Perú, 36 candidatos y el voto que no alcanza para gobernar
Tres semanas para las urnas. Ningún candidato supera el 12%. Y el sistema ya demostró que ganar la elección es solo el primer paso hacia la caída
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Hace poco más de un mes escribí sobre Perú como el país donde gobernar es caer. Entonces acababa de asumir José María Balcázar, abogado de 83 años de Perú Libre, el enésimo presidente en una década —desde 2016—, el Congreso ha cesado a cuatro mandatarios, dos renunciaron antes de serlo y apenas uno completó su mandato interino. La tesis era que el problema de Perú no son los presidentes. Es la Presidencia. Treinta y cinco días después, esa tesis se ha confirmado con puntualidad.
Balcázar cambió de primer ministro a las tres semanas, reconfiguró el gabinete a un mes de las elecciones, impulsó una norma que eliminó los concursos públicos para plazas universitarias —beneficiando directamente a su hijo— y asumió entre acusaciones por declaraciones a favor del matrimonio infantil. Todo mientras 27 millones de peruanos se preparan para votar el 12 de abril. La pregunta que nadie formula con suficiente claridad no es por quién votarán. Es si lo que elijan servirá de algo.
La papeleta imposible
Treinta y seis candidatos presidenciales, la cifra más alta de la historia electoral del país. Con 43 organizaciones habilitadas y una barrera de inscripción equivalente al 0,1% del padrón, la atomización era previsible. Lo que sorprende es que, a menos de tres semanas del voto, nadie haya despegado. Las encuestas más recientes de marzo muestran a Rafael López Aliaga, empresario y ex alcalde de Lima, y Keiko Fujimori prácticamente empatados en torno al 10-11%, con ambos en caída mientras Alfonso López-Chau y Wolfgang Grozo crecen desde posiciones residuales. Más de un tercio del electorado declara que votará en blanco, nulo o “ninguno”, o que no sabe decidirse. El bloque mayoritario del Perú no es la derecha ni la izquierda. Es el rechazo.
Fujimori, en su cuarta candidatura, arrastra un antivoto del 54%. López Aliaga carga con las limitaciones de una gestión municipal con más ruido que resultados. Los intervalos de confianza muestran que no existen diferencias estadísticamente significativas entre varios candidatos de tercer nivel. Cualquiera podría colarse en la segunda vuelta. El problema es que gobernar, en Perú, no depende de ganar.
El debate que no fue
Esta semana arrancó el ciclo de debates presidenciales del Jurado Nacional de Elecciones: 36 candidatos, tres jornadas, turnos de minutos. El resultado es un desfile de eslóganes donde la corrupción y la inseguridad —que cuestan al país más de 43.800 millones de soles anuales, alrededor del 4,1% del PIB— reciben como respuesta “mano de hierro” o “mano solidaria”. Nadie nombra el problema de fondo: que no hay 36 proyectos de país en esa papeleta. Hay 36 vehículos de acceso al poder. Estructuras sin cuadros, sin programa, sin vida más allá del ciclo electoral.
El Congreso bicameral: la reforma que puede agravar lo que quería solucionar
Estas elecciones inauguran el retorno a la bicameralidad: 60 senadores y 130 diputados. Sobre el papel, un contrapeso institucional. En la práctica, con este nivel de fragmentación, puede producir exactamente lo contrario. El presidente electo tendrá que negociar con dos hemiciclos compuestos por grupos volátiles, sin disciplina de partido y con incentivos para el bloqueo. El antecedente es elocuente: Kuczynski llegó al poder con apenas 18 congresistas frente a los 73 escaños de Fuerza Popular, lo que permitió bloqueos constantes y procesos de vacancia que terminaron con su renuncia. Ahora hay dos cámaras para repetirlo.
Lo que el crimen le hace a la democracia
La inseguridad es el problema que los peruanos llevan al cuarto oscuro. En 2025 se registraron más de 27.000 denuncias por extorsión proyectadas al cierre del año —una cada 19 minutos—, cuando en 2018 apenas se contabilizaban 3.225. El fenómeno, antes concentrado en La Libertad, se ha extendido a 19 regiones. El 32% de los peruanos ha visto cerrar algún negocio a causa de la delincuencia.
Pero el dato que entra de lleno en el terreno de la calidad democrática es otro: el 78% considera probable que el dinero del crimen organizado incida en los resultados electorales. Según la Fiscalía de la Nación, más de 226 autoridades electas en las últimas elecciones subnacionales están siendo investigadas por vínculos con organizaciones criminales. Solo el 11% de los ciudadanos cree que el próximo gobierno logrará mejorar la seguridad; el 46% teme que la situación empeore. La inseguridad en Perú no es un fallo policial. Es un síntoma de un Estado que no llega, de una economía informal mayoritaria y de un territorio donde el control estatal es, en muchas zonas, una ficción.
La paradoja que no se rompe
Perú mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos —banco central independiente, reservas de cobre y oro, inflación controlada— mientras su democracia se desmorona. Pero la resiliencia económica tiene límites: el Banco Central de Reserva advierte que la delincuencia desincentiva la inversión con un coste que puede alcanzar el 2,2% del PIB, y la inversión privada comienza a resentirse. Más del 60% de los peruanos acudirá a las urnas con escepticismo o rechazo. Una democracia puede funcionar con ciudadanos enfadados. Difícilmente funciona con ciudadanos que ya no creen en ella.
En perspectiva comparada
El caso peruano no es una excepción latinoamericana: es la versión más extrema de un fenómeno que recorre toda la región. En España conocemos la fragmentación parlamentaria post-2015, pero el sistema ha mantenido —con dificultad— la capacidad de formar gobiernos. En Italia, la rotación de primeros ministros fue estructural durante décadas, pero los partidos conservaban cierta solidez institucional. En Perú, ambos problemas se dan a la vez y sin red de seguridad. Cuatro tendencias predominan en América Latina en 2026: voto de castigo al oficialismo, pérdida del centro, el “factor Trump” y la inseguridad como eje de campaña. Perú condensa las cuatro en un solo proceso electoral.
Lo que viene después del 12 de abril
Quien gane —probablemente en segunda vuelta en junio— llegará a Palacio con una legitimidad frágil, un Congreso bicameral hostil y una ciudadanía que ha visto caer a varios presidentes en una década sin que nada cambie. Sin reformas estructurales, el riesgo de inestabilidad persistirá.
Perú vota en tres semanas con una papeleta que necesita ser doblada varias veces para caber en la urna. El 12 de abril no se decide quién gobernará Perú. Se decide quién será el próximo en intentarlo. Las elecciones son condición necesaria de la democracia, nunca condición suficiente. Sin partidos que articulen, sin instituciones que contengan, el voto es un gesto que se repite sin transformar nada. Y los que pagan ese precio son los millones de peruanos que siguen esperando una democracia que los proteja. Ese Perú no aparece en la papeleta del 12 de abril. Pero es el único que importa.