistas incómodos. Se usó la policía para fabricar escándalos, el Ministerio del Interior para espiar, y los medios afines para intoxicar. El adversario no era simplemente el contrario político: era tratado como un enemigo a destruir.

Podemos fue el blanco más sistemático: informes falsos, espionaje, filtraciones orquestadas para desacreditar su financiación internacional. Líderes independentistas fueron espiados sin orden judicial y objeto de campañas de desprestigio en medios de la derecha. Sánchez, entonces en la oposición, aparece citado en las agendas de Villarejo como “objetivo a neutralizar”, y algunos informes policiales filtrados durante las primarias del PSOE buscaban minar su liderazgo.

4. Las consecuencias

La corrupción fue estructural. No se limitó a un enriquecimiento ilícito, sino que debilitó pilares esenciales de la democracia: la independencia judicial, la libertad de prensa, la transparencia institucional y la confianza ciudadana. Rajoy fue derribado por una moción de censura, pero el sistema que lo sostuvo sigue con cuentas pendientes con la justicia.

El juicio por Kitchen ya tiene fecha: mayo y junio de 2026. Los acusados principales serán Fernández Díaz, Martínez y varios altos mandos policiales. Rajoy, Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría figurarán como testigos. Montoro ha sido imputado este mismo mes de julio por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la Hacienda Pública. El juzgado estima que recibió pagos superiores a 780.000 euros de empresas del sector energético mientras su despacho redactaba normativas fiscales.

Epílogo

Rajoy se fue. El PP sigue. Y España aún no ha mirado del todo a los ojos a su Tangentópolis. El problema no fue solo la corrupción, sino su institucionalización. Un sistema que se protegía desde dentro, que utilizaba los resortes del Estado no para servir al interés público, sino para blindarse, enriquecerse y eliminar la disidencia. No se trató de errores. Se trató de una forma de gobernar.